La Habana, junio, (SEMlac). – Envejecer, migrar, decidir cuándo tener hijos, cuidar o necesitar cuidados es parte de una misma realidad demográfica que Cuba enfrenta hoy, en medio de una profunda crisis económica. Pero responder a esos desafíos no depende solo de estadísticas ni de políticas para aumentar la natalidad: exige colocar los derechos, la igualdad de género y las desigualdades territoriales y sociales en el centro de las decisiones.
Ese fue uno de los principales consensos del Diálogo Político sobre el Contexto Demográfico Cubano, realizado este 22 de junio en la sede del Sistema de Naciones Unidas en La Habana, donde autoridades cubanas y representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) analizaron sobre cómo responder a las transformaciones poblacionales sin sacrificar derechos.
La respuesta, coincidieron, pasa por construir resiliencia demográfica, un concepto que trasciende las cifras de población para poner el foco en la capacidad de las instituciones, las políticas públicas y las comunidades de adaptarse a una sociedad que cambia aceleradamente.
“No es una idea abstracta”, afirmó Paula Narváez, directora regional de UNFPA para América Latina y el Caribe. Se trata de una herramienta que permite adecuar servicios, políticas e infraestructuras a las necesidades reales de la población desde una perspectiva de derechos, tanto en la planificación de largo plazo como en la gestión cotidiana, explicó.
La funcionaria del UNFPA insistió en que resulta imprescindible colocar la inteligencia demográfica al servicio de la toma de decisiones y contar con información desagregada que permita identificar quiénes enfrentan mayores vulnerabilidades y cómo responder de manera más efectiva, incluso en contextos de emergencia.
En Cuba, esa respuesta se articula mediante la Comisión Gubernamental de Atención a la Dinámica Demográfica, que coordina el trabajo intersectorial desde el nivel nacional hasta los gobiernos locales, apoyado en observatorios demográficos que asesoran la toma de decisiones en los territorios, explicó Ami Valhuerdi, integrante de esa comisión.
Las cifras muestran la magnitud del reto
A finales de 2020 Cuba contaba con 11,2 millones de habitantes; cinco años después la población apenas supera los 9,4 millones, una disminución de alrededor de 1,7 millones de personas, explicó Juan Carlos Alfonso, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
Si bien la emigración impacta, sobre todo, a personas en edades productivas y reproductivas —entre 15 y 64 años—, Alfonso señala que lo más complejo del momento demográfico cubano es otro fenómeno: el decrecimiento natural de la población, es decir, que mueren más personas de las que nacen.
De mantenerse las tendencias actuales, para 2050 el país tendría entre 7,1 y 7,7 millones de habitantes, mientras las personas de 60 años y más continuarían siendo el único grupo poblacional que crecería en términos absolutos.
Ante ese escenario, garantizar derechos a lo largo de toda la vida se convierte en uno de los principales desafíos de la política demográfica cubana.
Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la Universidad de La Habana, explicó que la política demográfica cubana prioriza la fecundidad desde los derechos sexuales y reproductivos, la atención al envejecimiento, el empleo y la migración, incorporada por primera vez de forma explícita como objetivo de una política pública.
El especialista advirtió, sin embargo, que esos objetivos conviven con desafíos estructurales: una economía cada vez más envejecida, la reducción sostenida de la fuerza laboral, las persistentes brechas territoriales en la fecundidad adolescente, el déficit habitacional, la desigual distribución de los cuidados y la permanencia de patrones sexistas que siguen limitando la autonomía de las mujeres.
Cuidados en el centro del cambio demográfico
El envejecimiento acelerado obliga a repensar quién cuida y bajo qué condiciones. Para Marisol Alfonso, jefa de la oficina del UNFPA en Cuba, esa respuesta no puede seguir descansando sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, sino en redistribuir los cuidados como un derecho y una responsabilidad compartida.
Con ese propósito, el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida avanza en su implementación desde el nivel nacional hasta los municipios, dijo Ariel Fonseca, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, quien subrayó que las mujeres cubanas dedican, en promedio, 14 horas semanales más que los hombres al trabajo de cuidados.
