Redes y desarrollo local, claves para el ecosistema emprendedor

La Habana, abril, (Especial de SEMlac). –Mujeres cubanas tejen, a veces en soledad y cada vez más en red, una economía que crece a pesar de la incertidumbre, las trabas burocráticas y los sesgos de género.

Sus historias demuestran la urgencia de avanzar hacia un ecosistema emprendedor con estabilidad normativa, trámites que no discriminen, alianzas público privadas fortalecidas y reconocimiento del aporte que generan en sus comunidades.

Ellas son solo alrededor del 25 por ciento de los socios de micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), según estadísticas del Ministerio de Economía y Planificación. Significa que apenas uno de cada cuatro dueños de empresas privadas es una mujer.

Hasta septiembre de 2024, eran titulares de 38 por ciento de las licencias de trabajo por cuenta propia, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero esa cifra incluye a todas las personas que poseen una licencia, incluso aquellas que en realidad son empleadas de otros cuentapropistas.

Que ellas no sean solo excepción en el sector privado cubano y se conviertan en protagonistas del desarrollo requiere algo más que voluntades individuales.

“Cuba está necesitando un ecosistema emprendedor que funcione verdaderamente articulado, en el que existan garantías para realizar determinadas acciones, donde la actividad económica sea reconocida por su significado y su valor”, sentencia a SEMlac la jurista Sara Ida Hernández, fundadora del proyecto “Yo puedo Emprender”.

Derribar barreras

“La vida te cambia desde el punto de vista económico y personal. Vas creciendo junto con tu emprendimiento y te das cuenta de que tienes un potencial que no sabías que tenías”, cuenta Maritza Arango, fundadora de Okikilo, un emprendimiento de dulces que nació sin un gran capital y creció paso a paso, generando empleo para mujeres de su comunidad.

Ese potencial, sin embargo, choca con obstáculos concretos. Para Arango, el primero fueron los trámites. “Estuve un año esperando por la aprobación de mi proyecto. No sabía cómo arrancar, no entendía el proceso, pero sabía que quería tener una marca”.

Luego vino la inflación, los precios mayoristas que suben y casi nunca bajan, la falta de transporte que no permite ir a buscar los insumos. “Obstáculos hay muchos, pero se trata de no detenerse y reinventarse”, dice.

La flexibilidad es también una herramienta cotidiana para Ivonne Moreno, una de las fundadoras de Finca La Luisa, un emprendimiento familiar que produce frutas orgánicas, vegetales y miel de abejas meliponas en El Cotorro, un municipio periférico al sudeste de La Habana.

Moreno pasó de ser empleada estatal con remuneración limitada, a tener “autonomía, que para mí es lo más importante”. Pero el camino no fue lineal: presentó un proyecto de desarrollo local con estudio de factibilidad y nunca recibió respuesta.

Hoy opera como trabajadora por cuenta propia en la finca, desde 2017, y asume, con sus propios recursos, el mantenimiento del parque infantil y el alumbrado público de su comunidad, porque hace más de tres años que no hay y la empresa eléctrica no da abasto.

Esa autonomía también le ha permitido ayudar a muchas personas. Ha participado en donaciones a niños sin amparo filial, a adultos de hogares de ancianos y a niños pacientes de oncología de su municipio.

Su aporte fundamental, sin embargo, es el ejemplo. Moreno comparte semillas, prácticas agroecológicas y conocimiento sobre la crianza de abejas. Ya hay jóvenes de la comunidad que se han hecho sus propias colmenas y están desarrollando la meliponicultura.

“Considero que yo no puedo crecer si lo que está alrededor mío no crece”, explica. Su sueño es que la comunidad se beneficie de verdad. “Es una comunidad informal. Yo quisiera que eso cambiara, que las personas aquí pudieran vivir dentro de la ley”, apunta.

Desde el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), su directora, Mailé Yicel Báez Ferrera, coincide en que el vínculo local es una de las claves estratégicas para el crecimiento de cualquier emprendimiento.

Para la especialista, los emprendimientos que más necesita Cuba son los de base local, anclados a la economía circular, la soberanía alimentaria y la sustitución de importaciones: agroecológicos, de gestión de residuos con valor agregado, de soluciones energéticas renovables comunitarias. “Generan arraigo, identidad, sentido de pertenencia. Reducen la migración interna y crean empleos para jóvenes y mujeres”.

De acuerdo con Báez Ferrera,  las brechas del emprendimiento femenino no solo se ven en números, sino también en la forma en que se gestiona y cómo se visualiza desde las políticas públicas”.

Más allá de las regulaciones, las mujeres emprendedoras enfrentan barreras culturales profundas, apunta Sara Ida Hernández. “En primer lugar, ese imaginario de que nosotras no debemos ser dueñas de negocios”, dice a SEMlac. A partir de allí, explica, quienes deciden sobre la aprobación de proyectos “adoptan la clásica posición de crear banderas rojas, pedir documentos de más, interpretar las normas jurídicas de manera que no favorezcan la creación de estos emprendimientos”.

