La Habana, mayo (SEMlac Cuba).- Si bien el matrimonio es una institución patriarcal, activistas y especialistas en Cuba reconocen que la lucha por el matrimonio igualitario dejó victorias y aprendizajes para el activismo contra la homofobia y la transfobia en el país.
“Yo en lo personal no estoy a favor del matrimonio, para mí es una estructura conservadora y patriarcal; la buena noticia es que en la década del sesenta al matrimonio se le empezó a dar valor jurídico basado en los afectos y el Código de las Familias está impregnado de este espíritu. Sí considero importante la protección de las personas dentro de la relación y el valor simbólico que todavía tiene el matrimonio”, reflexionó el activista Alberto Roque durante un panel dedicado a los cuatro años de aprobado el Código de las Familias, que legalizó ese tipo de unión.
El encuentro, realizado el pasado 14 de mayo en el espacio cultural Ateneo de La Habana, convocó además a la jurista Yamila González Ferrer y a Raúl Pérez Monzón, profesor del departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Más allá del matrimonio igualitario, activistas y especialistas repasaron resultados y aprendizajes que legó la redacción y aprobación de la Constitución de la República en 2019 y el Código de las Familias en 2022.
“Ambos procesos forman parte de décadas de activismo y de luchas por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer). Sin entender esa historia, es muy difícil comprender cómo llegamos al Código de 2022”, dijo Pérez Monzón al rememorar la “compleja relación entre el Estado y la comunidad durante décadas, cuando la homofobia fue parte de la política”.
Para Yamila González Ferrer, el proceso dejó ver la lentitud y complejidad del cambio en una sociedad patriarcal y, a la vez, “la voluntad política de la Revolución por alcanzar los derechos de todas las personas”.
González Ferrer destacó el enfoque de derechos humanos y justicia social que defendió siempre la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y en particular Vilma Espín Guillois, fundadora y presidenta de la organización, hasta su muerte en 2007. Espín Guillois y la FMC, recordó, lideraron las primeras políticas y medidas para el reconocimiento e inclusión de personas homosexuales y transgénero en la isla del Caribe. Un compromiso que luego asumiría el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), hasta el día de hoy.
“En 1975, Vilma Espín propuso que el matrimonio fuera la unión voluntaria y concertada entre dos personas. Obviamente, no estaban dadas las condiciones sociales ni políticas para que se diera ese paso, que nos costó más”, dijo González Ferrer al exponer los avances que en su momento propuso el Código de las Familias de 1976.
Por su parte, Roque trajo al presente otro antecedente; se trata de la discusión pública de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista de Cuba y la Revolución, aprobados 2011.
“Aquellos debates mostraron el conservadurismo de la sociedad cubana y también entre la militancia partidista. Pero dieron como resultado la inclusión de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro del Partido”, reflexionó Roque.
El también médico de profesión dijo que ese proceso sirvió para que el activismo tomara conciencia y se preparara para enfrentar campañas que, desde los fundamentalismos religiosos, arremetieron contra el Código de las Familias. Esos posicionamientos no solo condenaron el matrimonio de personas del mismo género, sino también se opusieron a derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la autonomía progresiva de las infancias, entre otros derechos protegidos en el Código.
“Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla literal, en el que aparecían amenazas, discursos de odio, activistas que utilizaron el Código para hacer oposición al gobierno, otros que votaron en contra porque consideraban que era un lavado de cara de las autoridades. Con todas esas fragmentaciones tuvimos que lidiar”, rememoró Roque.
Sin embargo, la victoria final fue posible, gracias a diversas estrategias. En el encuentro trascendieron: el debate abierto, la confrontación de argumentos que desmontaran la discriminación, la participación comprometida de activismos diversos y el compromiso de organizaciones, instituciones y personas aliadas.
Miguel Abreu, dramaturgo y director de Ludi Teatro y del Ateneo de La Habana, recordó que las asambleas populares solían ser “muy crueles para la comunidad, por la actitud de esas personas mayormente ignorantes que atacaban el proceso de la ley”. Abreu resaltó el valor del arte, y en particular del teatro, como agente de cambio que cuestiona y subvierte dogmas, visibiliza realidades silenciadas y se compromete con los derechos de la comunidad. No en vano, tanto Ludi Teatro como el Ateneo de La Habana han acompañado estas luchas y a la comunidad LGBTIQ+.
El movimiento de apoyo tuvo como resultado final la aprobación de leyes que hoy reconocen y protegen a las personas homosexuales y transgénero como ciudadanía e integrantes de una familia, más allá del matrimonio.
“La riqueza de la consulta popular fue muy positiva y superó la propuesta inicial. La Constitución incluye un apartado importante en materia familiar que se desarrolló en el Código de las Familias, pues no es materia constitucional desarrollar instituciones”, explicó González Ferrer.
Según la jurista, el Código de las Familias vigente rompe con la tradición de jerarquizar el matrimonio como la institución superior del Derecho de Familia, pues lo ubica al mismo nivel que otras instituciones, incluida la unión de hecho afectiva. El Código también reconoce el desarrollo libre de la personalidad en el ámbito familiar; la no discriminación ni violencia por orientación sexual e identidad de género y el derecho a constituir familia, incluida la adopción, entre otros.
Pérez Monzón consideró que alcanzar el matrimonio fue una conquista y supo a victoria por su elevado valor simbólico. Pero alertó que para muchos activistas el Código de las Familias fue un resultado final cuando, en realidad, es el inicio de un proceso mucho más amplio, atravesado por su implementación y las mentalidades conservadoras de quienes deben aplicarlo.
González Ferrer también ubicó desafíos en el arduo camino de la implementación de las normas. Llamó a luchar contra los estereotipos y prejuicios, porque “son causantes de discriminación, aun teniendo leyes avanzadas”. Insistió en la capacitación y sensibilización con perspectiva de género desde la formación curricular en el ámbito jurídico y abogó, además, por ampliar la cultura jurídica de la ciudadanía, para que las personas sepan y puedan defender sus derechos.
El activista Alberto Roque dijo que es clave la formación curricular en materia de educación sexual con enfoque de derechos, por su impacto en los derechos y la vida de las personas. Por ello, consideró esencial implementar el “Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos”, aprobado por el Ministerio de Educación en la Resolución No16 de 2021. El activista consideró urgente su implementación en cuatro ámbitos clave: derecho, medicina, pedagogía y las ciencias de la comunicación.
Otros retos identificados que limitan el avance en materia de derechos fueron: la compleja crisis económica y social que vive el país, la precariedad y falta de efectividad de las instituciones, la desarticulación del activismo y la sociedad civil, la migración de activistas, la polarización política y la sensación de que “todo está logrado” por la existencia de las leyes.
“Nadie piense que esos derechos están garantizados; puede darse retrocesos, la derecha es transnacional y los conservadores tienen poder y recursos, con capacidad de organización”, alertó Roque.
Pero a los desafíos también se suman buenas noticias, dijo el activista. Entre ellos, mencionó la emergencia con fuerza de activismos como el trans masculino, el empuje de feminismos diversos, el compromiso permanente de personas de la academia, además de las alianzas con organizaciones y actores en el ámbito religioso, político e institucional.
