La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra la Mujer fue resultado inicial de un acuerdo tomado por las participantes en el 1er Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en Bogotá en 1981 y aceptó la solicitud de la delegación de República Dominicana para rendir homenaje, de esa manera, a las hermanas Mirabal: Minerva, Patria y María Teresa y con ellas a las muchas mujeres en el mundo víctimas de la violencia en todas sus formas. La fecha fue reconocida en 1999, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como el Día Internacional de no más Violencia Contra las Mujeres, enmarcado dentro de la campaña de las Naciones Unidas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Asumo entonces el título de campaña permanente, porque aunque mucho hemos avanzado desde entonces, más allá de las muchas acciones que se realizan entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, tenemos pendientes todavía importantes desafíos en materia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Al conmemorarse en 2019 el vigésimo aniversario de la proclamación por la ONU de ese Día de la No Violencia contra las mujeres, no podemos sentirnos satisfechas con lo logrado porque la violencia de género sigue siendo aún una epidemia silenciosa, que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el mundo, tal como lo corroboró el primer informe global sobre violencia de género impulsado por la OMS, titulado “La violencia contra las mujeres es un problema global de proporciones epidémicas”. En ese texto, desde el título, se anuncia el carácter de pandemia de este problema social. En él se confirma que el responsable del 38 por ciento de todas las mujeres asesinadas ha sido su pareja y corrobora que estos homicidios son a menudo el resultado final de una fallida respuesta social, sanitaria y penal a la violencia de la pareja” [i].
Retomando esta conclusión, centraré mis apuntes en la importancia de la respuesta de la sociedad, en particular de la sociedad cubana, desde sus instituciones, en la ineludible tarea de atender y prevenir la violencia contra las mujeres. Por esa razón, no me extenderé en teoría sobre este problema, ni en estadísticas que den cuenta de él, sino en la urgencia concentrarnos en la deuda que aún tenemos con las mujeres que reciben violencia y requieren de esa respuesta.
En Cuba se constata el despliegue de numerosas iniciativas de acción para la lucha contra la violencia de género en diferentes instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y organismos que están contribuyendo a la ampliación de ese quehacer, con iniciativas pioneras a tener en cuenta para el perfeccionamiento de la estrategia de atención a la problemática en el país.
La trascendencia de estas acciones se verifica en la creciente actividad a favor de la No Violencia en el país, tanto en las organizaciones e instituciones, como a nivel de la población.
Una acción importante para el logro de esos objetivos fue la creación, en 1997, del Grupo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, coordinado por la Dirección Nacional de la FMC, e integrado de forma permanente por representantes de todos los organismos e instituciones del Estado cuyo encargo social los relaciona con la atención y/o prevención de la violencia de género e intrafamiliar. Su objetivo fue diseñar y cumplimentar un plan de acción conjunto y fundamentar propuestas a otros factores de la sociedad, con el encargo de atender de manera integral este problema social.
El accionar de ese grupo estuvo encaminado a la capacitación, al trabajo preventivo- educativo, la atención social a las víctimas, al análisis de la legislación y su aplicación en esta materia, a la divulgación y al fomento de las investigaciones. Numerosas e importantes han sido sus aportaciones al trabajo para desmontar las prácticas violentas contra las mujeres en el país.
Un objetivo muy importante del grupo fue el referido al acercamiento entre la ciencia y la práctica social, así como vencer el reto de introducir el enfoque de género en los análisis y en el sistema nacional de estadísticas para visibilizar a las mujeres en todos los procesos que tienen lugar en el país.
Sin dudas, el trabajo del Grupo Nacional vino a llenar un vacío que predominaba en la sociedad cubana respecto al problema de la violencia de género. Con certeza puede hablarse de un antes y un después, pues marcó un hito, sobre todo en la labor con las instituciones nacionales, reticentes en muchas ocasiones a incluir entre sus objetivos la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Ese espacio de concertación interinstitucional fraguó la diáspora que ya se percibe en las muchas iniciativas de acción de organismos, organizaciones, especialistas y activistas a lo largo del país, al colocar el problema de la violencia de género como tema de debate social y asunto de incumbencia de las instituciones y organismos centrales del Estado cubano, contribuyendo con ello a la concienciación de amplios sectores de la población y de los decisores políticos.