Añade, además, el peso de la carga doméstica y de cuidados. “La burocracia, los trámites dilatados, las respuestas incorrectas o la falta de respuesta hace que las mujeres, que tienen sobre ellas la carga del cuidado, decidan no continuar los trámites para legalizarse y, en el peor de los casos, desistan de emprender”.

Báez Ferrera reconoce que estas barreras no son menores y agrega otras. “Además de insuficientes mecanismos de financiamiento, podemos hablar de la carencia de programas de apoyo e incentivos para el emprendimiento económico de las mujeres, el insuficiente enfoque inclusivo en las estrategias de desarrollo municipal, y algo clave: la gestión del tiempo entre las responsabilidades familiares y las labores empresariales”. 

Las redes como estrategia

Frente a un entorno que muchas veces las ignora o las obstaculiza, las mujeres emprendedoras han construido respuestas colectivas. La Red Cubana de Mujeres Emprendedoras (RCME), a punto de cumplir cuatro años, es hoy un espacio de formación, intercambio y apoyo mutuo.

“Cuando las mujeres nos reunimos, el mundo parece más nuestro”, afirma Sara Ida Hernández. “El valor más importante de la red es el tejido fuerte, poderoso, sólido y sororo que ha logrado establecer para levantar a las mujeres. No levantarlas por el mero hecho de que sean mujeres o para que hagan negocios, sino para que sientan que forman parte de un entramado mucho más importante, que desarrolla también a sus familias y comunidades”.

Para Ivonne Moreno, las redes de colaboración son una condición de supervivencia. “Si logramos sobrevivir a todas estas circunstancias, es gracias a las redes, a que nos apoyamos entre nosotras mismas”, apunta.

Mailé Yicel Báez Ferrera respalda esta visión. “Uno de los retos más importantes para la supervivencia de nuestros emprendimientos son los temas logísticos, que demandan recursos con insuficientes mecanismos de financiamiento”, afirma.

“En cualquier modelo de negocio, el trabajo en redes es una fortaleza para el desarrollo integral. Siempre debe mediar un acuerdo mínimo de confianza que permita visualizar los aportes, los tiempos, la propiedad intelectual y los productos finales”, asegura.

En ese escenario, el Decreto-ley 114/2025, publicado en marzo de 2026 y en vigor desde el mes de abril, establece por primera vez en Cuba el marco legal para asociaciones entre el Estado y los actores no estatales. Permite constituir sociedades mixtas, adquirir participaciones o firmar contratos de asociación económica.

Katia Pérez Díaz, coordinadora de la RCME, ve en las alianzas público-privadas una oportunidad para cerrar brechas de género: acceso a recursos, tecnologías, financiamientos e incidencia en políticas públicas.

Aunque considera que este es un paso importante, que ofrece ventajas y podría ser positivo a largo plazo, reflexiona que llega en medio de una realidad lastrada aún por normas sin respaldo, instituciones no preparadas, falta de personal y transparencia, discrecionalidad y mucha resistencia al cambio. “Todavía hay mentes cerradas”, apunta.

A su juicio, falta preparación para la creación de asociaciones que impliquen crear una nueva figura jurídica, cuando aún no se han consolidado formas más simples de colaboración, como los contratos de producción cooperada o el arrendamiento de inmuebles.

Si bien reconoce los múltiples desafíos que entraña la norma, Báez Ferrera,  insiste en que una de las oportunidades más importantes hoy es generar alianzas público-privadas con reconocimiento institucional, convencida de que es un terreno donde “hay muchas potencialidades por descubrir”.

Para la directora del INIE, es fundamental profesionalizar la gestión de alianzas desde ambos lados. “Desde el Estado, potenciar la comunicación pública de todos los procedimientos, que deben ser ágiles y transparentes. Desde los emprendimientos, generar capacidades para documentar acuerdos, cumplir plazos, presentar rendiciones de cuentas claras, no basarse solo en relaciones personales”, ejemplifica.

Esas alianzas requieren también de una cultura de responsabilidad con el entorno, advierte.

En su opinión, la responsabilidad social empieza dentro de la empresa. “Desde el momento en que un emprendimiento tiene políticas inclusivas, genera espacios adaptados, incorpora a personas en situación de discapacidad, potencia el liderazgo femenino y diseña protocolos contra la discriminación”.

Esa responsabilidad social, el emprendimiento femenino ya la tiene incorporada en la práctica cotidiana, añade Sara Ida Hernández. Falta que las políticas públicas tengan la responsabilidad de reconocerla, medirla y potenciarla. “No concibo políticas de desarrollo sin tener en cuenta el aporte de quienes emprenden”, concluye.