Es fundamental alzar la voz y nombrar las violencias de género (VBG) en los espacios públicos y mediáticos. Esta acción rompe con un largo historial donde estas problemáticas se consideraban asuntos privados, normales e inevitables. Se ayuda a comprender que no se trata de un hecho aislado, sino consecuencia de una desigualdad estructural e histórica y de relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres.
Al nombrar la VBG se elimina la invisibilidad y el aislamiento y se la posiciona, ya no como un problema doméstico y de pareja, sino como un problema social. Además, permite tomar conciencia sobre sus causas estructurales y ayuda a romper el silencio que rodea a las víctimas y la complicidad o tolerancia social ante el maltrato.
Visibilizar esta realidad con datos claros contribuye a romper estereotipos y a desmontar los roles de género tradicionales que perpetúan la discriminación de generación en generación. También debilita eslabones patriarcales y ayuda a elaborar e implementar políticas públicas efectivas. Pero ello implica mirar la problemática con lentes de género y de derechos, e incorporar y aplicar el enfoque interseccional.
En el contexto cubano, la implementación de políticas sociales resulta determinante para erradicar la complicidad social en torno a la violencia. Cuando se dejan pasar, no se nombran y se naturalizan los comportamientos violentos, esa complicidad aumenta. La visibilización de la VBG expone realidades ocultas del entorno comunitario e impulsa a pasar de la simple sensibilización a la acción y la corresponsabilidad.
La adecuada implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), su Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, el Código de las Familias y el Programa nacional “Color Cubano” contra el racismo y la discriminación racial, entre otras, puede ampliar y amplificar las voces contra la VBG, disminuir la complicidad social e impulsar una postura activa y crítica en la sociedad.
La visibilidad del problema estimula la generación de datos y fortalece la calidad de las estadísticas e indicadores sobre la VBG. Ello constituye un acto esencial de justicia y reparación para las víctimas. Para ello se necesitan datos basados en evidencias, provenientes de investigaciones rigurosas y fuentes institucionales como el Observatorio para la Igualdad de Género, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) y el Ministerio de Salud Pública (Minsap).
Del mismo modo, aportan investigaciones el Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la Universidad de La Habana, el (CIPS) y diversas facultades universitarias a lo largo de todo el país. Es decisivo integrar estos datos cuantitativos con análisis cualitativos reflejados en historias de vida y testimonios. A través de estudios de caso se logra hacer visible aquello que la sociedad solía pasar por alto de forma sistemática. Nombrar y visibilizar la VBG trasciende el nivel de brindar información para buscar un cambio hacia la transformación de discursos y narrativas, e incorpora nuevos conceptos, o menos utilizados, pero con hechos que los demuestran y sustentan. Permite la identificación de modalidades de violencia previamente invisibilizadas por la sociedad, como la violencia vicaria, la simbólica, la obstétrica o la digital. También contribuye a la despatriarcalización del lenguaje.
En ese camino, favorece la justicia, la reparación y la prevención. Se ayuda a reparar el daño simbólico, al trasladar la responsabilidad y culpa del hecho al agresor, y transforma la imagen de las víctimas: de personas desprotegidas a agentes de derechos y articuladoras de redes, y no como víctimas pasivas. Se promueve, entonces, la identificación temprana de factores de riesgo y la construcción de relaciones basadas en la equidad y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, elementos imprescindibles para cuestionar y transformar las estructuras patriarcales. Así se incentiva la denuncia y el fortalecimiento de la recolección de datos, fundamentales para evaluar e impulsar leyes e instrumentos jurídicos. La visibilización de la VBG es vital para la sociedad, porque hace posible la desnaturalización y ruptura del silencio, el reconocimiento de las causas estructurales: contribuye a la justificación, diseño y mejora de políticas públicas, ayuda a la justicia, reparación y prevención, y transforma el discurso y los imaginarios sociales.
Aún existen brechas entre el marco normativo y la práctica. Aunque existen avances legislativos e institucionales significativos (como el PAM o el Código de las Familias), la visibilización oportuna y contextualizada sostiene la presión crítica necesaria para que estas herramientas jurídicas se traduzcan en una implementación efectiva, ágil y con verdadero impacto cultural.
Algunas recomendaciones para conseguirla podrían estar dirigidas a cuatro dimensiones fundamentales: las instituciones, el diseño e implementación de políticas públicas, el trabajo comunitario y las organizaciones sociales, y los medios de comunicación.
Estas podrían ser:
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- Acelerar la implementación de los marcos jurídicos, es decir, la transición del texto normativo a la práctica social, garantizando los recursos y la capacitación necesaria para hacer efectivas las estrategias de prevención y atención a la VBG.
- Fortalecer la generación de datos y la investigación aplicada, fomentar la articulación entre instituciones estadísticas, centros de investigación y universidades, para continuar sustentando las políticas públicas tanto en datos cuantitativos como en análisis cualitativos (historias de vida y testimonios).
- Promover la participación protagónica de las mujeres, fortalecer el tejido social y garantizar la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.
- Eliminar las narrativas sensacionalistas y victimizantes, priorizando un enfoque de derechos, dignidad y justicia.
- Diversificar los formatos e innovar en el entorno digital para conectar de manera efectiva con las audiencias jóvenes.
- Potenciar y promover un lenguaje inclusivo y despatriarcalizado.
