Contar la violencia de género no es una tarea neutra. Implica adentrarse en un fenómeno social estructural, de raíces patriarcales, que ha sido históricamente normalizado, invisibilizado y confinado al ámbito privado. En Cuba, a pesar de los avances normativos y políticos de los últimos años, el reto para los medios de comunicación sigue siendo mayúsculo: no basta con visibilizar la violencia, es imperativo hacerlo correctamente, con las herramientas teóricas y éticas que permitan transformar imaginarios en lugar de reforzarlos.
Los medios de comunicación no son meros canales de transmisión, sino productores de sentido, constructores de realidades y agentes de socialización. Como advirtiera el investigador español Manuel Martín Serrano en 1986, la comunicación masiva produce y reproduce las sociedades a nivel discursivo y simbólico; una idea que Francisco Sierra retomaría en 2007, al señalar que la mediación social ejercida por los medios se convierte en uno de los principales factores de influencia directa en la socialización de las ideologías de género.
Mediante sus agendas, encuadres y lenguajes, los medios definen qué fenómenos merecen atención pública y cómo deben ser comprendidos. En el caso de la violencia de género, su discurso puede perpetuar el sistema patriarcal que la sustenta o, por el contrario, contribuir a desafiarlo y erradicarlo.
Para analizar este proceso, resulta fundamental la teoría del framing o de los encuadres. Esta perspectiva explica que los medios no reflejan la realidad, sino que la interpretan y la organizan. Un frame es, como definiera e 1991 el académico estadounidense James Tankard junto a otros autores, «una idea central de organización para el contenido de las noticias que suministra un contexto y sugiere cuál es el problema a través de la selección, énfasis, exclusión y elaboración».
En el tratamiento de la violencia de género, los encuadres predominantes pueden ser altamente dañinos: desde el sensacionalismo que revictimiza, hasta la exposición de detalles morbosos que justifican al agresor o culpabilizan a la víctima. La investigadora española María Isabel Escribano González, en su tesis doctoral de 2014 sobre los encuadres de la violencia de género en la prensa española, demostró que estos marcos interpretativos condicionan la comprensión pública del fenómeno.
Un encuadre con perspectiva de género, por el contrario, debe contextualizar el hecho como parte de una estructura de desigualdad, analizar sus causas y evitar la espectacularización, tal como plantearan Reese, Gandy y Grant en su obra Framing Public Life (2001), donde advirtieron que a través de los encuadres se pueden adivinar cuáles son los principios que rigen y ordenan la noticia.
El lenguaje periodístico se convierte así en una herramienta de doble filo. Un lenguaje claro y preciso es esencial, como recordara Gonzalo Martín Vivaldi en su clásico Curso de redacción (1987), pero también debe ser ético. Es necesario evitar términos y expresiones que, incluso sin intención, reproducen estereotipos sexistas. Las periodistas Ania Terrero, Danielle Laurencio y Dixie Edith Trinquete, en su estudio Violencia de género y medios de comunicación (2021), identificaron que palabras como «crimen pasional», «celos» o la descripción de la vestimenta o conducta de la víctima revictimizan y quitan responsabilidad al agresor. El desafío es construir un discurso que promueva una representación justa y balanceada de mujeres y hombres.
Un concepto clave para entender la sutileza de esta violencia es el de violencia simbólica. Esta no se ejerce mediante agresiones físicas directas, sino mediante la imposición de significados y representaciones que naturalizan la dominación masculina. Los medios de comunicación son un espacio privilegiado para su reproducción.
En su libro Las palabras tienen sexo II (2007), las periodistas argentinas Sandra Chaher y Sonia Santoro describieron cómo el binomio masculino-femenino determina la asimetría social que la cultura profesional de los medios reproduce, tanto en los contenidos como en las dinámicas internas de producción.
La maestra cubana de periodistas Isabel Moya, fundadora de la Cátedra de Género y Comunicación «Mirta Aguirre», del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, y directora durante años de la Editorial de la Mujer, sistematizó en 2013 las principales características del discurso sexista en los medios: invisibilización de la mujer, subordinación, uso del lenguaje discriminatorio, naturalización, traslado de responsabilidades, victimización, espectacularización y cosificación.
