La Habana, mayo (SEMlac).- Desconocimiento, violencias y estigma son algunos de los desafíos que especialistas y activistas identifican al hablar sobre diversidad sexual, envejecimiento y cuidados en Cuba.
“¿Quién cuida, a quién y cómo? ¿Existen personas con más derechos a los cuidados que otras? ¿Es acaso una vida más digna que otra?, preguntó el jurista Yuliesky Amador al iniciar el panel “Del estigma al cuidado digno: salud, dignidad e inclusión desde una perspectiva integral”, celebrado el pasado 11 de mayo en La Habana como parte de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.
En 2026 las Jornadas llegan a su decimonovena edición. Cada año el evento que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), junto a otras organizaciones e instituciones cubanas, reúne a activistas y especialistas en debates, eventos académicos y actividades de incidencia pública.
“El Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida habla, principalmente, del cuidado a personas adultas mayores, niños y niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad; pero persiste un nicho totalmente vacío en cuanto a las poblaciones diversas”, dijo Amador, también coordinador de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, en referencia a las personas homosexuales, trans y queer.
En un contexto nacional en el que existen normas de avanzada, programas y leyes que favorecen la inclusión de las personas LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer), aún perviven silencios, vacíos y formas de discriminación homofóbicos y transfóbicos.
Para las sociólogas Arlene Aquino Velázquez y Ana Clara León Pérez, el primer desafío en el ámbito de los cuidados y la adultez mayor es el desconocimiento. Al presentar su ponencia “Queerdados, retos de su estudio”, las investigadoras alertaron sobre la ausencia de datos y estudios que hablen de las realidades de estas poblaciones. Experiencias y vivencias que sí han estado presentes en la historia, el activismo y la vida de esta comunidad.
Un análisis de publicaciones nacionales realizado por ambas investigadoras arrojó que la mayoría de los estudios en el país están abocados a la política, a instituciones y actores sociales que proveen cuidados y a las personas cuidadoras. Pero, “prácticamente no encontramos ninguna referencia a personas homosexuales y trans”, dijo Aquino Velázquez.
El artículo “Cuidados y poblaciones LGBTQ+: una mirada a la literatura científica sobre el tema en los últimos 10 años (2013-2023)”, de la socióloga Yailyn Rosales Sánchez fue la principal y casi exclusiva referencia que encontraron las jóvenes investigadoras del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
El artículo, publicado por la revista Sexología y Sociedad en 2024, se centró en la producción científica cuyo objeto de análisis eran las mujeres lesbianas. En su búsqueda, Rosales Sánchez identificó 33 documentos publicados durante una década: de ellos, 18 artículos de investigación, cinco tesis en estudios de postgrado, tres capítulos de libros o folletos y siete textos en páginas web.
La autora concluyó que “la incipiente literatura que ha abordado los cuidados a las poblaciones LGBTQ+ se ha centrado en la salud y cómo desde estos servicios se han visto excluidos/as producto de la cisheteronormatividad que persiste en los imaginarios del personal de salud”.
A la ausencia de datos y estrategias metodológicas que visibilicen la diversidad sexual, Aquino Velázquez y León agregaron la existencia de prejuicios que limitan la obtención de datos que puedan nutrir futuras investigaciones. Otros de los desafíos, dentro y fuera de los estudios académicos, es mirar de manera crítica los mandatos que atraviesan los cuidados para todas las personas.
“Según el mandato patriarcal y heteronormativo, las mujeres deben encargarse de los cuidados en el hogar. Las personas queer no estamos exentas de reproducir estas dinámicas de poder y de que se nos exija repetir las normas”, reflexionó León.
Esta situación, dijo, pone a muchas personas homosexuales y trans de vuelta a un hogar del que salieron producto de la discriminación y la violencia. Además, se les asigna como persona encargada de un adulto mayor por razones que exponen estigma, alertó. Entre los motivos conocidos, por ejemplo, se encuentra no haber tenido familia o hijos propios.
