El Estado debe investigar las violaciones de derechos humanos cometidos específicamente contra las mujeres en el contexto del conflicto armado que vive Colombia y atender a las colombianas desplazadas. Así lo acaba de solicitar la Corte Constitucional, máximo tribunal de este país, mediante el auto 092 de 2008. «Este es un acontecimiento histórico y político, pues hace un reconocimiento diferenciado por género de las violaciones de derechos humanos en el conflicto armado», aseguró a SEMlac Laura Badillo, integrante de la coordinación del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres, que tiene presencia en nueve regiones del país, a través de 350 organizaciones de colombianas víctimas del conflicto armado y otras que apoyan los derechos femeninos. El auto con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda ordenó a la Fiscalía General de la Nación, ente acusador colombiano, que investigue un reporte «coherente y consistente» de, al menos, 80 casos de violaciones individuales y colectivas que terminaron en desplazamientos de comunidades enteras. El alto tribunal le dio seis meses al organismo para que rinda cuentas sobre los avances en la investigación de una aterradora relación de crímenes de género: «(…) violaciones y abusos sexuales individuales y colectivos, torturas sexuales, mutilaciones sexuales y posteriores homicidios de las víctimas, así como actos de ferocidad y barbarie de contenido sexual» (SEMlac)
2008-06-23
