La Habana, junio, (SEMlac). –Maricela de la Caridad Peguero tiene 75 años, vive en una comunidad rural con poco más de 500 habitantes en el kilómetro 10 de la carretera a Viñales, Pinar del Río, en el extremo occidental cubano. Desde hace meses no tiene cómo llegar al pueblo donde compra alimentos, cobra su pensión y busca medicamentos.
A su hermano, menor que ella, le han diagnosticado inicios de demencia senil y le prohibieron seguir trabajando. Ella también tuvo que dejar su empleo en una cooperativa agropecuaria para cuidarlo. “Esta situación me ha deprimido mucho, porque no sé cómo vamos a salir adelante”, dice abrumada.
A 186 kilómetros de allí, en La Habana, Edenys Izquierdo Molina se encarga de Abel Daniel, su hijo de 18 años con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, de su abuela encamada y su madre, afectada por años de sobrecarga de cuidados.
Con 44 años y siendo vicepresidenta de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI), conoce de cerca los desafíos que enfrentan las familias con personas dependientes.
“Para quienes cuidamos a alguien con discapacidad, el contexto es muy difícil”, asegura al referirse a la dinámica actual de la vida diaria en Cuba. Los apagones, agrega, complican aún más tareas cotidianas como cocinar, lavar o alimentar a quien depende de otros para hacerlo.
Cuba vive una crisis profunda, la más cruda en muchos años, marcada por la escasez, la emigración, la inflación económica, el deterioro de servicios básicos y la falta de electricidad y recursos energéticos, bajo la combinación del cerco económico de Estados Unidos y la acumulación de problemas internos sin solucionar.
En las historias de Peguero e Izquierdo se entrecruza ese contexto con brechas y desigualdades —género, cuidados, ruralidad, envejecimiento y discapacidad— que la crisis económica profundiza y multiplica.
Pobreza y vulnerabilidad, dos miradas necesarias
Cuando analiza el entramado social cubano, la psicóloga e investigadora María del Carmen Zabala Argüelles distingue dos conceptos relacionados, pero no equivalentes: pobreza y vulnerabilidad.
Mientras la primera se refiere a insuficientes ingresos, consumo y condiciones de vida, la segunda incorpora también los recursos y capacidades con que cuentan las personas para enfrentar esas carencias y superarlas, sostiene la coordinadora del área “Desigualdades sociales y políticas de equidad” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Cuba),
Pero, si bien el concepto de vulnerabilidad ofrece una mirada más amplia que la pobreza, el énfasis político en ese concepto también puede interpretarse como una forma menos crítica de nombrar desigualdades persistentes, apunta la profesora a SEMlac.
Entre los grupos más afectados están las mujeres, “porque sobre ellas recae un gran costo de la crisis”, apunta. También las poblaciones racializadas, con puntos de partida históricamente inferiores; y las personas en situación de discapacidad.
Aunque escasas y desactualizadas, las cifras disponibles dan una idea de la magnitud del problema. Una investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas situaba en 20 por ciento la población urbana en condición de pobreza de ingresos a inicios de los años 2000, frente a 6,8 por ciento en 1984, según recoge la socióloga Mayra Espina en su artículo “Pobreza y vulnerabilidad en expansión: necesitamos saber”, publicado en la revista OnCuba en junio de 2025.
El Índice de Pobreza Multidimensional ubicaba a unas 50.000 personas en esa condición, de acuerdo con datos de 2017 del Informe Nacional Voluntario de Cuba sobre los avances de la Agenda 2030.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que en 2024 más de 189.000 y 350.000 personas eran beneficiarias de programas de asistencia social, una cifra que no abarca el espectro total de la población empobrecida, advierte Espina.
En un artículo posterior, publicado en OnCuba en febrero de 2026, la socióloga ofrece una estimación propia, a falta de cifras oficiales actualizadas: cerca del 45 por ciento de la población podría encontrarse en situación de pobreza, sobreviviendo por debajo de lo esencial.