Fonseca explicó que el sistema apuesta por la corresponsabilidad entre familias, Estado, comunidad y actores no estatales que comienzan a prestar servicios.
Ese cambio también obliga a transformar las instituciones. Alberto Fernández Seco, jefe del Departamento de Atención al Adulto Mayor y Asistencia Social del Ministerio de Salud Pública (Minsap), advirtió que un sistema de salud diseñado históricamente para la atención materno-infantil enfrenta hoy una población cada vez más envejecida y una creciente demanda de ayudas técnicas para personas mayores, en medio de múltiples carencias. Precisó que 1,3 por ciento de la población cubana necesita cuidados permanentes y 2,2 por ciento, cuidados diurnos.
Aunque persisten brechas significativas, comienzan a observarse señales de cambio. Según Valhuerdi, más de 700 hombres trabajan ya como asistentes sociales a domicilio y 135 han sido reconocidos oficialmente como cuidadores de hijos e hijas con discapacidad severa, figura que contemplaba únicamente a las madres.
A juicio de la jurista Arlin Pérez Duharte, las transformaciones demográficas también exigen respuestas desde el ámbito legislativo. Destacó que el Código de las Familias incorporó por primera vez el cuidado como un derecho explícito y reconoció la diversidad de las familias cubanas, además de fortalecer la autonomía y la protección de las personas mayores.
Sin embargo, advirtió que la eficacia de ese marco jurídico dependerá de su aplicación, para lo cual consideró imprescindible fortalecer la capacitación de jueces, fiscales y abogados con enfoque de género, cuidado e interseccionalidad; ampliar el acceso a la justicia familiar, especialmente en zonas rurales; y disponer de mejores estadísticas, que permitan sustentar las decisiones judiciales.
Fecundidad adolescente, un desafío persistente
Entre los indicadores que generan mayor preocupación figura la fecundidad adolescente, cuyo descenso no ha seguido el mismo ritmo que el resto de los indicadores demográficos. Durante el encuentro se informó que la de zonas rurales casi duplica la registrada en áreas urbanas. En 2024, el 18,3 por ciento de todos los nacimientos del país correspondió a mujeres menores de 20 años.
Para Catherine Chivás Pérez, jefa del Programa Materno Infantil de Salud Pública, ampliar el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y escuchar a adolescentes y jóvenes en el diseño de los servicios son dos pasos esenciales para reducir el embarazo adolescente. Como parte de ese esfuerzo, el UNFPA ha contribuido a que más de 19.000 adolescentes accedan a esos métodos anticonceptivos, además de apoyar proyectos dirigidos a fortalecer la atención integral de esta población.
Desde la Federación de Mujeres Cubanas, Judith Ferreiro consideró que la prevención del embarazo adolescente y la corresponsabilidad en los cuidados son dos de los ejes que más estrechamente vinculan el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres con la dinámica demográfica. La especialista también reconoció el apoyo de esa agencia a la salud sexual y reproductiva durante situaciones de emergencia provocadas por huracanes.
Francisco Pichón, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, recordó que precisamente en esos escenarios suelen incrementarse riesgos como la violencia basada en género y el embarazo adolescente, que no pueden quedar relegados frente a otras necesidades humanitarias como el acceso a alimentos, agua, vivienda o servicios básicos.
Desde otra perspectiva, la ministra de Educación Naima Trujillo subrayó que la prevención del embarazo adolescente y la construcción de relaciones más igualitarias no pueden recaer únicamente sobre la escuela. Recordó que en los últimos meses se afectó la asistencia a espacios educativos de entre 17.000 y 23.000 niñas, niños y adolescentes, como consecuencia de la crisis energética y de transporte en el país, lo que refuerza la necesidad de respuestas articuladas entre instituciones, familias y comunidades.
El encuentro tuvo lugar en el contexto del nuevo Programa de País del UNFPA para Cuba (2026-2030) y coincide con la visita oficial a la nación caribeña de Narváez y de Thomas Anders, director de país del UNFPA.
La aspiración es avanzar hacia “un país con cero embarazo adolescente, cero mortalidad materna, cero violencia basada en género y una transición demográfica con enfoque de derechos”, resumió Narváez.
