De 1995 a lo que va de 2007, compañeros o ex parejas asesinaron a casi 300 mujeres costarricenses, pese a la protección dictada por los tribunales en favor de la mayoría, según datos del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). El recuento de esos asesinatos y la polémica acerca de la efectividad de las medidas cautelares contra los agresores cobró fuerza en el país, donde la criminalidad creciente obligó a crear comisiones estatales enfocadas directamente a la problemática. Especialistas vinculadas al Inamu coincidieron en que la situación cobra ribetes de emergencia nacional y reiteraron las demandas a favor de la aprobación del Proyecto de Ley para Penalizar la Violencia contra las Mujeres. La propuesta rueda por los pasillos de la Asamblea Legislativa desde hace más de ocho años y contempla el establecimiento de la figura del feminicidio, del maltrato y de los delitos de violencia sexual directa o indirecta. Silvia Mesa, de esa entidad, consideró que existe un porcentaje de atacantes con un perfil muy agresivo para quienes las medidas de protección establecidas por la Ley 7586 contra la violencia doméstica (1996) son insuficientes. La coordinadora del Inamu aboga por reforzar las penas contra los represores porque la mayoría de ellos quedan en la impunidad y eso incita a creer que golpear a una mujer es gratuito en Costa Rica, según sus palabras. El repaso de la ley vigente muestra la posibilidad de adoptar medidas de protección sin necesidad de iniciar procedimientos civiles o penales, pero establece penas de sólo 15 días a un año contra «quien desobedeciere la orden impartida por un funcionario» (CIMAC).
2007-04-06
