La Habana, abril (SEMlac).- Las cargas del cuidado, cuando recaen de forma sistemática, desproporcionada y no elegida sobre las mujeres, constituyen una forma de violencia estructural sustentada en la división sexual del trabajo; un abuso históricamente disfrazado bajo la asignación de «tareas propias de mujeres».
Así se naturaliza el carácter desigual de una distribución de responsabilidades que le asigna a ellas el grueso del trabajo de reproducción de la vida y de cuidados, mientras este permanece invisibilizado y no remunerado.
No deja moretones visibles, pero sí “un abandono crónico, dependencia económica y también oportunidades perdidas”, considera el jurista Yuliesky Amador Echevarría, coordinador de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados y profesor de la Universidad de Artemisa, en la provincia de igual nombre, a unos 100 kilómetros al suroeste de La Habana.
“Por lo tanto, estamos hablando de una violencia silenciosa y más constante», precisó el especialista en entrevista a SEMlac.
¿Podemos reconocer y nombrar la sobrecarga de cuidados no remunerados como una forma de violencia estructural contra las mujeres, más allá de verla como una simple “responsabilidad doméstica”?
Hay que empezar llamando las cosas por su nombre. Cuando una carga recae de forma sistemática, de manera desproporcionada y además no elegida sobre un grupo, en este caso las mujeres, pues ya no es solo una responsabilidad doméstica, como se suele decir; sino que también es un problema estructural.
Desde las ciencias sociales y también desde el enfoque de género, esto se entiende como una expresión de la llamada división sexual del trabajo, donde se valora lo productivo ¾que muchas veces se iguala a lo remunerado¾, mientras lo reproductivo, ese cuidado, ese sostenimiento de la vida, se invisibiliza.
La clave está en tres indicadores: desigualdad, obligatoriedad y falta de reconocimiento. Si las mujeres dedican más horas al cuidado, tienen menos tiempo propio. Además, ese trabajo no se paga, ni se reconoce socialmente. De ahí que estamos frente a una forma de violencia estructural.
¿De qué manera las dinámicas de cuidado impactan en la salud psicológica y física de las mujeres y cómo debiera abordarse esta violencia en los sistemas de protección?
Cuando nos acercamos al tema, en términos psicológicos, la sobrecarga de cuidado genera lo que la literatura llama “estrés de rol o fatiga del cuidador”, lo que se traduce en fatiga, ansiedad, depresión, insomnio y una persistente sensación de estar en deuda.
Como violencia física, se manifiesta en dolencias musculares, enfermedades cardiovasculares y desgaste acumulado. Nada de esto es casual. Los sistemas de protección deberían abordarlo como un riesgo psicosocial y no solamente como un asunto privado. Estos impactos hace mucho tiempo dejaron de ser privados y son responsabilidad de toda la sociedad.
Por tanto, eso implica la necesidad de una detección temprana, servicios de apoyo que incluyan cuidados alternativos y, además, políticas que reduzcan la carga y que, de alguna manera, calen profundo en la sociedad. Mientras la sociedad tienda más a ver esta situación como un problema, más dejaremos de considerarlo un asunto privado y mayor importancia le daremos.
Desde el marco jurídico cubano ¿cómo se visibiliza y tipifica la sobrecarga de cuidados como una forma de violencia basada en la división sexual del trabajo? ¿Qué mecanismos legales o de política pública podrían reconocer y compensar el trabajo de cuidados no remunerado?
En el caso cubano, aunque no siempre se nombra explícitamente como violencia, sí hay avances importantes. El Código de las Familias introduce el principio de corresponsabilidad en el cuidado, algo que todavía tenemos que explotar muchísimo, sobre todo a partir de los cambios de patrones de género. También reconoce que no son tareas exclusivas de las mujeres. Además, el marco constitucional actual promueve la igualdad real y la no discriminación.
