La violencia de género es un fenómeno complejo, multicausal, multicultural y social; ocurre en los diferentes contextos donde interactúa el ser humano. Sus manifestaciones tienen connotación universal y personal, por los daños que ocasionan a las personas, las naciones y la sociedad, expresados en afectaciones a la naturaleza, los ecosistemas y toda la diversidad humana.
Las exclusiones que generan violencias se dan por motivo de género, color de la piel, estatus social, económico, etnia, condición física, identidad y orientación sexo-afectiva y de género, entre otras causalidades. Estos aspectos, entonces, sitúan a las violencias por discapacidad, género e identidad de género y/o color de la piel como un escenario para destacar las interseccionalidades de su estudio y también para confirmar la necesidad de una mirada integral a sus formas de expresión, prevención y a los caminos para la eliminación.
El abordaje de la violencia de género hacia a las mujeres constituye un camino largo, lleno de sorpresas y asentado en ostracismos e inequidades. Se ha avanzado en materia de legislación, de acciones de activismo en grupos de mujeres, hombres, organizaciones de la sociedad civil y otras que, en estos largos años de justicia social, han estado abocados hacia la eliminación de brechas e inequidades, tanto en Cuba como en otros países. Sin embargo, todavía se necesita profundizar en estas problemáticas, con foco en los grupos en situación de vulnerabilidad.
Con frecuencia, las poblaciones de la comunidad sorda son vulneradas frente al ejercicio de sus derechos y sometidas a violencias institucionales, familiares, comunicativas, geográficas y todas las que afectan la dignidad y el ejercicio libre de la autonomía de las personas. La comunidad sorda, y en particular las mujeres que pertenecen a ella, transitan de manera silenciosa por las afectaciones que provoca -en lo social, psicológico, mental, cultural y laboral- el ejercicio del poder patriarcal. Este se ejerce hacia aquellas personas que el patriarcado considera “más débiles” y que no cumplen con las expectativas de un poder hegemónico, heteronormativo y me inventaría el término “heterocomunicativo”, para signar las exclusiones hacia las personas invisibilizadas por los cánones comunicativos convencionales.
Es precisamente en los espacios sociales y contextuales de la familia, la institución educativa, las instituciones sociales, los medios de comunicación y otros, donde no se refleja esta realidad que transita en silencio y poco visible, a la luz de las diversas campañas, activismo y reconocimiento de derechos encaminados hacia la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres.
Las mujeres trans sordas, en particular, son un grupo poco visible, vulnerado y violentado. La sociedad patriarcal no concibe que una mujer trans sea sorda, negra y que, además, se exhiba o reclame sus derechos para la obtención de trabajo, comunicación en su lengua natural -lengua de señas (LS)- y otros que aluden a su reconocimiento.
La sociedad decide qué derechos les asigna y cuáles no a las mujeres sordas, siempre y cuando sean “mujeres biológicamente definidas”; aún no visibles, pero “socialmente aceptadas”. Sin embargo, la aceptación por la comunidad sorda u oyente de la comunidad sexo diversa, y en particular de las mujeres trans, se desdibuja del concepto de aceptación, inclusión y reconocimiento de los derechos. Esta realidad constituye un problema de análisis para abordar desde las intersecciones.
Al indagar en la búsqueda de estadísticas y acerca de la participación de estas mujeres en acciones de activismo o representatividad, encontramos registros casi insuficientes, lo cual impide visibilizar sus necesidades e identificar las diversas manifestaciones de violencia que experimentan a nivel personal. Son violencias silenciadas, no visibles ni escuchadas, para las cuales no siempre existen soluciones loables, campañas promocionales y de activismo, dirigidas específicamente a ellas.
En talleres realizados con mujeres sordas, a los que también asistieron mujeres trans, durante actividades de socialización con esta comunidad en La Habana entre febrero y marzo de 2024, estas últimas expresaron situaciones asociadas a la violencia de género por identidad, orientación, color de la piel y otros diferenciales. Sus vivencias y necesidades se reflejan en estas ideas.
“Cuando voy al trabajo u otra institución, como voy con ropa de mujer y tengo en el carnet de identidad nombre masculino, me ofenden o no me quieren prestar el servicio”.
“Yo soy trans y no me aceptan que les dé un beso. Creo que es parte de la violencia también. Sufrimos porque no nos tratan en igualdad”.
“En la escuela, el preuniversitario, me gustaba ir con mi cabello largo, porque supe que era mujer, pero no lo permitieron; desde la secundaria sufro, porque me sentía mujer, pero nadie me creyó… pensaban que era cosa de ser ‘sordo’”.
“Yo soy trans y negra, … tremendo escándalo, me han golpeado y cuando he acudido a la policía, siento el desprecio y no me tratan bien… no tengo a quién acudir. Vivo sola, mi mamá falleció y mis parientes no me quieren…”
“Mi mamá sí me enseñó a mí. Me dijo que me cuidara, que hay sida, sin importar mi orientación sexual; que usara condón”.
“A nosotras no nos invitan a actividades como mujeres trans…, no nos podemos comunicar y casi nunca hay intérprete de lengua de señas”.
“Soy una mujer trans, quise tener la responsabilidad y tutoría de mis sobrinos, ya que mi hermana falleció, y me determinaron con incompetencias… Lloré mucho, porque siempre han vivido conmigo…”
Estas expresiones reflejan violencias silenciadas, pero visibles: desde la negación de derechos, violencia vicaria, psicológica, institucional y de todas aquellas que colocan en situación de vulnerabilidad a estas mujeres.
De hecho, no reconocer la existencia de una comunidad trans sorda las coloca ante situaciones recurrentes de exclusión. Minimizar su capacidad de participación, con voz y reconocimiento de sus necesidades personales; o la limitación en sus actividades cotidianas, constituyen barreras psicológicas, contextuales, comunicacionales, entre otras que impiden una adecuada educación integral de la sexualidad fuera de la escuela.
Los espacios sociales y de activismo, las instituciones educativas y de salud, junto a los espacios locales comunitarios, deben concebir acciones que permitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres trans sordas. Las estadísticas poco representativas –por los insuficientes estudios y datos al respecto– generan un “iceberg” donde se desconoce qué sucede respecto a malestares de esta población y qué incidencia de violencia existe en los escenarios donde conviven, trabajan o estudian.
En el intercambio con esta comunidad, algunas expresan ser portadoras de ITS/VIH/sida atendidas por los servicios de salud, pero desde la falta de acompañamiento de instituciones que puedan proteger sus derechos. La insuficiente formación del personal de la salud en lengua de señas y la falta de una comunicación desde los recursos de aprendizaje para esta comunidad (pictogramas, lengua de señas y otros recursos comunicativos y de apoyo) impiden que se les ponderen sus derechos y, por tanto, la violencia se instala en todas sus formas.
Los aspectos vinculados con la violencia de género asociada a las personas trans femeninas de la comunidad sorda precisan de la observancia de las instituciones sociales, activistas, docentes, miembros de la asociación de personas sordas, líderes comunitarios y de la familia en general.
Visibilizar a la comunidad sorda trans femenina es también organizar acciones para el reconocimiento de sus derechos y reconocer a una comunidad que demanda de educación integral de la sexualidad.
Como colofón para el reconocimiento de la comunidad trans sorda, se debe capacitar a instituciones, activistas, docentes y todos los actores sociales, incluidos los de la comunicación, para que visibilicen necesidades, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero, sobre todo, en busca de minimizar los actos de violencia hacia esta población, para poder decir que existe una verdadera inclusión social que sea garante de sus derechos.