Frente a este panorama, emerge la necesidad de un periodismo con perspectiva de género. Esta no es una mirada exclusiva para mujeres, ni un tema más a añadir a la agenda. Se trata, como definiera la argentina Susana Gamba en 2011, de una forma de observar y analizar la realidad que reconoce las relaciones de poder desiguales entre los géneros, que son socialmente construidas y que atraviesan todo el entramado social.
Aplicar esta perspectiva implica una revisión crítica de las rutinas productivas, la selección de fuentes, los encuadres y el lenguaje. Es un imperativo ético que busca la equidad y la transformación social, como recogen Ania Terrero y Liannet Gómez en sus Cuadernos académicos de Comunicación Social: Género y Comunicación (2023).
En el contexto cubano, este desafío adquiere particularidades propias. La aprobación de la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la violencia de género y en el escenario intrafamiliar (2021), el Código de las Familias (2022) y el nuevo Código Penal (2022) colocan al país en un buen punto de partida para la protección de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.
Estas normas reconocen la violencia de género como un problema estructural y de derechos humanos, y otorgan a los medios de comunicación un rol fundamental en su prevención y enfrentamiento. La propia Estrategia Integral, en su artículo 4, define la violencia de género como «la forma extrema de la discriminación por motivos de género» y la reconoce como una problemática compleja y estructural fundada en la desigualdad jerárquica entre hombres y mujeres.
Sin embargo, la distancia entre la letra de la ley y la práctica periodística es considerable. Persiste una falta de datos oficiales públicos y accesibles sobre la incidencia real de la violencia de género, lo que dificulta la producción de trabajos periodísticos con sustento empírico. Trinquete advirtió en 2024 que «no se puede atender lo que no se ve», y la falta de estadísticas sistemáticas y actualizadas sigue siendo uno de los principales desafíos.
A esto se suma la ausencia de protocolos institucionales en las redacciones. El tratamiento del problema queda, en gran medida, sujeto a la sensibilidad y voluntad individual de los periodistas, lo que lo convierte en un esfuerzo episódico y vulnerable a la rotación de personal.
La investigación de Terrero, Laurencio y Trinquete (2021) ya había identificado que la aparición del tema estaba mayormente asociada a coberturas puntuales y desde géneros netamente informativos. La tesis de Alejandra Cuadras, Miradas violetas (2025), sobre el tratamiento de la violencia de género en Cubadebate, confirmó esta tendencia: al igual que la investigación Violencia de género. Relatos desde los medios, un esfuerzo conjunto de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina y el Caribe (SEMlac), en alianza con la World Association for Christian Communication (WACC), con fondos de Brot für die Welt
Existe también una brecha entre la formación académica y la práctica profesional. Aunque muchos periodistas han recibido capacitación en género, esta no se traduce sistemáticamente en las rutinas productivas.
La propia profesora Isabel Moya advirtió en 2013 que resulta difícil aplicar el enfoque de género si no se practica primeramente algún tipo de activismo individual y señaló que los profesionales de la prensa prefieren optar por otros campos más convencionales dentro del periodismo y no ven el género como un área de profundización. La perspectiva de género no se consolida con cursos puntuales, sino con la creación de condiciones institucionales que la hagan exigible: políticas editoriales claras, espacios de capacitación continua y criterios de calidad que trasciendan la buena intención.
El camino hacia un periodismo que realmente contribuya a erradicar la violencia de género en Cuba requiere, por tanto, una transformación estructural. Implica superar el modelo de cobertura episódica y reactiva para transitar hacia una estrategia que integre el enfoque de género como un valor editorial transversal. Significa democratizar el acceso a fuentes expertas, huir de la comodidad de los discursos oficiales y atreverse a problematizar la brecha entre las leyes y su aplicación real.
Como escribiera Moya, se trata de aspirar a un periodismo que pueda «problematizar la realidad, que lleva a la reflexión y que tiene la capacidad de transfigurar el machismo, el sexismo, la homofobia, el racismo, es decir, que tiene la capacidad de crear una contracultura». En definitiva, se trata de asumir que contar la violencia no es solo informar sobre un hecho, sino contribuir a construir una sociedad más justa e igualitaria.
* Stephany Lorente Sánchez es licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana y actualmente profesora de su Facultad de Comunicación. Este trabajo resume algunos de los principales resultados de la búsqueda teórica y conceptual de su tesis de licenciatura.