Hoy el reto mayor está en lograr que ese reconocimiento jurídico realmente se traduzca en cambios cotidianos. Hay una idea muy fuerte: si el cuidado sostiene la vida y, además, sostiene la economía, no puede seguir siendo invisible ni gratuito por defecto.
A nivel general, ya sabemos que funcionan los sistemas nacionales de cuidado, las licencias parentales, el reconocimiento de las pensiones; pero llevado al contexto cubano, por supuesto, hay que seguir aterrizando cada una de estas cuestiones. Fortalecer aún más el sistema integral de cuidados.
Esto también pasa por dar a conocer mejor el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida y seguir trabajando fuerte para llevarlo a la base, a cada uno a los territorios del país.
Cuba ya tiene una infraestructura social construida: círculos infantiles, un sistema de salud, de atención a personas adultas mayores; pero hace falta articularlo aún más en cuanto a políticas, accesibilidad y, por supuesto, desde un mayor reconocimiento en la seguridad social.
Estamos hablando de incorporar los años dedicados al cuidado en ese cálculo de pensiones, algo que sería un paso clave para evitar que muchas mujeres lleguen a la vejez en desventaja económica.
Conocemos muchísimos casos de mujeres que han tenido que abandonar sus labores en algún centro de trabajo para dedicarse “solo” al trabajo de cuidados y ese “solo” también está invisibilizando que esas labores son trabajo.
Por tanto, reconocer estos años de trabajo como cuidadora también es un paso clave, necesario e importante para empoderar a estas mujeres y para seguir reconociendo todo este tema de la seguridad social y los cuidados. Además, significa un reconocimiento efectivo del valor económico del cuidado.
¿Qué estrategias legales y sociales permitirían desmontar la naturalización de las tareas de cuidado como propias de mujeres y cómo avanzar hacia una redistribución corresponsable?
No basta solo con cambiar leyes, también hay que cambiar mentalidades. Las leyes ayudan a empujar el cambio, pero el cambio también está en la educación que podamos recibir desde edades tempranas y en todas las acciones de sensibilización que podamos realizar en la sociedad. Esto también trae consigo una implementación real del marco jurídico.
También son esenciales los apoyos comunitarios y locales. En un país como Cuba, donde lo comunitario tiene mucho peso real, los municipios tienen que seguir desarrollando redes de apoyo al cuidado que, realmente, alivien esa carga cotidiana que sostienen las mujeres.
Siempre insisto: todo pasa por modificar esa construcción social de género. Tenemos que romper el molde de “mamá cuida, papá provee”, antes de que se vuelva automático. Eso es realmente esencial.
Pero, además, debe entenderse que esta educación con enfoque de género sí es necesaria desde edades tempranas y no verla solamente como un programa obligatorio, o como un asunto que se quiere insertar sin necesidad en el sistema educativo.
Igualmente, debemos trabajar en campañas de bien público y con los medios de comunicación; visibilizar que el cuidado también es un trabajo y no solamente un “don femenino” o “producto del amor”. Cuba realmente tiene capacidad de movilización comunicativa y ahí hay una herramienta potente.
Las políticas laborales deberían ser más flexibles y equitativas en cuanto a horarios, licencias y condiciones que permitan a hombres y mujeres cuidar realmente de manera corresponsable.
No puede olvidarse el trabajo con las masculinidades. Si los hombres no se incorporan activamente al cuidado, no hay redistribución posible. Esto realmente no es opcional, es estructural.
Además, insisto, debemos aprovechar lo comunitario, las redes barriales, familiares, que realmente son aliadas para cambiar prácticas en cuanto al cuidado y la forma de mirarlo.
Desmontar toda esta naturalización implica un cambio de lógica: el cuidado tiene que dejar de ser ayuda y pasar a ser una responsabilidad social compartida. Cuando esto se interiorice, el cambio dejará de ser un discurso y empezará a notarse realmente en lo que hacemos, en el día a día.
