Violencia de género: leyes y datos, ¿suficiente?

Al menos 3.897 mujeres latinoamericanas y caribeñas fueron víctimas de femicidio en 27 países de la región en 2023. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), esto representa al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día.

Después de muchos años sin estadísticas para orientar el rumbo, datos de Cuba son parte de esa alarmante cifra recogida por Cepal en el boletín Violencia Feminicida en Cifras América Latina y el Caribe1: 60 mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, exparejas u otras personas. Las cifras se corresponden con el número de víctimas conocidas en procesos judiciales en el año y representan una tasa de 1,37 por cada 100.000 mujeres.

La mayor cantidad de víctimas se concentra entre los 20 y los 44 años (39) y le sigue el grupo de 45 a 59 años (14). Por color de la piel, las mujeres blancas constituyen la mayoría, seguidas por las mulatas. El 83,3 por ciento de los casos, las mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja íntima, según el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género2, algo que coincide con el comportamiento de los países incluidos en el boletín regional.

Aunque todavía el país caribeño no se cuenta entre los 14 que han adoptado leyes integrales que amplían la comprensión y rango de acción frente a esta verdadera ‘pandemia en la sombra’, según la denomina Cepal3, sí se incluye entre las 19 naciones que han aprobado leyes y protocolos que penalizan las muertes violentas de mujeres por razón de género.

Sin embargo, pese a los progresos legislativos, la creciente visibilidad del fenómeno y la mejora en la respuesta institucional de los Estados, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una realidad persistente y extendida en América Latina y el Caribe y una grave vulneración a sus derechos humanos.

“La persistencia de este delito, que es el más extremo de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, resalta la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas y poner en marcha acciones concretas para prevenir y erradicar esta grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad”4, insiste el organismo regional.

Cuba, más allá de estadísticas y normas

Cuba tiene sus propios desafíos para concretar escenarios más efectivos de prevención y atención a la violencia de género en general, y al femicidio en particular, que van más allá de las cifras y las leyes.

Urge, en primer lugar, entender la violencia de género como un fenómeno social, pues no se trata solamente de un asunto de salud, jurídico o de asistencia social, sino que involucra a todos los actores políticos, sociales, comunitarios, económicos y otros.

En ese camino, medirla con más precisión y también estudiarla desde enfoques diversos resulta de primer orden, pues puede contribuir a calibrarla en toda su magnitud y que su respuesta –y el diseño de políticas– sea más eficiente.

Un aprendizaje pendiente es que en la violencia de género no hay perfiles: está presente sin distinción de religión, adicciones, nivel escolar o cultural, situación económica, color de la piel, edad o tiempo de relación de la pareja; pero atender y estudiar esos diferenciales – mirar el fenómeno desde la interseccionalidad- permite diseñar mejor los caminos para la prevención y la respuesta.

Otra observación imprescindible y una realidad muy dura en esta ruta es entender que se trata de un maltrato que funciona como una espiral. En general, el comportamiento global del fenómeno –y Cuba no escapa a esa realidad- apunta a que muchísimas veces la violencia de género es sub declarada y no pocas víctimas, enredadas en un ciclo del que les cuesta mucho salir, no denuncian, o retiran su acusación, por causas disímiles que abarcan los ámbitos psicológicos, económicos, familiares y otros.

Por tanto, el daño puede o no ser físico, pero siempre es emocional y muy desestabilizante; las secuelas son de larga data y alcanzan no solo a la víctima directa, sino también a su familia, con especial impacto en niñas, niños y adolescentes que se exponen a esas situaciones. Para no mirar lejos, las cifras cubanas del cierre de 2023 confirmaron que, de los 60 casos contabilizados, el 68,3 por ciento tuvo lugar en el hogar y quedaron 38 menores sin el amparo materno.

En el ámbito jurídico, es importante la integración y articulación de las diferentes leyes y normas con que ya se cuenta. El Código Penal vigente, la Ley del Proceso Penal y el Código de las Familias, por poner solo tres ejemplos, cuentan con ejes transversales de género y de protección. Pero hay que hacer cumplir desde la integralidad ese sistema legislativo y reforzar los escenarios donde aún no llega la transformación jurídica, mediante llamados específicos hacia la violencia de género.