“Desde la academia, es importante trascender el estudio de los mismos temas y grupos. Podremos encontrar similitudes y, a la vez, constatar que para una persona lesbiana, trans o queer, cuidar puede significar hacerlo en un espacio de violencia”, concluyó León.
Para Yuliesky Amador, el cuidado debe abrirse a cada experiencia particular y cada población, sin discriminaciones.
“El estigma aparece cuando ciertas vidas se consideran menos valiosas, menos legitimadas o menos dignas de acompañamiento. El Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida busca poner fin o mitigar estos estigmas, pues pone en el centro los cuidados como un derecho. Pero no se trata solamente de tener una ley bien redactada, necesitamos un cambio cultural a la hora de aplicar la ley”, afirmó el jurista.
En ese camino, la jurista Mirell Medina Llerena insistió en la importancia del conocimiento y la capacitación. “Nadie nos enseña a cuidar y somos espejo de tradiciones y mecanismos que heredamos” dijo al presentar su ponencia “Los cuidados al final de la vida. Una mirada multicolor”.
La especialista del Ministerio de Salud Pública llamó a entender los cuidados como un proceso mediado por la cultura y en el que es necesario separar sentimientos y emociones, a la vez de contar con un sistema que apoye a las familias y las personas.
“Se cuida por amor, sí; pero también porque no existe otra opción”, dijo al referirse a la situación de muchas personas, mujeres en su mayoría, que se convierten en víctimas del cuidado porque no cuentan con un sistema de apoyo o porque la familia les ha asignado esa responsabilidad de manera exclusiva.
Junto al resto de especialistas, Medina Llerena insistió en la formación y sensibilización del personal de salud, para poder avanzar en un cambio de paradigma.
“Los sistemas de salud están llamados a ir del modelo biomédico al biopsicosocial. Entender a la persona en su integralidad. No se trata solo resolver la enfermedad o atenderla, sino de atender a la persona de manera integral, respetando su autonomía, su voluntad y su historia de vida”, argumentó.
Para la jurista Arlín Pérez Duharte, es esencial sumar la mirada de género y diversidad en los paradigmas, programas, normas y reglamentos, pero también en la formación de quienes deben hacerlos vida cotidiana.
“La Constitución protege a todas las personas con el derecho a la igualdad y la dignidad.
Por lo tanto, hay que dotar de espejuelos de género y de muchos tonos y colores a los intérpretes y aplicadores del Derecho. Espejuelos que les permitan percatarse de las intersecciones que atraviesan a quienes requieren cuidados y a quienes cuidan”, dijo Pérez Duarte a SEMlac.
En su presentación “Cuidar como deber, omitir como delito. Claves para desmontar los estigmas de género desde el Derecho Penal”, la experta abordó la influencia de los estereotipos de género en la idealización de cómo debe ser y actuar una persona cuidadora y su impacto en el ejercicio de la justicia.
Defensora de aplicar el derecho penal como último recurso y ante la discriminación que puede ocurrir en el ámbito familiar y los servicios de cuidado de salud institucionalizados, la penalista propone revisar y aplicar normas como la Constitución, el Código de las Familias, la Ley de Salud y reglamentos administrativos.
En caso de abandono familiar hacia una persona LGBTIQ+, ”las personas que estén llamadas por obligación y deber de la Ley a cuidar y alimentar, tienen que asumir ese deber. Estamos hablando de hijos, padres, hermanos y personas unidas afectivamente, que el Código de las Familias mandata como personas con obligación de cuidar”, precisó a SEMlac.
También explica que el Código Penal, en su Artículo 388, apartado primero, incluye el delito contra el derecho de igualdad, expresado en la Constitución de la República de 2019. Este delito se sanciona con privación de libertad de seis meses a dos años o multas de 200 a 500 cuotas a quien discrimine a otra persona o promueva o incite a la discriminación.
“La discriminación puede ser por edad, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, origen nacional o territorial, discapacidad o cualquier otra lesiva a la dignidad humana. El acto de discriminación puede darse en acciones que obstaculicen e impidan el disfrute del derecho a la igualdad establecidos en la Ley”, sostuvo la experta.