Sin embargo, sus acciones no tuvieron carácter vinculante y sus propuestas, al ser recomendaciones para el accionar institucional, no conllevaban obligatorio cumplimiento. Esta característica se convierte en la principal debilidad del trabajo del Grupo Nacional y la causa fundamental que llevó a la interrupción de su labor. Por eso, el reto mayor en la actualidad lo constituye la imperiosa necesidad de que un organismo de la Administración Central del Estado dirija y coordine esta labor, como una actividad de responsabilidad estatal.
En la última década, los debates y diálogos públicos en torno al problema se han ido ampliando y profundizado y se constata una mayor producción en su investigación científica por parte de profesionales y estudiantes de distintas especialidades, sobre todo de las Ciencias Sociales y de la Salud. La incorporación del estudio de las causas, consecuencias y características de la violencia de género en el ámbito académico ha sido lenta, pero representa un importante adelanto. Pese a las limitaciones que aún existen, es evidente que en este período se ha logrado una mayor sensibilización y concientización social sobre la violencia contra las mujeres como problema social y su desnaturalización es un objetivo en marcha.
Evidencia de lo logrado se consigna en que, en 2012, la conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba reconoció la necesidad de enfrentar la violencia de género e intrafamiliar, lo que luego se plasmó en los lineamientos del Partido y se consagró en la “ley de leyes” cubana, aprobada en 2018. En la nueva Constitución de la República se reconoce que “el Estado protege a las mujeres de la violencia de género en cualquiera de sus espacios y crea los mecanismos institucionales y legales para ello”. De tal manera, su plasmación en una ley especial es proceso que debe derivarse del mandato constitucional y contribuir con ello a materializar las propuestas sobre su necesidad, que desde el Grupo Nacional para la Atención, Prevención e Investigación de la Violencia Familiar (en 2007), y de muchos expertos en materia legal, se han producido en todos estos años.
Sin dudas, la visibilización en las leyes de la violencia de género es un aspecto importante a tener en cuenta, porque eso facilita la actuación en el marco de la legalidad contra la impunidad de los maltratadores, pero en este sentido es importante tener en cuenta que una ley por sí sola no contribuye a acciones eficaces, pues si los encargados de aplicar las leyes no poseen una adecuada conciencia de género ni la preparación específica que requiere la administración de justicia en esta materia, así como la concreción de importantes cambios culturales a nivel social que tributen a la creación de nuevos imaginarios y actitudes sociales no sexistas sobre el problema de la violencia, la ley se convierte en letra muerta, como nos advierte la experiencia de numerosos países.
Un ejemplo claro de esta afirmación lo constituyen los casos de España y Suecia, donde las violaciones aumentaron en un año en más 30 y 10 por ciento, respectivamente, pese a poseer leyes integrales y mecanismos estatales para su implementación. Resulta significativo que en España la media de víctimas mortales por violencia de género viene siendo la misma desde 1999, sin variar tras la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres en 2004. Y aunque existen agencias donde las víctimas pueden acudir a denunciar, solo se denuncian el 10 por ciento, al igual que hace 15 años. Aumentan las agresiones sexuales contra las mujeres cada vez más violentas y las denuncias de las víctimas se reducen[ii].
En lo práctico e inmediato, resulta importante que cualquier cambio legislativo vaya encaminado a la vertebración de la promoción de un nuevo paradigma, jugando un papel de sostén de otras muchas políticas, con sus protocolos correspondientes en cada área de implicación, estableciendo una red de coordinación comunitaria, con criterios creados a partir de la voz de las mujeres, vigilante y con la plasticidad necesaria para ir adaptando su dinámica a los cambios sociales y estructurales.
