En 2018 todas fuimos feministas y a las que lo éramos antes de ese 8M que lo cambió todo — aunque no tanto como pensábamos— nos llamaban de todas partes, porque había que hacer reportajes, entrevistas, documentales y opinar sobre (ponga usted aquí cualquier tema que se le ocurra) “y feminismo”. Pero eso se acabó, amiga.
El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, el “número dos de la policía” como les gusta a los periodistas de chichinabo (qué gran expresión, ¿eh?) llamarle —no vaya a ser que se les quede algún lugar común en el portátil— ha tenido que dimitir por violar a una subordinada. Es genial, porque en los medios dicen que renunció “para no ensuciar el buen nombre de la Policía” (me maravilla que haya personas que crean que los cuerpos de represión del Estado español tienen buen nombre, pero por eso igual ya no me llaman) y un montón de mierda patriarcal más, porque los platós se han llenado de expertos en lo que te puedas imaginar, pero no de quienes señalaron, conceptualizaron, construyeron las armas y combaten la violencia machista: las feministas.
Cuando a mí me llamaban de todas partes —y no me estoy dando el pegote, salí un par de veces en la National Public Radio de Estados Unidos y dije que no a Sálvame, a Susana Griso y a Iker Jiménez, entre otros— cualquier tema era susceptible de ser analizado por una feminista, desde el reguetón hasta la Biblia. Y el título de “feminista” te lo daban, por haber salido en algún medio de comunicación diciendo cosas que antes solo se decían en asambleas o poteos postmani (no como luego, que se volvió una pegata que te podías poner, aunque fueras Ana Rosa Quintana, Ana Patricia Botín o tránsfoba). Yo fui tertuliana muchos años y es el trabajo más ruin que puede hacer una periodista, a la vez que el mejor pagado. Pero, hasta en esa época de ruindad por dinero, mantuve la responsabilidad de no hablar de algo de lo que no supiera, sobre todo si era algo de alguna relevancia, que tampoco es lo más habitual en las tertulias. Y eso que una vez aposté con unas amigas a que decía “periquito” en directo y gané.
De lo que yo sí sabía era de feminismo, y de mirar con una perspectiva feminista cualquier tema de actualidad. En general, ese trabajo consistía en decir cosas que ahora (gracias al trabajo del movimiento feminista) dicen muchas señoras comodísimas que salen en la tele, pero que entonces eran propias de chifladas, paranoicas, exageradas, aguafiestas, odia hombres. Salí de esos platós con jaqueca, con cabreos siderales, con disgustos que me duraron horas, con todos los insultos misóginos que os podáis imaginar —y con varias agresiones sexuales de encorbatados y respetables señores, por cierto— pero no dejé de ir porque fuera insoportable. Dejé de ir porque dejaron de llamarme.
Y empezaron a llamar a señoras más inofensivas que yo y las mías, que decían las mismas cosas que nosotras, pero un poco más tarde, y solo las que no dañaban las estructuras del sistema, que son las que menos molan. Uno de los tertulianos babosos me dijo un día: “Es que una cosa es ser feminista, y otra ser como tú, que quieres destruirlo todo”. “Ahora lo has entendido”, le dije. Otro, policía municipal de Bilbao, me dijo que, en la comisaría, cuando se enteraban de que compartía tertulia conmigo, “se dividían entre los que me odiaban y los que querían ponerme mirando para Cuenca”.
Y esto me trae a lo del “número dos” de la policía del Reino de España.
En la misma tertulia, entre si la masturbación produce calvicie y la vergüenza que le daba a Isa Pi decirle “te quiero” a Asraf (en tu tele pública), las televisiones hablan de un caso de abuso sexual, que siempre es un abuso de poder, pero que en esta ocasión parece uno que te pondrían en el examen para Técnica de Igualdad, para que desarrolles tu respuesta.
Lo que podría ser una oportunidad para los medios de hacer su trabajo, o sea contar las cosas con rigor, llamar a personas expertas en el tema, cumplir los tratados internacionales —en este caso el Convenio de Estambul— y los códigos deontológicos internos, profesionales y los consensuados por las instituciones se convierte en una jauría de insustanciales que disparan opiniones como si estuvieran en el tiro pichón, pero —qué casualidad, oye— siempre dan en el clavo de perpetuar el discurso que nos ha traído hasta aquí.
No es un empecinamiento de periodista que no encuentra su hueco, ni una pataleta de ortodoxa transfeminista (aunque soy las dos cosas) es una exigencia a los medios de que, igual que no llaman a Bertín Osborne para hablar de la inflación, ni a José Manuel Soto para hablar de la previsión meteorológica (aunque cualquier día), para hablar de violencia machista llamen a personas que sepan cómo tratar el tema para que los medios de comunicación cumplan su función, que no es el entretenimiento, sino ofrecer herramientas para que la sociedad esté compuesta por personas con criterio para tener conciencia crítica. Que para eso se crearon las facultades de Periodismo.
