Casi al cierre de 2024, el 10 de diciembre, el Grupo asesor de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para la atención y prevención de la violencia de género presentó una propuesta de guía metodológica para el diseño de servicios integrados e integrales para atender este tipo de maltrato.
La ruta abarca varios componentes: prevención, atención, local comunitario y de comunicación, esenciales para transversalizar los procesos asociados a la coordinación y articulación en este camino. ¿Nos pone esta propuesta en una mejor situación para erradicar el problema? Para reflexionar en torno a esta interrogante, No a la Violencia invitó a la socióloga Clotilde Proveyer Cervantes, la jurista Arlín Pérez Duharte y la psicóloga Beatriz Torres Rodríguez, doctoras en Ciencia y profesoras de la Universidad de La Habana.
¿Qué diferencia marca esta propuesta respecto a lo que se viene haciendo para prevenir y atender las violencias? ¿Nos pone en una mejor situación? ¿Por qué?
Clotilde Proveyer Cervantes: Lo principal es que esta propuesta de servicios nos ayudará a salir de los compartimentos estancos en los que hasta ahora está centrada la atención y la prevención de la violencia de género, porque se trata de una propuesta –valga la redundancia– de servicios integrales e integrados. Es decir, busca que los servicios sociales, de salud, los jurídicos policiales -todos- estén articulados, integrados, coordinados y dirigidos por una entidad que permita, justamente, la efectividad de esa atención.
También es novedosa en el sentido de promover una ruta crítica de articulación, coordinación, monitoreo y evaluación, pero basada en lo que ya existe y debe mantenerse. O sea, busca una atención de calidad en los servicios de salud, sociales, de investigación policial, judiciales; una atención que vaya a donde están las víctimas, evite la re victimización, responsabilice a cada organismo e institución con que el cumplimiento eficaz de su papel y cuyas acciones sean monitoreadas, controladas y evaluadas. Además, propone una coordinación intersectorial de esa labor.
Ahí es donde está la diferencia entre lo que teníamos -o tenemos en la actualidad- y lo que tendremos cuando esta propuesta sea aprobada y puesta en vigor. Sin duda, nos pone en una mejor situación, porque en este momento, primero, muchas veces las víctimas no saben ni a dónde acudir, ni cuáles son sus derechos; otras veces tienen miedo de hacerlo. Tampoco existe una estrategia de prevención adecuada y ya sabemos que la problemática de la violencia de género pasa, sobre todo, por la prevención. Por tanto, esta propuesta de servicios también insiste y formula los elementos de la prevención, imprescindible a tener en cuenta. También apuesta por producir un cambio cultural para mejorar el acceso a los derechos, desmontar las prácticas sexistas y los mecanismos que legitiman e invisibilizan la violencia a nivel social.
Arlín Pérez Duharte: La presentación de los servicios integrales marca un antes y un después. En ese antes hay muchas experiencias basadas en la prevención, en la atención, pero la mayoría de ellas separadas de la visión de integralidad e integración. Por ejemplo, en los servicios de salud muchas veces estaba faltando la visión jurídica, o la visión preventiva, o la de comunicación. En ese sentido, lo primero importante es resaltar esa noción y visión de integrar todas las atenciones en función de una mirada de reparación integral y, sobre todo, de una mirada de prevención.
Estaremos en mejores condiciones si estos servicios efectivamente llegaran a aprobarse y, en un segundo lugar, a implementarse de la manera como han sido concebidos. Es importante apostar por servicios integrales porque nos servirían de plataforma para, unidos al resto de los cambios y compromisos internacionales, generar las políticas para sustentar una ley integral de atención a la violencia de género y en el espacio familiar. Son, por lo tanto, un primer paso muy importante en la elaboración y la concepción de esa política.
Beatriz Torres Rodríguez: Esta propuesta de servicios integrales e integrados realmente nos pone en una mejor situación porque, contando con toda la infraestructura y recursos humanos que se tienen en los diferentes organismos y organizaciones de la sociedad civil que acompañan este problema, permitirá primero una optimización de los recursos y que estos se implementen de forma eficiente y no desarticulada.
Contamos con leyes, algunas estadísticas públicas, aunque no sean todas las necesarias, una propuesta de servicios integrales… ¿qué faltaría?