Lo que la interseccionalidad permite ver
Para la socióloga Geydis Fundora, directora del Programa de Flacso en Cuba, comprender la crisis exige una mirada interseccional que considere no solo los ingresos, sino también los activos, el tipo de empleo, el acceso a distintas monedas y los recursos disponibles para enfrentar la adversidad.
La crisis no afecta por igual a todas las personas, explica. Mientras algunos grupos logran beneficiarse de determinadas dinámicas económicas, otros se empobrecen por los altos costos de la vida. Las desigualdades se profundizan cuando se cruzan factores como género, raza, discapacidad o responsabilidades de cuidado, entre otros.
Cuando los servicios educativos y de cuidados funcionan de manera parcial y la sobrecarga sigue recayendo sobre las mujeres, “estas disminuyen su posibilidad de participar en los pequeños circuitos de mercado donde hay cierta dinámica de prosperidad”, ejemplifica.
La situación se agrava si son jefas de hogares monoparentales, o si enfrentar la crisis les exige invertir en paneles solares o transporte eléctrico, gastos altos frente al salario promedio cubano y que dejan en mayor desventaja a las mujeres afrodescendientes, con menos activos acumulados de partida, agrega.
El mismo capital económico no garantiza tampoco las mismas oportunidades si falta, por ejemplo, una red de apoyo para el cuidado de los hijos, señala la investigadora. “Esta mirada ayuda a definir los grupos que habría que estar priorizando en procesos redistributivos”, afirma, sobre todo en un contexto de escasez, donde no existe forma de tener un alcance universal de protección.
Para la socióloga Mayra Espina, quien define el momento actual como una policrisis, hay una caída general muy brusca de todos los grupos sociales, aunque hay quien tiene ahorros y formas de colocarse mejor. “En las crisis perdemos las mujeres y cualquier grupo que tenga una historia de exclusión», asegura en entrevista a SEMlac.
A ello se suma la persistencia de desigualdades raciales que continúan situando a la población negra y mestiza en peores condiciones de hábitat, empleo, ingresos y pobreza, advierte la investigadora.
Infancias, adolescencias y el peso de la discapacidad
Otros grupos enfrentan obstáculos que se acrecientan en contextos de crisis. Una investigación publicada en 2024 en la revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, que sistematizó estudios sobre vulnerabilidades en la infancia y la adolescencia cubanas entre 2015 y 2023, identificó perfiles donde se cruzan varias desventajas a la vez.
Es el caso del embarazo adolescente, más frecuente entre jóvenes de 15 a 19 años de la región oriental, procedentes de hogares monoparentales con jefatura femenina y, en muchas ocasiones, hijas de madres que también fueron madres en la adolescencia.
En materia de violencia, el estudio señala a niñas, niños y adolescentes de zonas rurales y suburbanas, especialmente aquellos en situación de discapacidad, como particularmente expuestos a la violencia sexual, ejercida con frecuencia por personas cercanas, y amparada por el silencio social.
La investigación advierte que la situación de discapacidad “estructura y refuerza las vulnerabilidades” que enfrentan niñas, niños y adolescentes; no solo por las limitaciones de desarrollo, sino por prejuicios que la sociedad les impone.
Edenys Izquierdo lo vive de cerca. Su hijo pasó de una escuela especial a una de enseñanza general con adecuaciones curriculares. Una decisión que, subraya, “no le aconsejo a nadie”. Aunque el muchacho ganó en varios aspectos, le costó mucho sufrimiento emocional por no sentirse igual al resto.
A los 13 años quiso dejar los estudios. Hoy, sin un centro que lo acompañe en su tránsito a la adultez, Izquierdo y otras madres de la ACPDI han impulsado los Centros Diurnos de Desarrollo de Habilidades y Cuidado para personas de 19 a 59 años, que buscan evitar que quienes salen del sistema educativo pierdan las habilidades alcanzadas y queden, junto a sus cuidadoras, en lo que ella describe como “una especie de limbo en la casa, en la rutina”.
