Elevar el conocimiento y la cultura jurídica es paso indispensable para detectar vulneraciones a los derechos laborales de la población joven y poder exigir el cumplimiento de las normas y leyes que les amparan, reconocieron juristas y especialistas de varias disciplinas.
«Hoy las mayores motivaciones salariales y laborales para la población joven están en el sector privado de la economía», reconoció Liset Mailen Imbert Milan, jurista de los Servicios de Orientación Jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), durante el Taller de Formación de Competencia para la denuncia de vulneración de derechos sexuales a jóvenes en Cuba.
«Pero a la vez se trata de un sector que, a menudo, ofrece trabajo informal, sin contratación, a veces para evadir la contribución fiscal por uso de la fuerza de trabajo», advirtió la experta, basada en casos de este tipo que han llegado al Cenesex en busca de ayuda y orientación por actos de discriminación amparados en el criterio de selección de los empleadores.
«Todo esto puede llevar a la desprotección de ese trabajador o trabajadora que es una personas joven, en plena formación laboral», reflexionó Imbert Milan al intervenir en el taller, organizado por el Cenesex con apoyo del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) de República Dominicana.
Entre otros casos, por ejemplo, está el de la joven que no es aceptada o contratada por estar embarazada o porque, aún sin estarlo, es una certera candidata a embarazase pronto, por su edad.
O el de exigencias y requisitos para determinados empleos, de cara al público, que requieren de «buena apariencia» o determinados rangos de edades.
La jurista precisó que también preocupa y ha sido motivo de demanda de asesoría la excepción vigente en el Código de Trabajo, referida a la autorización que pueden dar padres y tutores para que jóvenes de 15 a 17 años se incorporen al trabajo.
Además de existir una contradicción desde lo legal con normas internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y dictados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la especialista aludió a lo que llamó dispersión legislativa en las normas cubanas para determinar el momento en que se deja de ser menor para considerarse persona adulta, con responsabilidad propia.
En Cuba, la personas se considera plenamente responsable a los 16 años, la edad escolar obligatoria es 17 años, que es también la edad laboral; pero se considera que se empieza a ser mayor de edad a los 18 y esa edad puede bajarse, incluso, con diferencias para mujeres y hombres, en caso de matrimonio.
Si bien para unas personas esa excepción puede significar una oportunidad, para otras supone la pérdida de un derecho, en lugar de una garantía, por aproximarse o confundirse incuso con el trabajo infantil.
Otros temas complejos tratados por la jurista del Cenesex, que apuntan a vacíos o áreas de desprotección, tienen que ver con situaciones relativas al acoso laboral, por tratarse de hechos que generalmente ocurren de forma muy solapada, sin testigos ni pruebas, lo que limita la denuncia y actuación de los tribunales y la justicia.
Otro tanto ocurre con la confidencialidad que debe guardarse acerca de la seropositividad al VIH de las personas, que se irrespeta desde el momento en que se exige una prueba de VIH como requisito en un chequeo previo o se maneja y difunde el diagnóstico por varias personas en la comunidad.
«Lo primero que fala es cultura jurídica por parte de la personas jóvenes que buscan empleo, pero también de los empleadores, que no cumplen lo establecido en el Código del Trabajo», recalcó Imbert Milan.
Durante el taller se abundó también en otros temas, como las características y evolución que ha tenido en Cuba el VIH, el sida, su comportamiento en la población de personas trans, así como el trabajo de perfeccionamiento del sistema de atención a la población de la Fiscalía y la resiliencia o capacidad para enfrentar positivamente situaciones adversas.
Este taller se inserta entre las acciones que desarrollan los Servicios de Orientación Jurídica del Cenesex para reflexionar en torno a los derechos sexuales y humanos, así como las vías posibles para actuar, orientar y acompañar a la ciudadanía en esos procesos, en alianza y articulación con otras instituciones del país.
El Cenesex avanza en la construcción de un Sistema de Gestión que próximamente quedará disponible en la web disponible en la web y permitirá notificar de forma digital, desde diversos puntos del país, cualquier tipo de actuación que atente contra los derechos sexuales y reproductivos.
«Este sistema no suplanta ninguno de los mecanismos existentes, pero sí será un salto importante en nuestro trabajo de atención y orientación, nos permitirá un mejor seguimiento de los casos e intercambio con las personas», explicó Ivón Calaña Pérez, quien dirige los Servicios de Orientación Jurídica de esa institución.
