La Habana, octubre (SEMlac). Que un adolescente pueda formarse, conseguir un empleo y permanecer en él no debería depender del lugar donde vive, de ser mujer o de vivir con discapacidad.
Esa es una de las premisas que sostiene el proyecto “Fortalecimiento de la inclusión sociolaboral de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad”, que apuesta por la formación flexible, la certificación de saberes y una transición efectiva al empleo decente para jóvenes de 15 a 24 años, con énfasis en mujeres y personas con discapacidad.
Conocido también por el lema “Crecer en Inclusión, el proyecto fue presentado el 7 de octubre en La Habana, en el contexto de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y articula al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el de Educación (Mined), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y asociaciones de personas con discapacidad en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Israel Antonio Riverón Sánchez, coordinador del proyecto por el MTSS, recordó que el trabajo “es más que un medio para ganarse la vida: es también dignidad, autonomía, protección social y la posibilidad de aportar a la sociedad”.
La iniciativa se desarrollará entre 2026 y 2029 en cuatro municipios de La Habana —Plaza de la Revolución, Habana Vieja, Diez de Octubre y Marianao— y en los orientales de Holguín y Santiago de Cuba, en las provincias homónimas, a más de 500 kilómetros de la capital cubana
Mayelín Oliva Rodríguez, presidenta de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI), consideró que “la discapacidad no está en la persona, sino en la barrera del entorno”.
“Cuando esas barreras se quitan, el talento aparece”, dijo. La funcionaria aseguró que la más difícil de derribar es el prejuicio, pero que se puede lograr “con oportunidades y con ejemplos”. “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, enfatizó.
Brechas de partida
La línea de base del proyecto, fruto de una investigación presentada durante el taller, identificó que las brechas no son solo de acceso, sino de diseño institucional y cultural.
La oferta formativa no siempre responde a las demandas de los territorios, al nuevo tejido económico que crece en Cuba —mipymes, cooperativas y trabajo por cuenta propia—, ni a las expectativas de las y los jóvenes, explicó la socióloga Niuva Ávila, consultora del proyecto.
Escuelas y centros laborales cuentan con capacidades limitadas: falta personal especializado —incluidos intérpretes de lengua de señas—, materiales accesibles, infraestructura y herramientas para aplicar los demandados ajustes razonables, entendidos como aquellos cambios que eliminan las barreras para facilitar la inclusión laboral de todas las personas.
Además, los sectores de educación y empleo no comparten información de manera coordinada y faltan datos desagregados por sexo, territorio y diversidad funcional para tomar decisiones más precisas y equitativas.
El análisis coloca en el centro las barreras de género y de cuidados. El embarazo en la adolescencia y la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado son las principales barreras para que las adolescentes y mujeres jóvenes continúen sus estudios y se inserten en el empleo, a lo que se suma la discriminación por la maternidad, al momento de contratar.
Persisten prejuicios hacia las personas con diversidad funcional y hacia las madres adolescentes y jóvenes, en tanto la normativa jurídica que protege el derecho al trabajo es todavía poco conocida y aplicada, detalló Ávila.
De ahí que el proyecto no se limite a la capacitación, sino que apunte a transformar percepciones, prácticas y condiciones institucionales. “El proyecto que hoy lanzamos no es solo una iniciativa de capacitación, es una respuesta directa a las brechas que la línea de base ha identificado con rigor”, afirmó la viceministra del MTSS, Lixgiana Álvarez Rodríguez, durante la jornada de trabajo.
Álvarez Rodríguez explicó que su ministerio asume tres compromisos fundamentales: fortalecer los servicios de empleo para orientar y acompañar a cada joven según sus capacidades y aspiraciones; apoyar la intersectorialidad en la información sobre el empleo; y promover centros laborales inclusivos, con ajustes razonables y programas de apoyo a la diversidad.
Miradas de género
Para Teresa Amarelle, secretaria general de la FMC, no puede haber “inclusión sociolaboral posible si no hay igualdad de género”.
“Las adolescentes y las mujeres jóvenes enfrentan barreras propias y tenemos que nombrarlas para poder transformarlas. No se trata de números, se trata de personas”, subrayó.
También advirtió que “cuidar es un trabajo que sostiene la vida, pero no puede seguir recayendo solo sobre las mujeres, las adolescentes, las jóvenes. Es una responsabilidad compartida de las familias, de la comunidad y del Estado”.
Más de 9.975 adolescentes y jóvenes recibirán formación y certificación durante la implementación del proyecto, incluidas 3.491 mujeres y 1.995 personas con discapacidad.
Otras más de 2.494 accederán a empleos en centros inclusivos. De ellas, 998 serán mujeres y 873 personas con discapacidad. Se espera que al menos 70 por ciento mantenga su empleo un año después de la contratación y que el 20 por ciento de jóvenes con discapacidad en centros de cuidados, desarrollo de habilidades y ocupacionales transite al empleo o a otra formación.
El proyecto prevé 50 centros laborales inclusivos —15 con mejoras de accesibilidad física y comunicacional—, tres centros de cuidados y ocupación transicional, un sello de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva en 24 centros y la capacitación de 400 empleadores.
También incluye 25 cursos cortos vinculados a las demandas territoriales, 25 aulas anexas inclusivas, 390 educadores y empleadores formados, 30 alianzas locales, una base de datos compartida entre educación y empleo, una plataforma digital accesible y el fortalecimiento de tres servicios territoriales de empleo y tres antenas del Observatorio Social y Laboral. La campaña de sensibilización alcanzará a más de 19.700 personas.
Sunny Guidoti, representante adjunta en funciones de Unicef en Cuba, señaló que el proyecto “justamente nació de escuchar” y que por eso reúne en una misma mesa a educación, trabajo, la FMC, las asociaciones de personas con discapacidad y los gobiernos locales.
El proyecto busca dejar capacidades instaladas y aportar evidencias para políticas públicas que respalden el empleo juvenil inclusivo, porque —como se recordó durante la presentación— la inclusión no consiste solamente en participar, sino en contar con las condiciones necesarias para crecer.
