Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de cualquier manifestación de violencia. La carga subjetiva que implica para estos grupos etarios la vivencia de tales expresiones constituye un lastre con el que cargan durante su vida adulta, en ocasiones muy difícil de disimular y de sanar.
El concepto de violencia que aplica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se desprende del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño[1], que abarca: “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
Dicho fenómeno es multicausal y se relaciona con factores económicos, sociales, culturales, políticos, religiosos. No supone solamente un impacto directo en la salud física o emocional de niñas, niños y adolescentes, sino que incide directamente en la privación de otros derechos que vitales para su desarrollo, como el derecho a una educación plena, al juego, al ocio, a una intimidad, derecho a vivir en entornos familiares seguros y de elevada protección.
Según una publicación de Cubadebate[2], la relatoría que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) presenta como resumen ejecutivo del cumplimiento del Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección a las víctimas da cuenta de 2.145 menores víctimas de presuntos hechos de abuso sexual durante 2020, cifra superior al promedio anual de los últimos siete años. Agrega este trabajo que, desde 2013, sin embargo, unos 15.000 niños, niñas y adolescentes han sido abusados en Cuba, atendiendo a los datos contenidos en estos informes. Pero podemos intuir que no son todos, lamentablemente. Todavía hechos de tal naturaleza son ocultados por una mezcla de circunstancias que van desde las amenazas, el efecto de la revictimización, el ajusticiamiento por cuenta propia o el silencio cómplice de la más profunda vileza.
Pese a la existencia de instrumentos jurídicos, políticas y programas para el bienestar de la infancia, aún persisten normas sociales y culturales que inciden en la violencia contra estas poblaciones. Ante esta realidad, se impone pensar en estrategias, proyectos y alternativas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que permitan generar acciones claves para reducir estas manifestaciones de violencia hacia las infancias y adolescencias.
Siendo esta una problemática altamente sensible y de elevada prioridad, tanto por instituciones gubernamentales como no gubernamentales, se decide hacer, gracias al apoyo y colaboración de Unicef-Cuba, un estudio sobre el análisis de contexto e identificación de escenarios claves, en torno a la prevención y atención de estas violencias.
El estudio intenta recopilar la mayor cantidad de información relativa al contexto donde se desarrolla el trabajo para la atención y prevención a los diversos tipos de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes. Una mirada al contexto país, un análisis de coyuntura, estrategias multisectoriales, locales y nacionales, identificación de vulnerabilidades, brechas que se presentan en el trabajo en los diversos contextos y los principales avances en materia de política de prevención, entre otros aspectos, son los ejes fundamentales de este estudio.
El empleo de un diseño cualitativo de investigación permite alcanzar un conocimiento más preciso del fenómeno estudiado. Como instrumentos de recogida de información se utilizaron la entrevista individual online y, en algunos casos, la entrevista grupal. Finalmente, se trabajó con una muestra de 32 sujetos, seleccionados a partir de los siguientes criterios de inclusión:
- Grupo de actores claves identificados, como colaboradores directos en experiencias, proyectos o acciones concretas asociadas al tema de la prevención y atención de las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes.
- Grupo de actores claves (instituciones/organizaciones/asociaciones/grupos), reconocidos por sus contribuciones y acercamientos al tema.
- Grupo de actores clave no identificados previo al estudio, pero que emergieron como resultado de la sugerencia de otros actores y que resultan pertinentes a los fines de la investigación.
Para el procesamiento de la información se establecieron cinco categorías de análisis, a partir de los contenidos expresados por los sujetos. Estas categorías son: contexto de expresión de violencias hacia NNA, espacios de socialización de las violencias hacia niñas, niños y adolescentes, causas que tipifican las violencias hacia NNA, desafíos del contexto y una mirada al código de las familias.
Principales resultados
Todos los sujetos coinciden en afirmar que las violencias hacia niñas, niños y adolescentes es un fenómeno que se expresa, de alguna u otra forma, a nivel de país y constituye un problema social que requiere visibilidad y atención. Pese a que las estadísticas son tímidas para mostrar los verdaderos índices de violencia existentes, sí se considera un problema en sus diferentes expresiones y niveles. El hecho mismo de que exista ya es un criterio importante para decir que es una situación social en el país.
Otro aspecto a considerar es que constituye una realidad muchas veces invisibilizada y poco denunciada, sobre todo por la mirada adulta que logra tapar estas realidades.
Para un porcentaje muy reducido de actores, esta problemática no se puede ver de forma dicotómica, si hay o no violencia. Se trata de un fenómeno que no tiene un carácter generalizado, sino expresiones diversas, con mayor énfasis en determinados grupos sociales y territorios.
En relación con los espacios de socialización donde se expresan las violencias hacia niñas, niños y adolescentes, la totalidad de la muestra coincide en afirmar que la familia y la escuela son los más recurrentes. A juicio de varias personas entrevistadas, estos espacios deberían ser los principales entornos protectores de la niñez y la adolescencia; sin embargo, la visión adulto-céntrica predominante en la familia cubana, los patrones educativos sustentados en la imposición del adulto por encima de los intereses de niños, niñas y adolescentes y la falsa creencia de pensar que “para que tus hijos te respeten hay que tener mano dura con ellos” hacen de este espacio uno de los de mayor riesgo. Por otra parte, la escuela muchas veces se sustenta en una pedagogía bancaria, unidireccional y poco participativa, lo que, unido a otros factores, también es considerado un espacio de socialización con tendencia a manifestaciones de violencias hacia las infancias y adolescencias.
