Desde décadas atrás, se inició un proceso de actualización del modelo económico y social que, entre otros cambios, resultó en el abandono de la política de pleno empleo, la cual había sido enarbolada desde 1959 con el inicio de la construcción de un proyecto social socialista, que garantizaba una contención a inequidades en este campo.
Los cambios más recientes denotan que la política de empleo se aleja del objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que promueve el crecimiento económico inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Así se abre un mercado de trabajo que trae consigo algunas complejidades.
La aprobación de nuevos actores económicos abrió paso a nuevas formas de gestión de la economía y del empleo, que en ocasiones parecen olvidar el contexto legal.
Autores como Susset Rosales Vázquez y Arelys Esquenazi Borrego sistematizan investigaciones sobre el empleo y presentan un conjunto de tendencias observadas a partir de 2010. En su artículo “Panorama laboral en el contexto internacional y en Cuba: Primer diagnóstico de brechas”, publicado en 2017 en la Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, alertan sobre el dinamismo geográfico del sector no estatal y su contribución a las desigualdades sociales. También advirtieron sobre la disminución de la tasa de participación económica y el aumento de las brechas de participación laboral entre hombres y mujeres.
La revisión de cifras recientes confirma las desventajas que las mujeres enfrentan en la participación laboral remunerada. En 2024, ellas representaban solo 38,4 por ciento de la población dentro de la fuerza de trabajo y 38,3 por ciento de la población ocupada, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO), publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en 2025.
Estudios de diversos autores develan el trasfondo patriarcal de estas diferencias en Cuba1. Otros, como Marizol Ruano Duany y Disney Montoya González (2021), dan fe de la violencia económica hacia las mujeres, incluso cuando logran participar en el mundo laboral, según publicaron en 2021 en el artículo “La violencia económica hacia las mujeres. Una mirada desde la Universidad de Oriente”, en la revista Santiago.
Entre otros asuntos, denuncian la sobrecarga de trabajo en la esfera doméstica, que limita su desempeño laboral, y la construcción de una esfera pública alejada de las dinámicas familiares, lo que impide una real conciliación.
Poco se ha debatido sobre las diferencias en la ocupación por sexo según sectores. En 2024, el sector estatal agrupaba a 68,5 por ciento de los ocupados y el no estatal a 31,5 por ciento. La participación de las mujeres es desigual: constituyen 45,9 por ciento en el sector estatal y sólo 21,7 por ciento en el no estatal, según datos de la ONEI. Esto invita a indagar sobre el acceso a los empleos en cada sector.
Existe un proceso intermedio poco reconocido: la búsqueda de empleo. En este momento de negociación, afloran elementos estructurales del sistema social. En el nuevo contexto cubano, los empleadores del emergente sector privado «adicionan complejidad a las ya existentes relaciones patriarcales en el espacio laboral», aseveran Rosales y Esquenazi.
Complicidad entre anuncios y redes
El mercado laboral también tiene lugar en las redes sociales, lejos de los mecanismos formales. Este se ha convertido en un espacio para dinamizar interacciones, pero también para actos de discriminación y violencia. En grupos de empleo se encuentran anuncios con requisitos basados en la apariencia física, la edad, la práctica religiosa o la situación familiar.
Estos anuncios, provenientes mayormente del sector privado, continúan estereotipando roles, como que el trabajo doméstico es una actividad propia de mujeres. Las relaciones patriarcales se entrelazan con otras desventajas, como la lejanía del lugar de trabajo o la dificultad de acceso.
La perspectiva de género, de la mano con un enfoque interseccional, permite observar las diversas formas de discriminación que confluyen con la condición de ser mujer. Una mujer con hijos, de apariencia fuera de los estereotipos, con edad no considerada «apropiada», fundamentalmente no joven, que viva lejos de los centros urbanos y sin acceso a dispositivos electrónicos, queda prácticamente excluida del mercado laboral.
Esos anuncios discriminatorios parecen desconocer el Decreto 96 de 2023, que establece el Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral (GOC-2023-811-EX66). Este protocolo tiene como objetivo prevenir y enfrentar actos de discriminación, asegurar un entorno laboral libre de violencia, establecer mecanismos de protección y promover espacios de escucha. La segregación horizontal en el empleo en Cuba no es solo resultado de prejuicios que condicionan a la mujer a decidir por una ocupación u otra. También es el resultado de violentar el derecho desde el acceso al puesto laboral.
