El Programa nacional para el adelanto de las mujeres (PAM) es un mecanismo político para garantizar derechos ya reconocidos en la Constitución, pero también una herramienta para acompañar el necesario proceso de reforma legislativa que se requiere hoy en Cuba, coincidieron especialistas en un panel virtual este 17 mayo.
Si bien constituye un paso más en el camino por erosionar al patriarcado en el archipiélago caribeño, según Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex); también marca desafíos y retos en relación con todo lo que aún está pendiente.
“Queda mucho por hacer porque el patriarcado, como buen sistema ideológico, se reinventa de muchas maneras”, precisó la psiquiatra Ada Alfonso, también especialista del Cenesex y otra de las participantes en el intercambio.
Con transmisión por la red social Facebook, el panel «El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres: oportunidades para enfrentar la homofobia y la transfobia» fue parte de la XIV Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que transcurre de forma virtual hasta el 30 de mayo.
Para Yamila González, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (Unjc) y tercera panelista, el PAM se ubica “en la coherencia y correspondencia que tienen que tener nuestras políticas públicas y nuestras normas jurídicas” con el texto constitucional aprobado en 2019, que abre paso y a la vez resulta ”sombrilla” para el marco legislativo y político en el país.
González ve el PAM muy relacionado con esa proyección hacia “la igualdad efectiva” que trajo la Carta Magna y que pasa por una serie de transformaciones de normas jurídicas que ya no están respondiendo al contexto actual de la nación y deben transformarse para cerrar brechas que todavía tenemos.
Entre los cuerpos legales a modificarse, la especialista mencionó el Código de las Familias, “que será llevado a consulta y aprobación popular” y que constituye una norma sustantiva “de una amplitud tremenda”.
Igualmente, citó las leyes procesales en materia civil, laboral, administrativa; el Código Penal y la Ley de Salud, entre otras normas que requieren cambios desde la perspectiva familiar y de una atención integral a la violencia de género.
“En fin, hablamos de varias normas jurídicas que se enfocarían en esa igualdad formal que también estamos llamados a perfeccionar. Ese perfeccionamiento va a dar salida, con coherencia, a los diferentes derechos, garantías, deberes, reconocidos ya en la Constitución de la República”, explicó la jurista.
Las principales áreas de acción del PAM, aprobado mediante el Decreto Presidencial 198 de 2021, incluyen el empoderamiento económico, la educación, la prevención y el trabajo social, la legislación y el Derecho.
Según Mariela Castro, “se concibe como agenda del Estado cubano para integrar las diferentes acciones, objetivos y propósitos en torno a los temas de la igualdad de género” y apunta a una mayor integralidad.
La directora del Cenesex identificó como fortaleza del Programa el hecho de que busque definir un mecanismo de monitoreo y seguimiento, con rigor científico, que garantice su cumplimiento, efectividad y sostenibilidad en el tiempo.
Para la psicóloga Karima Oliva, moderadora del panel, el PAM constituye también herramienta para empoderar a mujeres de orientaciones e identidades de género diferentes y para “superar discursos homogeneizantes, porque las mujeres somos diversas de muchas maneras”, dijo.
En ese camino, el PAM trae ventanas de oportunidad para que mujeres lesbianas y transexuales avancen desde el mismo lugar -o desde lugares similares- que las mujeres heterosexuales, para que todas podamos alcanzar nuestras metas, consideró la psiquiatra Ada Alfonso.
En opinión de la especialista de Cenesex, una de esas áreas es la del empoderamiento económico, pues muchas mujeres lesbianas y trans no disfrutan de todas las posibilidades que ofrece el derecho a la educación, por el hecho de encontrar en algunos momentos de su trayectoria de vida escenarios escolares que son discriminatorios.
Esto hace que esas mujeres abandonen la escuela, lo que después tiene un impacto en el acceso a puestos de trabajo con salarios que permitan ese empoderamiento econpomico, detalló Afonso.
“Desde mi perspectiva, es imposible ver de manera aislada el empoderamiento económico si no se toma en cuenta el empoderamiento social y sicológico, y sin pasar por esa igualdad de género efectiva de la que se hablaba”, precisó.
En ese sentido, Alfonso considera vital que el PAM se pronuncie por exigir a personas naturales y jurídicas que son empleadoras que permitan el ejercicio de la actividad laboral sin discriminación.
Investigaciones del Cenesex relacionadas con las barreras estructurales que presentan las poblaciones LGBTI para acceder a derechos reconocidos en el país refieren obstáculos relacionados con la gestión administrativa que impiden la permanencia de mujeres lesbianas y trans en determinados puestos de trabajo, refirió la especialista.
Para Alfonso, tambien es ignificativo que el PAM deje explícita la necesidad de una estrategia de comunicación integral en materia de género, a nivel social y también institucional, que contribuyan a avanzar hacia espacios de “respeto de derechos y transformación cultural”.
“Tenemos que buscar mecanismos que permitan construir nuevas realidades desde los medios y que estas mujeres estén representadas estas realidades”, dijo Alfonso.
