La Habana, mayo, (SEMlac). – Cuba ha construido en los últimos años uno de los marcos normativos más avanzados de América Latina en materia de derechos sexuales. Sin embargo, ese avance en la protección jurídica aún no se traduce en el ejercicio efectivo de derechos para todas las personas.
La distancia entre lo que dice la ley y lo que viven las personas a quienes debería proteger sigue siendo un territorio en disputa, coincidieron activistas y juristas durante el “X Coloquio Internacional Trans-Identidades Género y Cultura. Diálogos desde la memoria, el activismo y la academia para asegurar derechos en tiempos de desafío global”, una de las actividades centrales de las 19nas Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.
Organizadas por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) junto a instituciones del Estado y redes de la sociedad civil, estas acciones se desarrollan entre el 4 y el 21 de mayo. Bajo el lema “El amor es ley”, la iniciativa contempla actividades académicas, comunitarias, artísticas y formativas en todo el país, con sedes principales en las provincias La Habana y Artemisa, esta última a 70 kilómetros de la capital.
El derecho como herramienta, no como garantía
“No hacemos nada con tener ese sólido andamiaje jurídico, si luego no lo aplicamos con el mismo espíritu”, afirmó la jurista Fátima Yadira Abdula Ruíz, del Cenesex, al intervenir el 12 de mayo en el panel “Legislar con perspectiva de género y diversidad: Cuba como referente regional en derechos LGBTIQ”.
Abdula Ruíz explicó que el derecho ha sido históricamente una herramienta del patriarcado, en la que se han sostenido desigualdades salariales, la exigencia de autorización marital para trabajar y la negación de derechos sobre el propio cuerpo. Pero también es el instrumento más poderoso para revertir esas estructuras. “La clave está en incorporar la perspectiva de género en la elaboración de las normas, su interpretación y su aplicación”, argumentó.
En el primer ámbito, Cuba ocupa un lugar destacado. La Constitución de 2019 no solo prohíbe la discriminación, sino que convierte la igualdad en principio, valor, fin y garantía del Estado. Además, entiende que no todas las personas parten de las mismas condiciones y que, por eso, a veces es necesario dar apoyos o tratos diferenciados para lograr una igualdad real, explicó.
Según reseñó la jurista, el Código Penal recoge la violencia de género como agravante y tipifica el crimen de odio, mientras una resolución del Ministerio de Salud amplió los servicios de reproducción asistida a todas las formas de familia. Además, el Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, aprobado en 2025, prohíbe las cirugías normalizadoras en infancias intersex, situando a Cuba como el séptimo país con una disposición de este tipo.
“Eran intervenciones sobre cuerpos sanos que no tenían ningún problema de salud, con la única finalidad de encuadrarlos médica y socialmente”, señaló.
La nueva Ley del Registro Civil introduce, además, dos cambios sustanciales para las personas trans.
Por un lado, flexibiliza el cambio de nombre, hasta ahora sujeto a un proceso que exigía demostrar el uso social que tendría. Por otro, habilita la rectificación del asiento registral relativo al sexo mediante un proceso administrativo, posible a partir de septiembre próximo, cuando la norma entre en vigor, sin necesidad de cirugías ni tratamientos de afirmación de género.
Donde el avance es insuficiente es en la interpretación y la aplicación; no se trata de un problema técnico, sino cultural, apuntó la jurista Yamila González Ferrer, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana e integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Ejemplificó estas resistencias con lo ocurrido tras la aprobación del Código de las Familias, cuando parejas del mismo sexo fueron rechazadas en oficinas del registro civil en algunas provincias, bajo el argumento de que “eso aquí no es”, y el Ministerio de Justicia tuvo que intervenir para exigir su cumplimiento.
Las cifras muestran una apropiación creciente de estos derechos. Desde la entrada en vigor del Código de las Familias, en octubre de 2022 y hasta marzo de 2026, se han realizado 3.631 matrimonios entre personas del mismo sexo —2.089 entre hombres y 1.524 entre mujeres—, además de 356 uniones de hecho afectivas. También se registraron 45 inscripciones de nacimiento con el apellido materno en primer lugar, según datos del Ministerio de Justicia.
Estereotipos como causa y consecuencia
Para Abdula Ruíz, interpretar con perspectiva de género exige reconocer las diferencias sin convertirlas en jerarquías. «Somos igualmente diferentes», dijo citando a la jurista y feminista costarricense Alda Facio.
También es clave entender que las desigualdades son estructurales. Por eso, un trato que en apariencia es igual para todas las personas puede seguir siendo discriminatorio en la práctica. Además, es vital identificar y cuestionar los estereotipos que influyen en las decisiones jurídicas y administrativas, muchas veces de forma invisible, sostuvo la jurista del Cenesex.
González Ferrer explicó que el Comité de la CEDAW trabaja en la Recomendación General 41 sobre estereotipos de género, prevista para 2026, que plantea que estos no solo causan discriminación, sino que también la reproducen, y establece obligaciones para los Estados de identificarlos, desmantelarlos y garantizar la reparación a quienes los han padecido.
Desde la sala, la jurista Zulendris Kindelán defendió la necesidad de incorporar la equidad y no solo la igualdad formal, en la interpretación jurídica y en las políticas públicas.
La especialista alertó sobre el peso de los estereotipos en el acceso a la justicia y en las respuestas institucionales. Señaló que muchas veces las desigualdades se invisibilizan bajo argumentos como “no aplican”, “no optan” o “no denuncian”, sin analizar las barreras reales que enfrentan esas personas.
“No basta con abrir formalmente las puertas; también hay que generar condiciones y medidas que compensen las desventajas con las que muchas personas llegan”, sostuvo.
Nuevas jornadas para transformar
A ese trabajo educativo, que no termina con la aprobación de leyes, apuestan las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, “que celebramos nuevamente pese a tantas limitaciones e incertidumbres”, dijo Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, en conferencia de prensa el pasado 13 de mayo, refiriéndose a la compleja crisis electroenergética que vive el país.
Insistió en que no basta con reconocer derechos en una norma, si las personas no saben cómo ejercerlos. “Lo importante es aprender a usarla y también cómo seguir cuestionándola para hacerla mejor”, señaló.
En esa misma línea, Maitée Navarro, coordinadora nacional de estas jornadas, defendió la necesidad de seguir impulsando transformaciones, fortalecer el diálogo entre activismos, instituciones y academia, y promover investigaciones conectadas con las experiencias concretas de las personas LGBTIQ+.
Entre las cuestiones que buscan colocar en el debate, por ejemplo, aparecen las brechas de salud que afectan a mujeres lesbianas, los retos específicos que afrontan las personas trans y la persistente invisibilidad de los hombres trans en los sistemas de atención, resumió Navarro.
Como parte de las acciones, el Cenesex firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para facilitar el acceso de las personas LGBTIQ+ a las Defensorías y prevé la capacitación de registradores civiles de La Habana, ante los cambios de la nueva Ley del Registro Civil en materia de identidad de género.
