La Habana, mayo (SEMlac). Leydis Díaz Morejón se levanta cada día a trabajar la tierra. Ingeniera agrónoma de 55 años, lleva cuatro al frente de la finca “Los Encinos”, con casi 28 hectáreas en usufructo y un objetivo claro: que cada una de las 15 mujeres que trabajan con ella tengan un sostén económico.
Jubiladas, amas de casa y jóvenes conforman ese colectivo que siembra, recolecta, selecciona semillas, produce tabaco, cultiva plantas medicinales y flores y atiende un kiosco comunitario. “Las mujeres de mi finca lo único que no hacen es enyuntar los bueyes”, dice con orgullo la productora.
Con sus propias manos construyeron máquinas artesanales para procesar pulpa de frutas, producen semillas certificadas, abastecen escuelas y comedores cercanos y entregan alimentos mensuales a 82 personas enfermas de su comunidad. Todo eso, subraya, “sin haber tenido ayuda técnica”.
Pero ahora su finca, a 150 kilómetros de la capital, en Consolación del Sur, provincia Pinar del Río, tropieza con una barrera que escapa a la voluntad de cualquier productora. La crisis energética que atraviesa Cuba, con apagones prolongados en todo el país, impide mantener un sistema de riego estable. Sin electricidad para bombear agua, la cosecha depende de la lluvia.
Su historia es la de muchas mujeres rurales cubanas capaces, pero frecuentemente invisibilizadas y marcadas por desigualdades históricas vinculadas al género, la discapacidad, la distribución de la carga doméstica y de cuidados y la limitada participación en la toma de decisiones.
Esta agricultora fue una de las voces que se escucharon el 14 de mayo en el panel “Inclusión económica de mujeres, mujeres con discapacidad y juventudes rurales desde lo local. Experiencias y oportunidades”, realizado en La Habana como parte del lanzamiento del proyecto “Sembrando Inclusión: sistemas alimentarios comunitarios y resilientes”.
La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea y con una duración de casi tres años, es ejecutada por la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), el Centro Félix Varela, la Asociación Hermanos Saíz y la ONG Humanity & Inclusion (HI).
El proyecto se propone apoyar a mujeres, mujeres con discapacidad y jóvenes en la agricultura de dos municipios de la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de la nación caribeña.
Sembrar inclusión: una apuesta concreta
Para Alina Beltrán, presidenta de la ACTAF, el desafío mayor del proyecto es lograr articular actores muy diversos —asociaciones agrícolas, organizaciones de personas con discapacidad, juventud—, en torno a una agricultura que no deje a nadie fuera.
El valor piloto de esta experiencia es clave, apunta Pedro Campos, de la representación de la Unión Europea en Cuba. Lo que funcione en los municipios de incidencia del proyecto puede aprenderse y replicarse, afirma.
“Lo que buscamos es garantizar que en este sector de actores económicos haya un espacio para todos y todas”, apunta Amelie Teisserenc, representante de Humanity & Inclusion en Cuba, y precisa qué forma tomará ese acompañamiento: paneles solares, sistemas de riego, capacidad de producción, intercambio entre productoras, apoyo a la transformación y la comercialización.
Sin embargo, construir esa “alquimia” exige primero entender por qué las brechas persisten, enfatiza. Las estadísticas muestran barreras estructurales que limitan la participación plena de las mujeres en las dinámicas económicas y comunitarias, más acentuadas en el caso de quienes viven con discapacidad.
Aunque la tenencia de tierras agrícolas en manos de mujeres en Cuba aumentó ligeramente en 2024, sigue siendo baja: apenas alcanzó el 23 por ciento, indica el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género. Los hombres concentran el 77 por ciento restante.
La forma de tenencia predominante entre las mujeres es el usufructo (62% de los casos), lo que implica una relación más frágil y menos autónoma con la tierra.
Además, la Oficina Nacional de Estadística e Información da cuentas de que el aumento en la tenencia de tierras se concentra en mujeres de entre 50 y 64 años, lo que apunta al peso de las generaciones mayores en la producción agrícola local.