Otros escenarios que los actores claves consideran relevantes, a fin de visibilizar este fenómeno, son las comunidades y redes sociales. Respecto al primero, todos los entrevistados que lo señalaron coinciden en afirmar que en muchas comunidades las pautas de relacionamiento y convivencia son violentas, sobre todo en aquellas que se ubican en zonas más periféricas, y esto constituye un aprendizaje que incorporan niñas, niños y adolescentes. En tanto, las redes sociales han evidenciado mayor expresión de violencia, a raíz de la pandemia de la covid-19. Muchas prácticas de consumo, a veces mal acompañadas por personas adultas y encargadas del cuidado, ofrecen pautas de entretenimiento que reproducen las lógicas de la violencia, en diferentes niveles.
Las causas que tipifican las manifestaciones de violencias hacia niñas, niños y adolescentes presentes en la sociedad cubana actual son diversas. El énfasis fundamental se encuentra en dimensiones estructurales asociadas a carencias, limitaciones, condiciones habitacionales desfavorables, entornos comunitarios vulnerables. También la reproducción de ciertas lógicas de violencia de generación en generación, resultado de una construcción social que se sustenta en estereotipos, patrones y dinámicas que resaltan este modo de relacionamiento como criterio de adaptabilidad a ciertos espacios y entornos.
Por otra parte, en los contextos escolares existe violencia entre pares, bullying, e incluso abuso de autoridad por parte de maestros, maestras y personal escolar. En estos espacios, al igual que en las familias y las comunidades, están presentes formas habituales violentas de relacionamiento, que se han naturalizado y ni siquiera son percibidas como violentas, como gritos, desvalorizaciones, chantajes, acoso.
Los desafíos del contexto apuntan a la necesidad de legitimar cada espacio donde haya una persona menor o adolescente como un entorno protector de la infancia, avanzar en una cultura de derechos hacia la niñez y la adolescencia, visibilizar esta problemática, sensibilizar a la mayor cantidad de personas con el objetivo de modificar estereotipos e imaginarios sociales, el énfasis en el trabajo multiactoral, integral y sistémico que garantice la creación y consolidación de políticas, programas y proyectos de educación mediática que favorezcan interacciones más saludables, libres de violencia y menos ingenuas con los medios de comunicación.
Finalmente, resulta interesante conocer la percepción que tienen los actores claves acerca de si el Código de las Familias interpela el tema objeto de estudio y si reconoce, entre sus contenidos, aspectos relacionados con la protección a estas poblaciones. Para las personas entrevistadas, esa norma reconoce la diversidad de expresiones que alcanzan las familias cubanas, enfatizando en la autonomía y el rol activo de niñas, niños y adolescentes y su derecho a participar en las decisiones familiares. Constituye una propuesta que lleva implícita la educación de una conciencia social de cara a esta problemática.
Desde esa perspectiva, todos coinciden al afirmar que dicho código es revolucionario, abierto, inclusivo y participativo. Se inscribe en esa nueva sensibilidad, identifica, tipifica y propone medidas acerca de violencia familiar, amplía los entornos familiares en los que las infancias y adolescencias pueden nacer y desarrollarse y marca pautas para su mayor protección.
Aunque este código implica un reconocimiento legal de los derechos de la niñez, no implica necesariamente cambios culturales inmediatos, se reconoce como un paso imprescindible en el camino a esas transformaciones y una garantía legal para la atención a esos derechos, lo cual podría tener un impacto favorable en la reducción de las violencias.
Finalmente, se establecen los principales desafíos-limitaciones y fortalezas-capacidades que tiene el contexto cubano actual, en aras de diseñar estrategias novedosas y de gran impacto en la prevención y atención a las violencias que afectan a las generaciones más jóvenes.
Entre los desafíos y las limitaciones fundamentales: una mayor visibilidad y atención al fenómeno; desmontaje de estereotipos e imaginarios sociales; integración multiactoral de las instituciones, entornos familiares, escolares y comunitarios vulnerables a las violencias hacia menores y adolescentes; así como una escasa cultura de los derechos en estas edades.
A la vez, las fortalezas y capacidades identificadas son: acceso pleno a todos los derechos que se expresan en la vida de niños, niñas y adolescentes en el país; sistema jurídico que les protege; medios de comunicación de carácter público; muchas instituciones y actores sociales formados, comprometidos y vinculados con el tema; adecuadas campañas de comunicación social; el nuevo Código de las Familias en proceso de consulta para su futura aprobación, así como el trabajo que desarrolla Unicef en Cuba en articulación con instituciones, asociaciones y organizaciones a favor de la prevención y atención a las violencias que afectan a estos grupos de población.
[1] Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño. 1989. Artículo 19. http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r025.htm
[2] El comentario, publicado el 20 de enero de este año, se titula “Violencia contra menores: oprobios del mundo real”. Se puede acceder a ese por el enlace http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/20/violencia-contra-menores-oprobios-del-mundo-real/
