Serie audiovisual visibiliza derechos económicos de las mujeres

La Habana, febrero, (SEMlac). – La defensa de los derechos económicos de las mujeres es un paso esencial para que el empoderamiento femenino se traduzca en políticas concretas, acceso equitativo a recursos y a una redistribución real de las responsabilidades de cuidados.

Esta es una de las premisas que guían la serie audiovisual Pintemos de violeta la economía cubana… para que ninguna quedé atrás (2025), dirigida por Palomas, Casa Productora de Audiovisuales para el Activismo Social y que cuenta con el acompañamiento de CARE Internacional en Cuba, la Embajada de Canadá y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Los tres cortos que componen la propuesta apuestan por un mensaje: no es posible reducir las desigualdades estructurales arraigadas en patrones patriarcales, si no se habla de justicia económica y social para las mujeres, dijo Lizette Vila, realizadora audiovisual y directora de Palomas, en un intercambio en la sede de ese proyecto, el pasado 13 de febrero, con periodistas de diversos medios de comunicación.

“Buscamos promover la reflexión crítica sobre la participación de las mujeres en la sociedad, sus realidades, especialmente en el ámbito económico”, apuntó Sergio Cabrera, coordinador de Palomas.

Se trata de un diálogo plural donde cada historia cuente, agregó Cabrera, quien refirió que a partir de la realización de los cortos, las desigualdades que abordan, las tantas violencias que han tenido que desafiar las mujeres y las polémicas que se generen, Palomas producirá un documental donde se reflejen las experiencias cotidianas de las mujeres en los espacios públicos y privados, a partir de su participación activa y de cambio en la economía cubana.

“El documental, de igual nombre al de la serie, será una construcción colectiva; por eso, los talleres son previos y acompañan este material. Sin embargo, existe el riesgo de que estos debates se queden en el discurso entre los participantes”, dijo Cabrera.

En su opinión, deben convertirse en una fuerza movilizadora que no solo visibilice los temas, sino que también muestre las posibles soluciones, aunque al final no haya resultados inmediatos. “Es crucial que llegue a quienes deciden y manejan las políticas públicas y agendas sociales”, agregó.

Para Vila, si bien existen avances normativos en Cuba, como el Código de las Familias (2022) y la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar (2021), persisten prácticas que limitan la autonomía económica femenina, como el control de ingresos en las parejas, la restricción al empleo formal y la sobrecarga de labores domésticas no remuneradas.

“Estos patrones culturalmente arraigados sostienen ciclos de subordinación y profundizan la vulnerabilidad frente a la violencia económica”, apuntó la destacada documentalista.

Añadió que los talleres impulsados por Palomas para dialogar sobre estas realidades no incluirán solamente a periodistas y comunicadores, sino que contemplan a mujeres religiosas, afrodescendientes y otras de diferentes sectores en la provincia de Santiago de Cuba, en el oriente del país, a 873 kilómetros de la capital.

Asimismo, han previsto intercambios en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el Centro de Estudios de la Economía Cubana, entre otras instituciones.

“Hay un grupo de mujeres que han logrado avanzar, a pesar de los obstáculos y violencias que han enfrentado”, puntualizó Cabrera, “pero cualquier proyecto debe considerar a aquellas que no han tenido éxito y explorar las razones que hay detrás, como las interseccionalidades que no han sido tenidas en cuenta, están latentes y determinan las desventajas de unas sobre otras”, subrayó.

La pregunta es cuánto pueden aportar los cortos, más allá de la visibilidad audiovisual, para que se entienda que los temas económicos afectan a las mujeres de manera particularmente compleja y que sin autonomía económica ellas no podrán ni romper ciclos de violencia ni participar plenamente en la sociedad, resaltó Vila.

La periodista de SEMlac Sara Más subrayó que una brecha importante está en el desventajoso acceso a recursos financieros o materiales, que se traduce en el escaso capital en manos de las mujeres, quienes aparecen mayoritariamente como trabajadoras contratadas y no como titulares de empresas o negocios.

Pero también tienen un peso determinante las dinámicas sociales arraigadas, como la escasa inserción en redes de apoyo tradicionalmente dominadas por hombres y la persistencia de prejuicios machistas que cuestionan sus capacidades empresariales.

Además, enfatizó en que la división sexual del trabajo —que carga a las mujeres con labores domésticas y de cuidados no remuneradas— limita su tiempo y energía para desarrollar emprendimientos o proyectos empresariales, o desplegar sus capacidades de innovación o liderazgo.

Derechos ante espiral de las narrativas mediáticas

Visibilizar los derechos económicos no solo implica denunciar las brechas y visibilizar las oportunidades, sino también transformar narrativas culturales y mediáticas que refuerzan estereotipos, apuntó la periodista Leyanis Infante.

En medio de un escenario global marcado por la polarización y el auge de narrativas conservadoras, dar voz a los derechos de las mujeres y la equidad de género es un desafío enorme, dijo.

Agendas mediáticas y políticas promueven discursos que minimizan las desigualdades, mientras movimientos antifeministas buscan deslegitimar décadas de avances, tachando las demandas de igualdad como “ideológicas” o contrarias a valores tradicionales, agregó la periodista Lisandra Fariñas.

Los discursos de odio encuentran en redes sociales un nicho sin precedentes, donde los algoritmos amplifican mensajes misóginos, de desinformación y ataques contra activistas, lo que atenta directamente contra la visibilidad de iniciativas transformadoras como las que impulsa Palomas, añadió.

En este contexto, nuclear voces se vuelve una estrategia de resistencia y esperanza, precisó Vila, quien concedió importancia estratégica a la colaboración entre organizaciones civiles, redes y alianzas público-privadas.