La protección y bienestar de infantes y adolescentes tiene, en su nacimiento, una concepción social y cultural; sin embargo, parte directamente desde lo judicial y, antes de que existiesen acuerdos internacionales, estos grupos de edades fueron gravemente desamparados.

El enfoque de derechos humanos en estas etapas de la vida defiende la participación y carácter activo de infantes y adolescentes en la sociedad,  ya no solo como sujetos de cuidados. Actualmente, los avances en relación con la preocupación social por ambos grupos etarios han acrecentado los mecanismos de protección y hacen del tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño, aceptada como Ley Universal por la inmensa mayoría de los países del mundo, un instrumento legal que cada Estado, miembro firmante, Cuba entre ellos,  debe integrar a su legislatura.

Con la firma de la Convención se introdujo una nueva perspectiva relativa a la infancia y la adolescencia, en la cual estos grupos de edades se constituyen como sujetos activos, con protagonismo, no cosificados; insertos en un sistema familiar y social, que debe conocer, respetar y fomentar el ejercicio de los derechos de manera libre. Es así que los procedimientos sociales y judiciales, incluso los administrativos y de salud, deben velar por garantizar a cada niño, niña y adolescente sus derechos en torno a la protección, seguridad, bienestar e inclusión social.

La Unicef reconoce que Cuba se destaca como un caso excepcional en la región de América Latina y el Caribe, pues infantes y adolescentes disfrutan de una calidad de vida superior a los recursos que tiene el país y las carencias en estos grupos se deben más a necesidades de insumos que a políticas inadecuadas. El texto de la convención se publicó en Cuba en la Gaceta Oficial, en diciembre de 1991, y a partir de su ratificación, como en todos los países, se inició un proceso de adecuación de toda la legislación existente sobre políticas de infancia a la nueva ley, aunque hasta ese momento la protección a niñas, niños y adolescentes había sido una de las prioridades del gobierno cubano. 

En el ámbito de la salud, los temas que históricamente han preocupado y ocupado han estado relacionados con la educación sexual, el acceso a los medios anticonceptivos, el embarazo en la adolescencia, la salud y la lactancia materna, entre otros.  Pese a lo señalado, existen incongruencias a nivel comparativo de lo que está normado con lo que acontece en la realidad. Es el caso de la vulneración de los derechos de infantes y adolescentes con cuerpos intersexuados y la existencia de vacíos legales que no favorecen su protección.

La intersexualidad supone un cambio profundo de paradigmas y evidencia la resistencia a una forma incluyente de entender y cons­truir el sexo y el género de las personas. Tal resistencia se observa en la atención de salud de estas personas y de la sociedad en general que, por temor, desconocimiento y prejuicios, perpetúa y agrava las violaciones a sus derechos humanos, sea por acción u omisión.

En el terreno jurídico, se analiza que las intervenciones tempranas, bajo el principio de la beneficencia, se hacen bajo la tendencia patologizadora de los cuerpos intersexuales y una necesidad imperiosa de corregir la “anormalidad”; al costo de violar los derechos de información y decisión de las y los pacientes. Respecto a los bebés, los padres son los únicos autorizados a brindar su consentimiento, en el caso que les sea pedido. Algunos especialistas afirman que la ausencia de un estándar jurídico uniforme crea incertidumbre y afecta a las personas intersexuales y trans, quienes sufren marginación por la cultura patriarcal y binaria. Desde el Derecho, se obliga a seleccionar uno de los dos estereotipos sexuales para obtener reconocimiento legal y, por tanto, se niega la libertad de asumir una identidad de género intersexual.

Según expertos en el tema jurídico, la intersexualidad plantea múltiples retos al sistema legal, social y político, pues cuestiona los fundamentos de la definición de sexo, reta la cultura binaria y el poder médico. En 2018, el tercer número de la revista mexicana Dfensor dedicó sus páginas al tema de la intersexualidad y los derechos humanos y denunció en su editorial las múltiples barreras sociales que enfrentan las personas intersexuales; por ejemplo, la negación del reconocimiento de su personalidad jurídica relacionada con la asignación sexual binaria en documentos oficiales –como las actas de nacimiento–, así como la práctica de intervenciones médicas –procedimientos para la normalización de la apariencia genital– a escasa edad, sin tomar en cuenta su derecho a decidir sobre modificar la conformación de su propio cuerpo, lo que además no considera el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

El paradigma actual de atención de salud a personas intersexuales en Cuba está basado en los principios de la ética médica tradicional y, aunque existe un creciente acuerdo internacional profundamente arraigado en los principios de los derechos humanos para prohibir las intervenciones médicas no consensuadas con las personas intersexuales, según el algoritmo clínico, las cirugías genitales deben ocurrir temprano en el desarrollo para prevenir que la niña se masculinice, no solo en su inteligibilidad corpórea, sino también en su inteligibilidad psíquica.

El tratamiento quirúrgico de los genitales en la temprana infancia ha sido y es cuestionado por diferentes actores, por su impacto en diversas áreas de la vida; no es concordante con el paradigma bioético de respeto a la autonomía y la beneficencia hacia los pacientes y supone una lesión de los derechos fundamentales del menor con intersexualidad. Sin embargo, la reconfiguración de la anatomía genital permanece como una intervención estándar en el manejo de la intersexualidad humana.

