Seguridad alimentaria y Covid-19: mujeres en tensión (III y final)

Por Dayma Echevarría, socióloga, Centro de Estudios de la Economía Cubana

El análisis de los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria (disponibilidad de alimentos, acceso, consumo, utilización y estabilidad), desde la perspectiva de género y generacional, muestra la necesidad de tener en cuenta las demandas específicas de mujeres y hombres según el momento en que se encuentren de su curso de vida, como protagonistas y como personas beneficiarias de la soberanía alimentaria.

También expone la relevancia de implementar acciones que, mínimamente, no amplíen las brechas preexistentes y se propongan la promoción de la equidad. Por ello, dentro de los debates sobre la seguridad alimentaria, se observa con mayor frecuencia el abordaje de otros dos ejes: la distribución del trabajo de cuidados y la violencia de género.

En tiempos en que toda la familia está en casa y se requiere extremar las medidas higiénicas, es de esperar que los tiempos de trabajo doméstico hayan aumentado. La Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016 había identificado que se mantiene la brecha entre hombres y mujeres: ellas dedican 14 horas semanales más como promedio al trabajo no remunerado y de cuidados, independientemente de si están o no ocupadas en la economía.

Es muy probable que estas horas de trabajo no remunerado y de cuidados hayan aumentado en el tiempo de aislamiento físico y que este trabajo no esté mejor repartido, necesariamente, entre los miembros de la familia. Se le ha sumado a las labores domésticas cotidianas, el aumento de la limpieza del hogar y del lavado de ropa, así como las actividades relacionadas con cocinar y fregar, más cantidad y más veces, al estar toda la familia en casa.

Para los hogares con hijos e hijas en edad escolar, la modalidad de teleclases probablemente haya traído nuevas tensiones, al tener que atender, junto con las y los estudiantes, las tareas orientadas y distribuirlas a lo largo de la semana, en función de afectar lo menos posible el proceso de aprendizaje. El cierre de otros servicios de cuidado para personas mayores y las restricciones de su movilidad por razones de salud también aumentan la demanda de cuidados al interior del hogar. Por la división sexual del trabajo, que asigna estas funciones a las mujeres, es de esperar que sean madres y abuelas quienes apoyen a  estudiantes y personas mayores en su desempeño cotidiano.

En los trabajos remunerados que realizan las mujeres es probable que también, en las actuales condiciones, las labores de desinfección de locales recaigan como un trabajo más, sobre ellas, por considerarlas mejor preparadas para lograr una limpieza de calidad.

La inseguridad alimentaria es una injusticia social. La violencia de género es una de las expresiones extremas de esa injusticia y un elemento crucial a tener en cuenta para el análisis de la seguridad alimentaria.

La violencia de género, ejercicio de violencia sobre aquellas personas que no acatan el orden establecido por la dominación masculina patriarcal, no es un fenómeno específico de la pandemia ni de Cuba. Y aunque ellas n son las únicas, tiene entre las mujeres a sus principales víctimas. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres emitida por la Organización de Naciones Unidas en 1993, la concibe como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”[i]

En Cuba, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género aborda, desde diferentes aristas, el problema de la violencia de género. La encuesta revela que 26,7 por ciento de las mujeres entre 15-74 años había sido víctima de alguna de las manifestaciones de violencia en su relación de pareja en los últimos 12 meses, y otro 22,6 por ciento declaró haber sido víctima en algún momento de su vida. El tipo de violencia que prevalece es la psicológica y la económica. Sin embargo, la forma extrema de la violencia de género, el femicidio, tiene también presencia en nuestro país. En 2019 se reconoció por primera vez la existencia de este problema en el Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de la Agenda 2030: en 2016 la tasa de femicidios fue de 0,99 por 100.000 habitantes de la población femenina de 15 años y más.

El aislamiento físico puede resultar inseguro para las mujeres y niñas que estén viviendo en situaciones de violencia, ya que aumenta la cantidad de horas que conviven junto a los perpetradores de este acto. Además, es probable que mantengan menos contacto con su red de apoyo y se sientan más aisladas al interior del hogar, con las consecuencias de depresión y otras afectaciones para su salud mental. Las restricciones de movilidad y el cierre de servicios de apoyo, como las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, o los servicios de consejería donde existan, harán más difícil el acompañamiento oportuno de estas personas.

La crisis económica y la escasez de recursos para enfrentar la vida cotidiana probablemente aumenten la dependencia económica de estas mujeres respecto a sus parejas y exparejas. En este sentido, estos hombres pueden estar sintiendo una pérdida de poder por la inseguridad económica, el miedo a quedarse sin trabajo y el aumento del estrés, por lo que podrían elevar la frecuencia y la severidad de la violencia.

Como se ha comentado en los trabajos precedentes, no se puede aspirar a alcanzar la soberanía alimentaria si no se reconocen los diferentes puntos de partida que tienen los heterogéneos grupos humanos para lograrlo; los aportes y los costos que, a esta meta, puede hacer cada quien desde sus saberes y sus motivaciones. No hacerlo conllevaría ofrecer respuestas que probablemente no conduzcan al logro de la seguridad alimentaria y nutricional sostenible con justicia de género para todas las personas. Este es un asunto que trasciende el plano económico productivo y se sitúa en el plano político. En Cuba, además, la equidad y la justicia social forman parte de los valores del proyecto social socialista, por lo que su desconocimiento afectaría la realización de estos principios.

Las diferentes formas en que las personas disponen, acceden, consumen y utilizan los alimentos influyen también en la modalidad en que podrán aportar a la soberanía alimentaria y en los efectos que sobre cada grupo humano tendrá esta meta: para algunas personas representará una oportunidad, para otras significará mayores tensiones. Ser conscientes de ello, de las complejas relaciones de poder que  (re) producen inequidades de género y generacionales, y tomar las medidas necesarias para no ampliar brechas de equidad, debe ser un compromiso ético y práctico de la implementación de acciones que propicien la seguridad alimentaria en Cuba.

 

[i]Declaración de Naciones Unidas (diciembre de 1993) sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres “. Resolución  48/104.  Disponible (www.onu.org)

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