La violencia económica y patrimonial contra la mujer es una forma de violencia basada en género que se ejerce mediante el poder, el control y la restricción de sus recursos económicos. Esto afecta su autonomía personal, económica y social, y perpetúa su dependencia. Es reconocida como una de las formas de violencia de género más invisibilizadas, con un impacto que atraviesa todas las áreas de la vida de la víctima y de su familia, reforzando además otras formas de violencia de género.
De acuerdo con la publicación por los 40 años de la Agenda Regional de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de 2017 y las actualizaciones de CEPAL-OIT de 2025, la violencia económica se sustenta en cuatro nudos de la desigualdad:
- La desigualdad socioeconómica y pobreza persistente.
- Los patrones culturales patriarcales y cultura del privilegio.
- La división sexual del trabajo y organización injusta del cuidado (nudo crítico).
- La concentración del poder en el ámbito público y jerarquías de género.
Según el Estudio de la violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja, del Ministerio de Igualdad de España, realizado en 2023, las manifestaciones de la violencia económica se pueden estructurar en tres categorías principales: control económico, sabotaje laboral y explotación económica.
El control económico se manifiesta en un acceso inconsulto a cuentas bancarias personales, ocultamiento de la distribución de los recursos familiares, exigencia de rendición de cuentas detallada y evidencias de gastos mínimos, entre otras variantes.
El sabotaje laboral puede presentarse a partir de la prohibición de trabajar o estudiar para ascender, de la interrupción del horario laboral (llamadas constantes o visitas no deseadas) y de falta de colaboración en el hogar para impedir el desarrollo profesional de la mujer.
La explotación económica, una de las manifestaciones de mayor dominio, se evidencia en la asignación de cuotas sin negociación previa, uso no autorizado de tarjetas bancarias, apropiación del salario de la mujer o exigencia de poderes notariales sobre sus bienes, y trabajo no remunerado o mal pagado en negocios familiares.
La violencia económica institucional también se constata entre estas manifestaciones de violencia que laceran la dignidad de las mujeres. Esta se expresa en las barreras, dificultades y obstáculos institucionales para que las mujeres soliciten o reciban ayudas económicas estatales o sociales. Son manifestaciones que generalmente se invisibilizan, porque se normalizan y no se concientiza que representan formas de ejercer fuerza y poder sobre la mujer y su situación económica.
Reconocer y abordar esta forma de abuso es fundamental para garantizar que las mujeres puedan reconocer los primeros síntomas de violencia económica y se comiencen a dar pasos a la recuperación, en lugar de continuar dentro del ciclo que la genera y la sustenta.
La evidencia empírica en Cuba, de acuerdo con datos de encuestas nacionales realizadas por la ONEI y otras instituciones, constata la presencia de violencia económica contra las mujeres en todas sus manifestaciones, asociadas a realidades, estereotipos y mitos que la sustentan.
El 16,2 por ciento de las personas, indica la Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016, (ENIG, 2016), percibió el poder económico del hombre, consideró que éste debe tener una posición económica superior y apoyó la asimetría económica en la pareja. En una parte de la población se manifestaron concepciones sexistas que colocan al hombre como la figura que debe tener el mayor poder económico, señalando que ellos pudieran sentirse en desventaja con respecto a su pareja, si la propietaria de la vivienda es la mujer (22,9%) y si ella tiene una remuneración económica (20,1%). En general, estos resultados apuntan a que muchos hombres se sienten amenazados por la autonomía económica de las mujeres. Estos estereotipos sexistas sustentan la violencia económica contra la mujer.
Manifestaciones de la violencia económica
El tipo de violencia más frecuentemente experimentado por las mujeres alguna vez unidas en sus relaciones de pareja, según la ENIG 2016, es la psicológica y, en segundo lugar, la económica. Casi siempre la económica suele acompañarse de la psicológica y son múltiples sus manifestaciones concretas. Se evidencia el sabotaje laboral al no permitir que las mujeres se incorporen al trabajo, o al imponer que tengan que pedir permiso a su pareja para trabajar o para ocupar responsabilidades de dirección.
El control económico se expresa en conductas controladoras y prohibitorias como, por ejemplo: le ha controlado su dinero, o ha gastado el dinero que se necesitaba para la casa ⎯esta fue la manifestación más declarada por las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia en la ENIG 2016. La explotación económica se constata en el sometimiento, al tener que pedir permiso para hacer gastos cotidianos, cuando el hombre se niega a dar dinero para los gastos de la casa, le ha privado del uso de objetos o bienes necesarios y le ha quitado su dinero.