El objetivo, explica, no es solo el bienestar de la persona con discapacidad, sino liberar a la madre cuidadora para que pueda seguir siendo profesional, trabajar y ganar algo que le permita sostenerse.
“Tenemos una sociedad envejecida y no creo que en alguna casa hoy no haya una persona que necesite ser cuidada”, agrega Izquierdo, quien turna con su esposo, su madre, su hija y otros familiares las tareas de cuidado de Daniel y de su abuela. Una ventaja que, reconoce, muchas familias no tienen.
La crisis energética agrava todo, con sus cada vez más prolongados cortes de electricidad. Es agotador levantarse de madrugada o cuando sea, durante el poco tiempo en que hay luz, para cocinar, lavar la ropa de quien no controla esfínteres, calmar a quien no entiende por qué hace tanto calor o por qué no hay luz. “No se puede dormir, ni de día ni de noche”, lamenta.
Maricela Peguero enfrenta otra expresión de esa vulnerabilidad. Sin familiares cercanos ni transporte público, depende de la solidaridad de sus vecinos para almacenar alimentos, acceder al agua o conseguir productos básicos. “Esos son mis apoyos, son como mi familia. Pero no es una obligación”, reconoce.
La socióloga Geydis Fundora insiste en que la mirada interseccional no debe quedarse solo en el diagnóstico de carencias, sino identificar también las capacidades que ya existen en las comunidades más afectadas.
Cita el caso del proyecto Yambo, en Morón, Ciego de Ávila— provincia al centro del país—, una iniciativa acompañada por la Fundación Nicolás Guillén, que trabajaba con mujeres descendientes de haitianos excluidas de los circuitos turísticos dinámicos de la zona.
Cuando llegó la crisis de la pandemia de covid-19, el proyecto cultural se transformó también en una huerta comunitaria para producir alimentos y medicamentos naturales. “En las comunidades donde habitan las mujeres afrodescendientes cubanas también hay que hacer una lectura de potencialidades y apoyarlas”, plantea Fundora.
Urgen políticas que miren a las personas
El 18 de junio de 2026, la Asamblea Nacional del Poder Popular sesionó de manera extraordinaria para evaluar un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, varias de ellas dirigidas a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Los anuncios hablan de centrar el sistema de subsidios para centrarlo en las personas y no en los productos, crear un Fondo de Protección Social, digitalizar las ayudas para mejorar su control y trazabilidad, así como favorecer la inserción laboral de grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, entre otras acciones.
El paquete prevé una mayor participación de actores económicos en el sostenimiento de políticas sociales, mediante apoyos a programas de asistencia, servicios comunitarios e iniciativas dirigidas a personas en desventaja.
Sin embargo, ante la profundidad de la crisis económica, es muy poco probable que estas medidas tengan un alcance inmediato ni suficiente para una población cada vez más amplia afectada por carencias múltiples.
Especialistas han abogado reiteradamente por que las políticas públicas no sean solo medidas aisladas, sino planes estratégicos que tengan en cuenta las demandas y participación de sus principales destinatarios.
Para Fundora, por ejemplo, las comisiones de atención integrada a las políticas públicas deben recuperar su vocación de gestión proactiva de recursos y convertirse en espacios donde confluyan políticas dirigidas a grupos en desventaja —desde las mujeres hasta las personas con discapacidad y las poblaciones rurales—, con participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Espina advierte, por su parte, que la recuperación económica no revierte automáticamente el daño provocado por la crisis. “El Producto Interno Bruto podría recuperarse; pero quienes salieron perjudicados no necesariamente mejoran con esa recuperación; sus vidas adquirieron una dinámica de retroceso tan fuerte que, para recuperarlas, se necesitan políticas directamente orientadas a ello”, asegura.