Y si llamaran a Isabel Valdés, en vez de a Cristina Tárrega, por poner un ejemplo completamente intencionado, las noticias sobre la violencia estructural que vivimos todas las mujeres y que ha asesinado a 1.349 mujeres desde que se empezó a registrar, en 2003 —y eso en cifras oficiales, donde no entran los feminicidios cometidos contra mujeres que no eran la pareja o ex del asesino porque patriarcado— se darían con la responsabilidad mínima que se le puede pedir a alguien que ejerce el periodismo. Y cumplirían con estos básicos.
La violencia machista no es un suceso. Es un crimen político, relacionado con la violencia estructural y hay que analizarla como fenómeno sistémico. Ni son casos aislados, ni están locos, ni es mala suerte, ni es una lacra. Es violencia política y la forma de contarla es clave para contribuir a erradicarla o para que resulte ejemplarizante para otras. Y quien no lo entienda, que se lea a Nerea Barjola.
La presunción de inocencia es algo que se circunscribe única y exclusivamente a los tribunales. Ni “presunta víctima”, ni “presunta agresión”, ni “no podemos juzgarle hasta que le condene un juez”. “La sociedad te puede juzgar, y es un juicio a nivel ciudadano. No te puedo condenar, porque no soy quien, pero por lo menos que haya una crítica social y que llegue a algo”. Y va entrecomillado porque no lo digo yo, sino Rocío Moya, abogada de Olympe Abogados.
No se puede exigir a una víctima que denuncie. El sistema no repara la violencia machista. Eso es un hecho y muchas lo sabemos por experiencia propia. No haber acudido a la policía o a una instancia institucional no te desacredita como víctima, ni cuestiona tu relato, ni minimiza tu derecho a reparación. (Imagínate, si el “número dos” de la Policía Nacional ha violado a su compañera/subordinada, qué te puedes encontrar en una comisaría).
No se puede revelar la identidad de la víctima, ni dar pistas sobre ella. ¿A que flipas? ¿Y cómo es posible que se digan el nombre, la profesión, la edad, detalles sobre la vida de las víctimas, se graben imágenes de su casa y se publiquen sus fotos e incluso sus redes sociales? Pues o desconocimiento o “no dejes que la dignidad de la víctima te estropee una mala noticia”, dos errores que alguien que se dedique a la comunicación no se puede permitir.
No se pueden dar detalles de la agresión. Relatar qué pasó exactamente en la agresión solo sirve para generar dolor en la víctima y alimentar el morbo de quienes quieren saber qué, por dónde, cuántas veces, en qué postura y si hay vídeo, mejor. Es decir, personas de la misma calidad humana que el agresor. Y no es un juicio moral (que también) es deontología profesional.
Una agresión sexual no es una relación sexual. No hay matrimonio infantil, ni pornografía infantil, ni es masturbación que tu jefe (sea el jefazo de la policía o Julio Iglesias) te realice tocamientos contra tu voluntad, ni lo de Rubiales era “un pico”. Acceder al cuerpo de alguien sin su consentimiento es una agresión, describirlo como sexo es contribuir al relato de impunidad y cuestionamiento de las víctimas.
Nunca es culpa de la víctima. Ni un poquito. Hiciera lo que hiciera, llevara lo que llevara, hubiera tomado lo que hubiera tomado, accediera a lo que accediera, tenga el pasado que tenga. El derecho a decidir quién, cómo y cuándo accede a tu cuerpo nunca está en cuestión. Exponerlo a debate es cultura de la violación.
Todo el mundo entiende lo que es el consentimiento. No hace falta gritar ¡no! cien veces y arañarle la cara al agresor hasta que su ADN se quede en tus uñas para que entienda que no quieres. Es obvio cuando alguien quiere seguir o no. Y quien no lo entienda necesita ayuda y quien no lo crea, no debería salir en los medios.
La información sobre cómo contar la violencia machista está en guías, manuales, talleres on line, cursos gratuitos (lo sé porque he dado muchos), en Google y en chatgepeté. Así que la ignorancia es una opción política. Aunque el mejor cursillo para hacer comunicación que no perpetúe la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales es tener conciencia feminista. A estas alturas, llamar a Cristina Tárrega (o a los señoros que se benefician de la opresión de las mujeres) en vez de a Isabel Valdés, o a cualquiera de las periodistas brillantes y en constante formación que acumulan jaquecas en tantos medios de comunicación, es decidir que la sociedad te gusta como está, y que la violencia contra las mujeres, impune y legitimada, te viene bien para tus cosas.
Y algún día, os pediremos cuentas.