La invisibilización de los cuidados y la carga de trabajo no remunerado persisten, se debe potenciar aún más el valor económico del trabajo doméstico y de crianza, y redistribuir la sobrecarga de estas tareas. Las mujeres, según la misma fuente, dedican a ellas 14 horas más a la semana que los hombres, lo que reduce el tiempo disponible para empleo formal y descanso.
En relación con la fuerza de trabajo femenina, todavía es baja la incorporación a la actividad laboral. Según la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO) 2024, publicada en 2025 por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), solo 38,3 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada son mujeres, lo cual expone a un grupo considerable de las no vinculadas laboralmente a riesgo de violencia económica, al ser dependientes y no lograr autonomía; además limita la independencia financiera y el acceso a seguridad social.
Aunque la mayoría de las mujeres encuestadas por la ENIG 2016 estuvieron en desacuerdo con el enunciado “las mujeres deben soportar la violencia por su seguridad económica y el bienestar de sus hijos(as)”, 12,2 por ciento de ellas apoyó ese parlamento. El elevado rechazo a este mito denota de algún modo un avance respecto a épocas, en cuanto a concepciones en que las mujeres debían permanecer en la relación de pareja, justamente por su falta de independencia económica y por mantener una familia unida. No obstante, aún existe una brecha entre el discurso y la práctica.
Los resultados de la ENIG 2016 muestran la persistencia de brechas de género en la carga total de trabajo de hombres y mujeres. Estos resultados no han cambiado y han sido constatados en otros estudios, en años recientes, por la Red de Estudios sobre el Cuidado, el Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la Universidad de La Habana y el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (Cips), entre otras instituciones. Existe una responsabilidad doméstica asumida, fundamentalmente por las mujeres, donde siguen siendo ellas las principales responsables del cuidado, acompañamiento y atención, temporal y permanente, de familiares dependientes, todo ello sustentado por la existencia de un patrón tradicional de distribución de tareas que revela desigualdades.
Según la ENO 2024, un grupo importante de personas se dedican al trabajo de autoconsumo. Las personas en la producción para el autoconsumo se definen como todas aquellas personas en edad de trabajar que, durante un período de referencia corto, realizaron alguna actividad para producir bienes o prestar servicios para uso final propio. El 76,9 por ciento de las personas de 15 años y más realiza alguna actividad de autoconsumo, de las cuáles 57,8 por ciento son mujeres. En conjunto (ambos sexos), dedican como promedio 6,6 horas a la semana en este tipo de trabajo no remunerado: las mujeres dedican 7,4 horas semanales y los hombres, 5,3 horas. Este es un trabajo esencial, pero invisibilizado y sin remuneración directa.
Hacia el cambio social y la transformación
Se evidencia una transición de género, que se expresa en la convivencia entre modelos tradicionales y nuevas concepciones de equidad potenciadas por las políticas sociales y programas en implementación. Está reconocida la violencia económica en el marco normativo, en la Constitución de 2019, el Programa para el Adelanto de las Mujeres y la Estrategia de prevención y atención a la violencia de género y familiar; también en el Código de las Familias y en el nuevo Código Penal.
Los desafíos de estas políticas y normas jurídicas están en su implementación efectiva, en que sean capaces de generar cambios de ideas y pensamientos para desestructurar estereotipos y avanzar en un espectro de percepciones y comportamientos que abarcan posturas contradictorias entre sí:
-Desde la creencia de que el hombre debe tener más poder económico que la mujer, hasta una mayoría que rechaza que la mujer deba «aguantar» por seguridad económica.
-Desde quienes consideran que las mujeres aún piden permiso para gastos cotidianos y cargos de dirección, hasta la aceptación creciente de que las decisiones se tomen sin importar quién gane más.
-Desde la afirmación de que los hombres discuten por celos y problemas económicos (rol de proveedor), hasta que los hombres no declaran malestar cuando la pareja tiene mayor nivel escolar o cargo.
Es un desafío la invisibilización de la violencia económica, debido a la «normalización» cultural que conlleva. El abordaje debe centrarse en desarticular su nudo estructural, la división sexual del trabajo, y fomentar la corresponsabilidad en los cuidados desde una perspectiva de género, derecho e interseccionalidad.