En Cuba, en los trabajos de atención psicológica a personas adultas que recibieron cirugía genital en la temprana infancia se han identificado procesos psicológicos asociados a las intervenciones quirúrgicas que son indicadores de sufrimiento humano: presencia de alienación corporal y alienación sexual, depresión profunda, ansiedad e insatisfacción con la nueva apariencia genital, con impacto negativo en la calidad de vida y la forma de disfrutar o negar la sexualidad. Por otra parte, el secreto médico y/o familiar acerca del diagnóstico y de las cirugías genitales efectuadas condujeron a un estado de silencio, soledad personal y angustia familiar; mientras que las múltiples intervenciones médicas a lo largo de la vida propiciaron el desarrollo de la medicalización del estado intersexual, con consecuencias negativas para el sentimiento de autovalor  personal. Ambos, el secreto y la medicalización, eran fenómenos omnipresentes con impacto negativo en el desarrollo de la identidad personal. 

Un estudio psicográfico muy reciente sobre las características psicológicas de infantes y adolescentes diagnosticados de intersexualidad con cirugía genital, publicado en la Revista Cubana de Endocrinología, mostró que los indicadores globales relevantes de los dibujos denotaron daño emocional, dificultades en la aceptación, percepción y representación del esquema corporal y también en la comunicación social y familiar.

Sobre la base de los hallazgos de similar manejo de las situaciones que afectan a las personas intersexuales y sus familias en la región de Latinoamérica, se ha propuesto un algoritmo de intervención integral e integrada para atender estos casos en el ámbito hospitalario y la creación de protocolos médicos ajustados al Caribe. Se propone: la revisión del modelo actual de atención de salud, sus debilidades y fortalezas; la creación de un algoritmo de atención que paute la conducta a seguir en cada caso, con acompañamiento psicológico al paciente y la familia desde los primeros momentos; la centralización de la atención por el equipo multidisciplinario especializado a nivel nacional y provincial; el impostergable mandato de que todas las criaturas con variación genital sean evaluadas por una comisión nacional transdisciplinaria; la formación y capacitación profesional para poder establecer cambios profundos en los diferentes modos de acercamiento (asistenciales, investigativos o de otro tipo), que privilegien el respeto a la persona en su dignidad humana; la necesidad de abrir el debate en la comunidad científica acerca de los principios que sostienen las Guías de Buenas Prácticas en Cirugía Pediátrica, entre otras.

A partir de estos resultados, se ha destacado la necesidad del cambio de este paradigma por otro de derechos, bioético y humanista, que privilegie el respeto por los derechos humanos y abarque, además de los aspectos biológico-médicos, los demás involucrados: sociales, psicológicos, culturales, éticos y legales. Un paradigma en el cual se garantice la integración de estos aspectos en la atención de salud.

La lucha a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las criaturas intersexuales engloba diversos actores y discursos, en los cuales es preciso rescatar el pluralismo a favor de una concepción más amplia sobre intersexualidad y los diferentes ejes temáticos que la interceptan. Como imprescindible resulta fomentar acciones jurídico-legales de las instituciones encargadas de implementar las políticas sobre el cuerpo y las sexualidades, que deben ser guiadas a generar gratificaciones, goce, paz, armonía y valores humanos.

La violencia del sistema binario de sexo, género y cuerpo puede y debe ser reducida hasta su completa eliminación, para crear y proporcionar entornos seguros de atención de salud y apoyo para las personas intersexuales y sus familias, mediante el trabajo por el cambio de patrones culturales prejuiciosos que aún perviven en las instituciones de salud que atienden a esta población y sus familiares y que marginan y estigmatizan.

Las cirugías cosméticas realizadas en los cuerpos de niñas y niños intersexuales han sido profundamente cuestionadas desde lo ético-jurídico-político, al violar la integridad corporal y la autonomía decisional de las criaturas intersexuales. Un amplio sector de actores vinculados al campo de la intersexualidad defiende que la asignación inicial a un sexo no tiene que llevar implícita la asignación quirúrgica y que el niño o niña debe ser respetado en su integridad y autonomía, debe tener la posibilidad de decidir acerca de la necesidad de modificarlo o no en el futuro, con pleno conocimiento de las consecuencias de cada decisión.

Aún existen prejuicios, tabúes, mitos ancestrales y fantasías sobre la intersexualidad, sobre las creencias de monstruosidad que históricamente le han sido asociadas. Este es uno de los problemas más complejos para la comprensión del tema, por su inmediata asociación con el hermafroditismo, término peyorativo que en el imaginario social  representa, literalmente,  a un individuo con pene y ovarios; esta creencia pervive incluso en el personal sanitario, lo que impide crear espacios más igualitarios, inclusivos, y representativos.

El cambio de actitud es cardinal.  Es necesario crear espacios de investigación y salud donde prevalezca un discurso libre de definiciones arbitrarias y excluyentes, que justifican el uso de etiquetas, clasificaciones y procedimientos médicos que perpetúan la medicalización de las intersexualidades. La apertura a nuevas posibilidades de escucha, de estrategias en el pensar y el hacer, que favorezcan la comunión entre especialistas y la reflexión acerca de la necesidad de ampliar las categorías de análisis para desnaturalizar la concepción binaria de los cuerpos, géneros, y sexos,  y deconstruir el machismo y el sexismo existentes.

Hay un vacío enorme de información y referentes respecto a las intersexualidades, no solo en la población general, sino en el colectivo médico, psicológico y terapéutico. Las intersexualidades per se no conllevan ningún tipo de psicopatología o problema psicológico asociado. Al igual que cualquier persona, son las vivencias que experimentan las que van configurando el bienestar psicológico.

Es preciso establecer, a nivel institucional, modelos de atención integral y transdis­ciplinaria que, mediante acciones afirmativas y no patologizantes, prioricen el bienestar psicosocial y psicosexual de las personas intersexuales; que garanticen y protejan sus derechos a la integridad física y mental, a la autonomía, a la autodeterminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación. Lo que es esencial para el logro de una ciudadanía plena.

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