La Habana, julio, (SEMlac). – Adela Fuentes Valdés tiene 71 años, es maestra retirada y vive en Centro Habana, en la capital cubana. Cuando su única hija tomó la decisión de emigrar hacia Estados Unidos, ella no estuvo de acuerdo. Temía que afrontara la travesía hasta México y el cruce de varias fronteras.
Vendieron la casa que había sido de la familia de su esposo para costear el viaje. Se fueron su hija y su pareja, padre de una de las niñas.
La menor, Angélica, aún no cumplía dos años y era “bastante enfermiza”. Su madre prefirió no exponerla a una travesía incierta ni separarla de su hermana Paula, hoy de 10 años. Desde hace dos años, la abuela Adela cuida de ambas.
“Somos una familia pequeña, mucho más desde que enviudé, hace ocho años”, cuenta. “Se habla de la crisis migratoria cubana y de que se han ido cientos de miles de personas, pero para mí todas esas cifras se reducen a que se fue mi hija y no sé cuándo la volveré a ver”, dice.
Su hija llegó a Estados Unidos con un estatus migratorio I-220A, pero la reunificación familiar comenzó a complicarse tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Desde Texas, y en medio de una creciente incertidumbre migratoria, hace un año que prácticamente no puede enviarles dinero.
La historia de Adela refleja un fenómeno que atraviesa la nación caribeña. El peso de la crisis múltiple —energética, económica, migratoria y de cuidados— recae de forma desproporcionada sobre las mujeres mayores. Muchas sostienen sus hogares en soledad, mientras su vejez transcurre desprotegida.
Cuba enfrenta un escenario que especialistas describen como una “policrisis”: prolongados apagones, escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible, inflación, creciente dolarización y una oleada migratoria sin precedentes.
En ese contexto, se ha vuelto más frecuente ver a personas mayores sin hogar o buscando alimentos entre la basura, una de las expresiones más visibles del deterioro que enfrenta este grupo poblacional.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, al cierre de 2024 las personas de 60 años o más representaban el 25,7 por ciento de la población cubana y eran el único grupo de edad en crecimiento, mientras el país redujo su población de 11,1 a 9,7 millones de habitantes, sobre todo por la migración.
El sector de la salud ha sido duramente golpeado. El desabastecimiento de medicamentos e insumos afecta a cinco millones de personas con enfermedades crónicas y los tratamientos de 28.000 pacientes con cáncer, según datos del Ministerio de Salud Pública.
Adela Fuentes Valdés lo vive de cerca. Entre sus gastos fijos están los medicamentos para la presión arterial, que debe comprar a altos precios en el mercado informal, porque en la red pública no los encuentra. A veces los toma a media dosis “para que me duren más”, aunque eso ya le ha provocado descompensaciones.
Vejez entre sobrecargas
Cerca del 40 por ciento de las personas jubiladas en Cuba recibe pensiones mínimas, según refiere la socióloga Mayra Espina en su artículo “Crisis y vejez: transitar el final de la vida en Cuba”, publicado en marzo de 2025 en la revista OnCuba. Además, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 17,4 por ciento de las personas mayores de 60 años vivía sola en 2022.
Espina advierte que esa proporción podría haber aumentado hasta 20 por ciento, como resultado de la emigración de personas jóvenes y del propio envejecimiento demográfico. Si a ese grupo se aplica el porcentaje de bajos ingresos (40%), más de 164.000 personas mayores enfrentarían simultáneamente la pobreza y la soledad.
La psicóloga Patricia Arés explicó a SEMlac que el éxodo migratorio, la baja fecundidad y el envejecimiento transformaron la estructura familiar cubana. Hoy predominan hogares más pequeños, con mayor presencia de personas mayores, organizados en torno a la dependencia y el cuidado.
Son familias «sobreexigidas», centradas en la sobrevivencia y atravesadas por la precariedad, donde la vida cotidiana se reduce a resolver lo esencial, con el consiguiente impacto social, advierte la psicóloga.
En el centro de esa dinámica suelen estar las mujeres jefas de hogar, muchas de ellas mayores de 60 años, sobre quienes recae una carga mayor.
“El escenario demográfico que atraviesa Cuba, con un envejecimiento tan acelerado, probablemente no tiene precedentes en la región, sobre todo en un país con las características socioeconómicas de Cuba”, explica Rachel Lambert Correoso, psicóloga y profesora del Centro de Estudios Demográficos.
Con una tasa global de fecundidad de 1,5 hijos por mujer —por debajo del nivel de reemplazo desde 1978— y saldos migratorios externos negativos, “ya no es una tendencia, sino una realidad que seguirá profundizándose”, sostiene.
Desde 2014, el Estado cubano cuenta con la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica, orientada a estimular la fecundidad, favorecer la participación económica de las personas mayores y reducir la migración.
Sin embargo, advierte que esas políticas enfrentan un contexto de crisis económica prolongada y un sistema de cuidados que, aunque dispone de marcos normativos, no logra responder al desafío demográfico.
A ello se suma que buena parte de las personas en edad de asumir el cuidado de sus mayores —hijos, nietos en edad productiva— son también quienes más migran, lo que desbalancea aún más esa infraestructura de cuidados.
En medio de ese cuadro, las mujeres ocupan un lugar protagónico y, a la vez, doblemente vulnerable. “Siguen siendo las que tienen mayor esperanza de vida, pero esa longevidad no viene necesariamente de la mano con bienestar ni con calidad de vida”, señala Lambert Correoso.