CPC: Esta propuesta es integral, justamente, porque incluye todo. Ya en la Estrategia1 se aborda la necesidad de una legislación específica, es decir, de una ley especial, pero que se complemente con todo el andamiaje servicios, recursos y prevención. La ley por sí sola no es, ni nunca será, la solución a la efectividad de la atención a la violencia. Eso debe acompañarse de una preparación del personal que tiene que administrar la justicia, de un compromiso y voluntariedad de incorporarlo y de responsabilidad. Por tanto, todos los mecanismos articulados e integrados de manera efectiva y con un adecuado control y monitoreo son los que permitirán perfeccionar la atención. Que allí donde están las víctimas, en el ámbito local, se perfeccione el trabajo con el mandato nacional, con el control de las instituciones del Estado, pero que aterrice a la articulación con los actores de la localidad, con las redes de apoyo, con los servicios ubicados en el entorno comunitario municipal. Es decir, poder llegar hasta allí, donde está la víctima, que puede ser un entorno rural y aislado. Hay que llegar hasta ahí.
APD: Está faltando, sobre todo, una integración inmediata de todos los espacios involucrados. Cuando digo integración inmediata es que aún hay un recelo, un silencio en algunos de los sectores directamente responsabilizados con los servicios integrales. Sobre todo, en la atención en urgencia, en emergencia, en situación en crisis, donde se necesita de una respuesta muy rápida; pero todavía vemos silencio y poca acción en muchos de los eslabones involucrados en los servicios integrales. Eso preocupa, porque efectivamente no basta con lograr la aprobación de los servicios; tienen que ser inmediatamente implementados. También falta socialización, comunicación intencionada, para que las personas –no solamente decisores y actores, sino toda la población– sepan que hay todo un despliegue en función de la articulación de servicios integrales y sepan a dónde acudir cuando son víctimas o conocedores de una situación de violencia. Ese paso es para que los servicios integrales puedan existir, porque sin conocimiento, sin denuncias, si nadie va y traslada lo que está sucediendo, es imposible que se activen las respuestas.
BTR: Aunque no tenemos, desde el punto de vista jurídico, una ley integral para el tratamiento de la violencia, sí contamos con muchas leyes, programas, políticas que, desde el punto de vista pudiéramos decir jurídico, gubernamental, pueden acompañar todos los procesos. Pero necesitamos una estructura que coordine todos estos procesos, garantice su cumplimiento y vele por el desarrollo de estos servicios integrales e integrados.
¿Cuáles son las principales brechas para implementar lo aprobado?
CPC: Son muchísimas. Hay que promover la cultura de derechos, trabajar en la responsabilidad de ofrecer los servicios, que quienes estén a cargo tengan los conocimientos y puedan implementar adecuadamente los protocolos de actuación. Necesitamos una comprensión de la necesaria articulación entre el nivel nacional y el local; urge echar a andar, como parte de esa estrategia y de esa ruta crítica, una línea especial para la violencia. Es imprescindible hacer un estudio de prevalencia que permita diagnosticar, realmente, la problemática en el país y pueda complementar la información para el diseño de las políticas. Ttodavía necesitamos datos confiables e inmediatos, que no vayan a la saga, sino que sean un instrumento para el trabajo. Tenemos muchas brechas todavía, pero estamos trabajando mucho.
APD: La primera brecha sigue siendo aún lo cultural arraigado, la visión sexista, estereotipada; la que apunta a minimizar la magnitud del fenómeno; la que va a la justificación o la disminución de la complejidad de la problemática. A esa se une la falta de conocimiento y de comprensión sobre lo que es la violencia de género y la violencia familiar. Esta última es un poquito más visible, pero la violencia de género continúa bastante opaca en prácticamente todos los sectores: salud, jurídico, comunicación prevención. Entonces, mientras siga siendo un problema de espacios pequeños, jamás se podrá avanzar mucho, por muchos servicios integrales, voluntad o empuje que pueda tener un equipo o, incluso, hasta un decisor.
BTR: La brecha o desafío estaría realmente en implementar esta articulación, porque desde el punto de vista de organigrama está muy bien pensada y fundamentada, teórica y metodológicamente. Pero, ¿cómo se implementará esta articulación? ¿Cómo lograr que realmente la persona en situación de violencia no siga deambulando de una institución a otra, que realmente haya un acompañamiento? ¿Quién acompañará a esa persona en ese proceso?
Un reto agregado, además, estaría en cómo eso se implementará en los territorios, dependiendo de las características de cada lugar y de la identificación de cuál será la institución, la organización, que según las características de ese espacio concreto se encargará de liderar el acompañamiento.
1 “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar”. En: https://oig.cepal.org/sites/default/files/2021-acuerdo9231_cub.pdf