Es necesario, entonces, diseñar e implementar estrategias preventivas y de atención a las víctimas que ofrezcan una respuesta integral y logren cristalizar esfuerzos compartidos de articulación institucional en las instancias políticas, legislativas, judiciales, educacionales y comunicacionales, entre otras, cuyos efectos positivos se podrán visualizar a mediano y largo plazo.
Aunque el aumento de la sensibilización social parece estar entre las causas que han llevado a un mayor reconocimiento de la violencia personal directa contra las mujeres, esta no es sino la parte más visible, la punta de un iceberg formado por otras violencias, como la estructural y la cultural, por las que se relega a las mujeres a posiciones sociales desde las que no pueden tener el control sobre sus propias vidas. El género se modela por determinantes ideológicos, históricos, religiosos, étnicos, económicos y culturales y las relaciones de género afectan a la forma en que hombres y mujeres participan en los procesos económicos, sociales y políticos que condicionan su vida[iii].
No es posible perder de vista que la violencia de género trasciende los actos evidentes de violencia directa (física, psicológica, sexual, económica o social), para abarcar también a los más complejos de violencia estructural y cultural. Las estructuras patriarcales como la ideología machista son, en sí mismas, formas de violencia basadas en el género, a la vez que fundamentan, explican y justifican las distintas manifestaciones de violencia directa. Por eso, en el empeño de diseñar una respuesta integral, es importante visibilizar y desmontar los mecanismos estructurales y culturales de la violencia de género, ya que ellos permiten su legitimación y reproducción social.
Los estudios realizados por nuestro equipo y otros numerosos especialistas sobre este problema social dan cuenta de aspectos que muestran los vacíos que aún tenemos para lograr una atención integral a las mujeres que viven cotidianamente la tragedia de la violencia de género y que se convierten en retos a asumir para que la atención- prevención sea eficaz.
Uno de ellos está relacionado con el desconocimiento que muestra la mayoría de las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas, de las instituciones que existen, las cuales pueden y están en el deber de apoyarlas o ayudarlas a hacer frente a tan deleznables actos.
La segunda, vinculada con la anterior, se refiere a la falta de apoyo y la sensación de abandono y soledad que experimentan casi todas las mujeres entrevistadas en los estudios. Para ellas resulta claro que están en una situación de aislamiento real o autoasignado, que les impide compartir siquiera con sus allegados el vía crucis que atraviesan. No solicitan ayuda por vergüenza, por miedo, porque muchas veces confían en el cambio del maltratador, por evitar problemas a terceros que puedan implicarse, por desconocimiento de sus derechos y otras muchas razones, pero en todos los casos confirman que sienten mucha necesidad de ayuda y apoyo.
Las respuestas dadas por las mujeres evidencian que no siempre las acciones de concienciación e información que realizamos en todos estos cónclaves llegan e incluyen a las verdaderas protagonistas: las víctimas silenciadas y silenciosas, que son el objetivo primero de nuestras acciones. Llegar e incluir a las mujeres maltratadas no es tarea sencilla, pero resulta clave si queremos de verdad atender adecuadamente este problema social de manera integral, entendiendo la atención – prevención de la violencia contra la mujer como un concepto único: “La atención y prevención son dos procesos muy interrelacionados, una efectiva concepción de la atención al problema de la violencia debe ser integral, por lo que trasciende las medidas y acciones para garantizar la protección, seguridad y el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Debe incluir también la elaboración y aplicación de una estrategia de prevención que promueva cambios en las actitudes individuales, los conocimientos, la conciencia de género y las habilidades de las personas, con el objetivo de desnaturalizar la violencia de género en la cultura, lograr eliminar los mitos e ideas erróneas subyacentes al fenómeno, así como dotarlas de herramientas para detectar y reconocer el maltrato físico, psicológico y sexual y actuar en correspondencia con ello”[iv].