A menudo asumen el cuidado de sus cónyuges, lo que puede provocarles mayor deterioro físico. La feminización del envejecimiento “no es solo estadística, es una realidad con consecuencias” para la salud, las economías domésticas y el bienestar emocional de las mujeres, subraya la investigadora.
En su tesis de maestría sobre el Sistema de Atención a la Familia (SAF) en Plaza de la Revolución, Lambert Correoso constató una paradoja: aunque las mujeres son mayoría entre las personas mayores, son los hombres quienes hacen mayor uso de los servicios de asistencia social.
“Eso no significa que ellas necesiten menos, sino que han interiorizado el estereotipo de ser cuidadoras, no el derecho a ser cuidadas”, explica.
El Sistema de Atención a la Familia (SAF) es un programa que brinda alimentación subsidiada a adultos mayores, personas con discapacidad y casos sociales con bajos ingresos. Opera mediante una red de comedores en todo el país.
De acuerdo con Lambert Correoso, a esa vulnerabilidad económica —marcada por trayectorias laborales interrumpidas por el cuidado de otros, pensiones más bajas o inexistentes— se suma una mayor acumulación de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y otras como osteoporosis, ante las cuales la oferta de medicamentos es cada vez más escasa.
Además, al sobrevivir con mayor frecuencia a los hombres de su generación, muchas enfrentan la viudez y terminan viviendo solas, una situación que incrementa el riesgo de depresión y ansiedad.
Adela sostiene casi en solitario la economía del hogar. La familia del padre de Paula, que emigró a Ecuador, le envía 2.500 pesos cubanos mensuales (poco más de cuatro dólares) como pensión alimenticia. “Es una colaboración cada vez más insignificante, pero me ha salvado de poder comprar una merienda para mandar a una de las niñas a la escuela”, relata.
Para la experta, esa combinación de cuidar y sostener económicamente el hogar es un patrón frecuente entre las mujeres mayores cubanas.
En su estudio sobre beneficiarios del SAF en Plaza de la Revolución, Lambert Correoso encontró que 40 por ciento de las personas atendidas no vivía sola, sino que cuidaba a otra persona, principalmente adultos mayores. La mayoría de cuidadoras eran mujeres de entre 75 y 80 años, responsables de cónyuges enfermos, hijos con discapacidad o nietos cuyos padres habían emigrado.
“Una mujer que cuida a otra persona no puede cuidarse con la misma intensidad. Pospone su descanso, su salud y sus recursos porque la sociedad patriarcal la educó para priorizar a los demás”, afirma. “La crisis de los cuidados en Cuba tiene un rostro predominantemente femenino y envejecido”, agrega.
Los apagones son otra expresión de esa precariedad cotidiana. “Por suerte aquí tenemos gas de la calle; si no, no sé qué haría”, dice Adela Fuentes Valdés. La falta de electricidad la obliga a comprar diariamente solo los alimentos que consumirá ese día, porque no puede conservarlos.
Ese deterioro de los servicios básicos ocurre en paralelo a una asistencia pública que, según percibe, es cada vez menor. “Ahora dicen que quitarán la libreta (cartilla para la compra de alimentos) y que apoyarán a los vulnerables. ¿Seremos mis nietas y yo una de esas personas?”, se pregunta.
Brechas entre las políticas y el día a día
En junio de 2026, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó 176 transformaciones económicas y sociales que incluyen la eliminación gradual de subsidios generalizados —como la libreta de abastecimiento—, para sustituirlos por ayudas directas a personas vulnerables.
Las medidas prevén que actores estatales y privados contribuyan, como parte de su responsabilidad social, al apoyo de personas pensionadas, mediante convenios con bancos, el sostenimiento de comedores del SAF y hogares de alimentación comunitaria, el respaldo a hogares de ancianos y casas de abuelos, así como otras acciones dirigidas a personas y familias vulnerables.
Para Lambert Correoso, la Ley de Seguridad Social y el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida amparan a las personas mayores. “El problema está en la brecha entre lo que dicta la ley y su implementación real”, afirma.
A su juicio, los sistemas de atención aún carecen de perspectiva de género y de envejecimiento, como evidencia el servicio de mensajería a domicilio para quienes no pueden acudir a comedores comunitarios, desconocido por muchos beneficiarios; y los registros del SAF, que en ocasiones mantienen durante años a personas fallecidas, dificultando la mejor distribución de recursos.
Además, la normativa que regula ese servicio no contempla variables como la soledad extrema, la distancia al comedor o la existencia de personas dependientes bajo cuidado.
Para Lambert Correoso, es clave que el sistema nacional de cuidados incorpore de forma efectiva una perspectiva de género y envejecimiento, reconozca y compense el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres mayores y las considere sujetas de derechos, no únicamente cuidadoras.
Sugiere desagregar por sexo y edad los registros de la asistencia social para construir indicadores que permitan identificar sus vulnerabilidades y abrir espacios donde las personas participen en el diagnóstico de sus necesidades. “Lo más necesario es visibilizar lo que continúa siendo invisible”, apunta.
Mientras esas políticas llegan o se ajustan, mujeres como Adela sostienen sus hogares. “Ruego por no enfermarme. Hay días en que me levanto solo por las niñas. Han sido decisiones familiares muy difíciles, sobre todo para las abuelas, solas con nuestros nietos, en una situación que no parece tener fin”, dice.