Resulta esencial, además, capacitar a las personas que operan las leyes, a quienes tienen que hacerlas cumplir; porque hay raíces culturales signadas por el machismo que se sobreponen a la letra jurídica.

“No funciona que un juez coloque una sanción extrema a un perpetrador de violencia de género, si luego no hace acompañar esa sentencia de las sanciones accesorias que lleva, o de restricciones del comportamiento y de la atención multidisciplinar por parte de otros profesionales”, consideró Arlín Pérez Duharte, experta en derecho penal y profesora de la Universidad de La Habana, durante una reciente capacitación a periodistas y comunicadores desarrollada en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, entre el 18 y el 22 de noviembre de 2024.

Saltan a la vista protocolos que no se cumplen y otros que aún no existen, la urgencia de una ruta integral de protección a víctimas que funcione y la necesidad de otras acciones pospuestas, como un buen programa de educación integral en género y sexualidad.

En el caso particular de las muertes de mujeres, otra deuda señalada por especialistas y activistas es llamar a las cosas por su nombre. Hablar de femicidio tiene fuerza política; posiciona esas muertes en una definición simbólica en la que el factor de riesgo mayor es ser mujer en una sociedad patriarcal.

Para Marcela Lagarde, quien trajo el término al español a partir del inglés feminicide, acuñado por la sudafricana Diana Russel en 1992 para designar asesinatos misóginos, “el feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres”5.

Nombrarlo como tal, en la legislación y en la cotidianidad, podría ser otro paso en el camino de identificar el fenómeno como una violación de los derechos humanos, que atenta contra la libertad y la dignidad de las mujeres, y de rastrear los sistemas de opresión que la atraviesan, con profunda raíz en el patriarcado.

En el ámbito de la comunicación pública, si poco más de una década atrás el primer reclamo de quienes estudiaban el tema en el país estaba dirigido a la necesidad de visibilizar la violencia de género en la prensa, el contexto de hoy exige conocimientos, ética y profundidad para investigarla y publicarla.

Lo decía Isabel Moya: los medios de comunicación no determinan la violencia de género, pero sí contribuyen a reforzar estereotipos acerca de ella6. Hay una larga lista de estereotipos sexistas instalados en el imaginario social y los medios de comunicación los reproducen, muchas veces sin siquiera ser conscientes de ello. Visibilizar lo inconsciente es esencial para contrarrestar la violencia de género.

En ese camino, necesitamos entender y denunciar del mismo modo esas otras causas, menos visibles, que están en los orígenes mismos de la violencia de género y sus expresiones más graves. Porque el principal problema de los femicidios es que no empiezan cuando la mujer muere, sino mucho antes, con todas esas prácticas que forman parte de los ciclos del maltrato. La prevención de la violencia de género debe comenzar mucho antes de que una persona –una mujer– necesite pedir ayuda. Ojalá nunca tuviera que pedirla.

1 Cepal (2024) Violencia Feminicida en Cifras América Latina y el Caribe. En: https://oig.cepal.org/es/documentos/boletinviolencia-feminicida-cifras-america-latina-caribe-ndeg3-actuar-sentido-urgencia

2 ONEI-CEM (2024) Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género. Indicador 24. En: https://www.genero.onei.gob.cu/indicadores/indicador24

3 Cepal (2024) Violencia Feminicida en Cifras América Latina y el Caribe. En: https://oig.cepal.org/es/documentos/boletinviolencia-feminicida-cifras-america-latina-caribe-ndeg3-actuar-sentido-urgencia

4 Idem

5 Lagarde, M. (2005) ¿A qué llamamos femicidio? 1er Informe Sustantivo de actividades 14 de abril 2004 al 14 abril 2005, Comisión Especial para Conocer y dar seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. LIX Legislatura Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. En: https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf

6 Moya Richard, I. (2014). Letra con género. Propuesta para el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. La Habana: Editorial de la Mujer.

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