Por color de la piel, son negras 52 por ciento de las mujeres con tenencia de tierras; blancas, 43 por ciento, y mulatas, el cinco por ciento. Esa intersección no puede ignorarse al hablar de brechas.
El tiempo como brecha
La socióloga Ania Mirabal, del Centro Félix Varela, advierte que el tiempo que las mujeres rurales destinan al cuidado de hijos, personas mayores y enfermos es tiempo que no se convierte en ingreso.
En el campo cubano, donde la migración de los jóvenes ha dejado a madres y abuelas como principales productoras de alimentos, esa ecuación se vuelve especialmente compleja. El descanso, el ocio y la posibilidad de pensar en un proyecto propio quedan relegados o desaparecen, apunta.
Agrega que los pocos espacios de socialización que existen en las zonas alejadas limitan las redes de apoyo entre mujeres, ese tejido informal que suele ser el único sostén disponible.
El entorno también puede frenarlas, advierte Mirabal. No basta con querer emprender, si no tienen acceso a crédito, mercados locales, redes de apoyo y conocimiento de las políticas que las respaldan. “¿Cómo llega una mujer de la montaña a un crédito bancario en las condiciones actuales?”, cuestiona.
La respuesta, en muchos casos, es que no llega. Las regulaciones cambian, los funcionarios que las conocen rotan y las mujeres quedan a merced de un sistema burocrático que no siempre las reconoce ni las acompaña, reflexiona.
En el contexto rural, el aislamiento geográfico convierte el acceso a servicios en un privilegio y las aleja aún más de esas posibilidades, sostiene Lissette Fernández, presidenta de ACPA. Hay que llegar hasta donde están ellas y acompañarlas, porque muchas están demasiado lejos para esperar que el apoyo llegue solo, subraya.
Aunque suelen sostener la producción, las mujeres rara vez están al frente de la economía, reconoce Teisserenc. Están en el campo, en la transformación, en el cuidado comunitario, pero no en el centro de las decisiones ni de los ingresos. Es una de las realidades que buscamos mostrar y transformar, asegura.
Derribar barreras para incluir
Para las mujeres con discapacidad, todas las barreras anteriores se multiplican y superponen, enfatiza Geudis Vega Pérez, Jefe de Relaciones Internacionales de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI).
“Cambiar la mentalidad es más complejo que eliminar una barrera física”, afirma y aclara que ese cambio no depende solo de los empleadores. También involucra a las propias personas, muchas veces inducidas a depender de la asistencia social en lugar de insertarse en la economía, lo que las empuja, paradójicamente, al mercado informal para complementar ingresos.
El especialista señala, además, que los empleadores suelen subestimar el aporte de las personas en situación de discapacidad. A su juicio, el reto está en entender que los apoyos no son solo humanos, sino también tecnológicos, de infraestructura y formación, y que el diseño universal —que contempla a todas las personas— no es un lujo, sino un punto de partida.
En opinión de la socióloga Mayra Espina, el país tiene un marco normativo avanzado, pero las leyes y políticas muchas veces no llegan a transformar la vida cotidiana de quienes más las necesitan.
“Hace falta abogacía, que las propias mujeres y organizaciones exijan rendición de cuentas, visibilicen sus aportes y nombren sus necesidades”, sostiene la experta, quien también defiende soluciones concretas y cercanas, sin perder de vista el enfoque interseccional.
“Una misma mujer puede cargar al mismo tiempo con una situación de discapacidad, el rol de cuidadora, el aislamiento geográfico y el desconocimiento de sus propios derechos. Ignorar esa acumulación condena las políticas a quedarse en el asistencialismo”, subraya.
Un último eslabón que suele romperse, incluso cuando todo lo demás funciona, es la comercialización, señala Mirabal. De nada sirve producir, si no hay dónde vender, plantea la socióloga.
La experiencia de las mujeres rurales muestra que, sin espacios locales de venta y mercados accesibles, la producción no se traduce en ingresos reales. La respuesta, insiste la especialista, debe construirse desde cada comunidad.
Mirabal insiste también en el papel de la comunicación. “Para que más mujeres se animen a emprender, necesitan verse reflejadas no en figuras excepcionales, sino en mujeres reales, cercanas, que ya lo están haciendo”.