Al analizar la ocupación por sexo según la entidad, se observa la baja presencia femenina en calidad de socias. En las micro, pequeñas o medianas empresas privadas o mixtas, las mujeres constituyen sólo 20,3 por ciento de los socios. En las Cooperativas de Producción Agropecuaria son solo 9,2 por ciento y en las no agropecuarias, el 9,4 por ciento, refiere la ya citada fuente oficial.
El acceso de la mujer como líder de emprendimiento constituye un avance, pero al ser mayormente hombres los propietarios se les otorga un poder simbólico sobre las empleadas o aspirantes femeninas. Una amalgama de factores mezcla la cultura patriarcal, las difíciles condiciones de vida, la división sexual del trabajo y la falta de institucionalidad que abre el camino al incumplimiento de las normativas.
La informalidad en el empleo
La ocupación informal se define como cualquier actividad para producir bienes o prestar servicios que, en la legislación o en la práctica, no esté efectivamente cubierta por sistemas formales, según la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo.
En Cuba, a partir de 2023, se recogen los datos de la informalidad partiendo de reconocer como informal a todo trabajo que se realiza por una remuneración o beneficio, pero carente de vínculo con la seguridad social, tanto dentro como fuera del sector estatal. La mayor desventaja, para las mujeres en particular, se encuentra en no poder disfrutar del derecho a la licencia por maternidad.
Según la ENO, la ocupación informal alcanza 20,1 por ciento de la ocupación total, con una participación masculina de 77,2 por ciento y femenina de 22,8 por ciento. En cifras absolutas: existen 831.063 ocupados informales, de ellos 749.094 en el sector no estatal y 81.969 en el sector estatal. La informalidad es significativamente mayor en el sector no estatal.
Del total de mujeres ocupadas de manera informal, 83,6 por ciento se encuentra en el sector no estatal. Dentro de este sector, las trabajadoras por cuenta propia sin trabajadores contratados constituyen el 34,9 por ciento; las contratadas por trabajadores por cuenta propia, 18,9 por ciento; y las contratadas por otro privado o los hogares, el 11,6 por ciento. Estos grupos aportan el mayor peso a la informalidad femenina.
Las trabajadoras domésticas, contratadas informalmente en hogares, enfrentan requisitos discriminatorios y la precariedad asociada al empleo informal, con períodos laborales cortos o trabajos eventuales, que las ubican en extrema vulnerabilidad.
El contexto socioeconómico de elevada inflación y pérdida del valor de los salarios constituye un caldo de cultivo para esta informalidad, donde la remuneración se ajusta más rápidamente a los elevados costos de vida. Este contexto hace que tanto hombres como mujeres migren hacia ocupaciones de mayor remuneración, pero en situación de desprotección, donde las mujeres cargan además con el peso de relaciones patriarcales.
Concretando propuestas
Ante los desafíos en el mercado laboral, es imprescindible hacer cumplir el Código de Trabajo, el Protocolo de actuación y toda norma que proteja a los trabajadores, en especial a las mujeres, desde el propio momento de la búsqueda de empleo.
Se requiere el perfeccionamiento de políticas laborales que miren de manera focalizada las necesidades de las mujeres, desde un enfoque interseccional. Estas políticas deben dialogar con el resto de políticas sociales, para ampliar el apoyo estatal a las familias y aliviar la carga de cuidado.
Para potenciar la participación de las mujeres en el sector privado debe ponerse énfasis en su participación en calidad de propietarias, lo que les otorga poder económico personal.
El desarrollo de emprendimientos privados como espacio de mayor crecimiento en la economía en Cuba no puede soslayar las políticas sociales que intentan responder a las diferencias y vulnerabilidades existentes.
Es imprescindible trabajar por horarios de trabajo más flexibles y potenciar el teletrabajo, para facilitar a los trabajadores (hombres y mujeres) cumplir con su trabajo y con las obligaciones familiares. Para ello se debe perfeccionar la legislación laboral vigente. Todo ello debe ir a la par de continuar educando en la corresponsabilidad y la distribución de roles en las familias.
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1 Pueden consultarse los artículos “Migración y recursos laborales: una mirada a la relación de género”, de Iliana Benítez y Dixie Edith Trinquete y “Vulnerabilidad trabajo y mujeres en clave de protección social: aprendizajes para épocas de pospandemia en Cuba”, de Wilder Naranjo y Dayma Echevarría, ambos publicados en la revista Novedades en Población.
