El niño es todo movimiento; sus manos no paran mientras juega con el muñeco de peluche, pero escasamente levanta la cabeza y habla en tono muy bajo.
Cerca, en la misma habitación alfombrada, limpia y colmada de juguetes para escoger, un hombre le habla con calma y confianza. Poco a poco pasan las primeras tensiones y el niño responde a sus preguntas, le cuenta un secreto muy bien guardado: le dice todo lo que le hizo su amigo, el vecino, más de una vez, a unas puertas de su casa.
Así comienza y transcurre una de las entrevistas grabadas en el Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en la capital cubana, donde se recibe y ofrece atención especializada a menores de edad que han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual.
“Esa exploración se graba. Es importante para poder esclarecer el hecho. Al niño se le entrevista una sola vez, para evitar victimizarlo nuevamente”, explica Niurka Ronda, perito forense y directora de la institución, adscrita al Departamento Nacional de Menores del Ministerio del Interior y que radica en una casa de un apartado reparto residencial de La Habana.
El propósito de tal proceder es obtener una prueba documental grabada, que sirva para presentar al tribunal, ante el cual se evita por todos los medios que comparezca la niña o el niño agredido. Una instrucción del Tribunal Supremo ampara la legalidad de esa exploración como prueba.
Pero es también una forma de atender, tratar y aliviar a las víctimas infantiles del abuso sexual, en sus más diversas variantes. “Son niños que llegan con grandes dificultades en el proceso de comunicación, distraídos y con alto nivel de ansiedad”, explica Grether Ortiz Antón, especialista del centro.
La intervención con juegos, manualidades, contactos con animales afectivos y otros entretenimientos ayudan a diluir tensiones, facilita la comunicación y hace que los entrevistados hablen con fluidez.
En funcionamiento desde hace tres años, el centro abrió sus puertas por vez primera a la prensa nacional y extranjera a finales de enero último, durante la celebración en la capital cubana de una Conferencia Regional de Protección Infantil. Próximamente abrirá otro similar, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, y luego otro al centro de la isla.
Sus espacios están dotados con modernos equipos de audio y grabación, que permiten mantener el clima de confianza y monitorear las entrevistas desde una habitación aledaña, en presencia de otros especialistas, el abogado de la defensa y un fiscal que vela por los derechos del menor. Para ello ha contado con la colaboración de la organización no gubernamental británica Child Protection Development Trust.
“La entrevista es muy importante, sobre todo en los casos de abuso lascivo, en que no hay prueba; sólo el testimonio del niño. Son delitos en solitario, únicamente queda el daño vivido por el niño, su testimonio de lo que le sucedió”, comentó Ronda durante un recorrido por sus instalaciones, en el que participó SEMlac.
El abuso sexual consiste en obligar o persuadir a un niño o niña para que participe en actividades sexuales adultas, frente a las que no puede dar un consentimiento informado.
La norma jurídica cubana lo define como «cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro, con el fin de obtener una gratificación sexual del adulto”.
O bien, “cualquier contacto sexual con un niño realizado a través del uso de la fuerza, amenaza, o el engaño para asegurar la participación del niño; o también el contacto sexual para el que el niño es incapaz de ofrecer su consentimiento en virtud de la edad o de la disparidad de poder y la naturaleza de las relaciones con el adulto».
El Código Penal recoge este tipo de actos bajo el título Delitos contra el Normal Desarrollo de las Relaciones Sexuales y contra la Familia, la Infancia y la Juventud. El texto establece distinciones entre agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual y exhibicionismo, y recoge igualmente las figuras de explotación sexual y corrupción de menores.
De acuerdo con fuentes oficiales, el 34 por ciento ocurre en menores de 6 a 10 años y 31 ciento entre los 11 y 13 años, con mayor incidencia en las niñas (75,9 %).
Estos casos suponen menos del cinco por ciento del total de los hechos delictivos denunciados y en el 90 por ciento los victimarios suelen ser identificados y procesados. Las condenas pueden oscilar entre cuatro y 30 años, y hasta la pena de muerte.
Sin embargo, otros muchos casos no llegan a conocerse nunca. Con razón a este tipo de acto se le llama “el secreto mejor guardado”, pues niñas y niños que lo han padecido suelen callar o les ocultan a sus padres y familiares lo que le sucede. A veces por temor a las amenazas de que son objeto, otras porque piensan que no van a creerles o se sienten culpables.