Me permito subrayar algunas reflexiones sobre los retos pendientes (además de los ya apuntados), que esbozamos durante el 1er Coloquio Sobre Violencia de Género, Prostitución y Trata de Personas, auspiciado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), en noviembre de 2013, los cuales han sido enriquecidos en debates y estudios posteriores a esa fecha y son resultado del incremento sostenido del quehacer de especialistas y actores sociales comprometidos en la labor por la no violencia en Cuba (coloquios, congresos, Talleres del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (Proness), los Encuentros Nacionales de Investigadores e Investigadoras sobre Violencia de Género convocados por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes), entre otros, para el debate científico de lo que se produce en esta materia en el país y para la búsqueda de consensos teórico- prácticos sobre los modos de actuación en materia de atención -prevención).
Un elemento inicial que se impone es la ampliación de las investigaciones enfocadas en la recolección y el análisis de datos empíricos en entornos donde existe poca información, y en adquirir un entendimiento más profundo de la violencia de género mediante una combinación de datos empíricos y teoría social y de género, que incluya diferentes actores y utilice diversas metodologías que favorezcan la elaboración de estrategias de prevención y la aplicación y evaluación de leyes, políticas y programas. La ampliación de estudios de prevalencia nacional contribuiría a perfeccionar el conocimiento sobre las características y manifestaciones de la violencia de género en el país, como vía para perfeccionar la atención y la prevención a este problema social.
Es esencial hacer frente a los “factores socioculturales de aceptabilidad” y, sobre todo, actuar con los niños, pues sabemos que quienes viven la violencia en su infancia recrean esos patrones más tarde. Por eso es esencial actuar en la educación desde edades tempranas e incluir estos saberes en los currículos de las especialidades cuyo perfil se relaciona con la atención y/o la prevención de este mal social. Los medios de comunicación tienen una función esencial en esta tarea.
En Cuba existe un abanico de instituciones cuyo encargo social tiene que ver directa o indirectamente con la prevención de la violencia y/o con la atención a las víctimas en alguna de las fases del ciclo, pero la mayoría no posee protocolos especializados que guíen las acciones y delimiten las funciones y responsabilidades de las mismas en ese accionar, ni mecanismos vinculantes para el quehacer institucional en esta materia.
Al no ser reconocida aún de manera general por la población, el abordaje institucional de la violencia contra las mujeres se dificulta, sobre todo cuando quienes tienen ese encargo carecen de los conocimientos, de las herramientas teórico- metodológicas y de la imprescindible perspectiva de género para llevarlo a buen fin.
Las relaciones entre las distintas instituciones y organizaciones, que en el ámbito comunitario desarrollan acciones para prevenir y ayudar a las víctimas de la violencia, no son sistemáticas. No están pautadas por objetivos ni tareas planificadas. Se guían más por las demandas o las necesidades puntuales que por una intención coherente de acción.
Es necesario ampliar cada vez más el trabajo en y por la comunidad, llevar las acciones a los espacios de intervención, implicando a los actores que tienen la obligación de atender a las víctimas desde su accionar institucional u organizacional.
Resulta de suma importancia que las mujeres maltratadas conozcan sus derechos, así como los procesos y procedimientos a seguir, además de los recursos institucionales de apoyo de los que disponen. También es imprescindible que los profesionales de la atención social, sanitaria, de emergencia, policial o jurídica tengan la capacitación y formación plena y puedan guiarse por protocolos de atención adecuados en correspondencia con las especificidades que requiere el tratamiento de esta problemática, para que puedan ofrecer acompañamiento, derivación e intervención integral. El horizonte de las intervenciones institucionales debe orientarse a reforzar la autonomía de las mujeres, huyendo de una victimización generalizada y de iniciativas que contribuyan a instalar a la víctima en el victimismo.
El trabajo con los hombres es imprescindible porque allí está una de las claves de la prevención: no basta para desmontar las bases culturales el trabajo de concienciación de mujeres, urge hacerlo con los hombres, que son en última instancia quienes se encuentran en la base del sistema de dominación patriarcal. Es necesario, aunque no sea sencillo, desarrollar estrategias para desactivar los mecanismos sociales que “enseñan” a los humanos a establecer relaciones asimétricas de poder basadas en el control de los más fuertes y la subordinación de los más vulnerables, dígase, la dominación masculina y a resolver las diferencias de opinión y los conflictos a través de la violencia y no a través de la negociación.
Uno de los puntos vulnerables en la prevención y atención de este problema social es la escasez de vínculos interinstitucionales que a través de una estrategia nacional definan, coordinen, den seguimiento y evalúen un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente, para lograr un trabajo coherente e interconectado desde el nivel nacional hasta el local. En ese sentido, se requiere la creación de una Estrategia Integral, que aborde en sistema todos los componentes de ese proceso e incluya la coordinación intersectorial bajo la égida de una institución del Estado, la participación activa de los ciudadanos, el acompañamiento comprometido de los especialistas e instituciones e implique a toda la sociedad en un proceso creciente de concientización y movilización para rechazar la violencia de género.
Por otra parte, la falta de preparación específica y la no apropiación de la perspectiva de género de quienes tienen la responsabilidad de llevar a vías de hecho la ejecución de las acciones para atender este problema social no facilita la consolidación de planes, programas y acuerdos intersectoriales que comprometan un trabajo menos fragmentado y con la efectividad suficiente para llegar a las víctimas que la padecen.
Una reflexión necesaria, que no podemos eludir en esta propuesta tiene que ver con la imperiosa necesidad de perfeccionar y/o crear servicios especializados que brinden una atención integral a las víctimas de la violencia, e incluyan atención, derivación y acompañamiento, asesoría, apoyos (emocional, legal, psicológico, económico, etc.), recuperación y empoderamiento, más allá de los paliativos que imperiosamente han de brindarse en circunstancias de emergencia.
Al referirnos a la integralidad de los servicios, hablamos, en primer lugar, de un conjunto de acciones que en una perspectiva estratégica brinden a las mujeres el apoyo y las herramientas necesarias para lidiar con la violencia y recuperar su condición de sujetos de manera definitiva. Pero no es posible lograr la integralidad si esa estrategia no incluye como un objetivo principal trabajar a favor de la prevención, porque ella es la que contribuirá a desmontar en la cultura las concepciones que naturalizan e invisibilizan la violencia de género en la sociedad. Si no logramos implicar a la sociedad toda en un proceso creciente de concientización y movilización para rechazar la violencia, los esfuerzos no serán completos.
Se ha documentado a nivel internacional que es posible interrumpir el ciclo de la violencia, y limitar el impacto sobre la salud y la identidad de las mujeres, cuando reciben intervenciones adecuadas que permitan a las receptoras de violencia recuperar su capacidad de autogestión para construir proyectos de vida sin violencia. Si queremos lograr ese objetivo, es imprescindible pasar del decir al hacer mancomunado de los actores sociales, el Estado, las instituciones y todas y todos los que estamos comprometidos con la batalla por la No violencia hacia las mujeres. El reto es enorme, pero mayor es el compromiso de quienes estamos implicados en la atención de este problema social con las muchas mujeres que sufren la violencia
[i]OMS, (2013) “La violencia contra las mujeres es un problema global de proporciones epidémicas”, Informe.
[ii] Jovaní Roda, Esther (2018) “Acompañamiento de la víctima: Evitar la victimización secundaria”. Ponencia presentada al Congreso de LASA 2018, Barcelona, España.
[iii] Martínez Román, Mª Asunción (2005) REV Feminismo/s, 6, diciembre, pp. 49-64. España
[iv] Proveyer, C., Clotilde (2014) El papel de la comunidad y de sus actores sociales en la atención a la violencia de género: La experiencia de los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) en Cuba”. Ediciones CLACSO. Colección Becas de Investigación. 1ra edición Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
