Contar con servicios integrales para acompañar y atender a las víctimas de violencia de género ha sido una demanda reiterada por especialistas, profesionales de diversas disciplinas e instituciones y activistas que apuestan por la prevención y tratamiento de esa problemática en el país.

En opinión de la psicóloga Livia Quintana Llanio, asociada de programa de la oficina en Cuba del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), estos servicios deben ser “accesibles por su cercanía física a las comunidades y también por la seguridad que deben ofrecer a las personas”.

“Se requiere una pronta y eficaz respuesta ante las situaciones de violencia de género. Se necesita desarrollar, en el personal de las instituciones, la sensibilidad y capacidad de reconocer, identificar, atender, proteger y acompañar en la reparación de los daños a las víctimas. Para que estas acciones sean efectivas, es necesaria la integración e integralidad de los servicios”, detalla Quintana Llanio, también doctora en Ciencias Demográficas.

La psicóloga Livia Quintana Llanio
Según la psicóloga Livia Quintana Llanio, asociada de programa de la oficina en Cuba del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), los servicios integrales para atender a víctimas de violencia de género deben ser “accesibles por su cercanía física a las comunidades, y también por la seguridad que ofrecen a las personas”. Foto: Cortesía de la entrevistada

¿Cómo ayudar desde la actuación institucional a una víctima de violencia de género? ¿Qué significa organizar un sistema o ruta de respuesta integral?

Hay un conjunto de servicios que se consideran esenciales en la respuesta a la violencia de género. Entre ellos se encuentran los sanitarios, los jurídico-policiales, los sociales. Cualquiera puede ser la puerta de entrada para la atención de las personas víctimas de violencia de género.

Debe existir coordinación entre ellos para garantizar una respuesta oportuna y efectiva, para lo cual es importante desarrollar mecanismos de articulación entre los sectores y servicios que forman parte de esta respuesta a todos los niveles. En particular, es fundamental que se aseguren los mecanismos de implementación a nivel de territorios y comunidades donde conviven las personas.

¿Qué componentes no deberían faltar en ese diseño?

Entre los componentes fundamentales para una respuesta oportuna y eficiente a la violencia por motivos de género, no puede faltar la voluntad política, que parte del reconocimiento de la problemática. Pero también es esencial la existencia de un marco normativo que dé respuesta.

Igualmente, y no menor, está el componente educativo, de información y comunicación, clave para sensibilizar e incidir en el reconocimiento, identificación, prevención y otras actuaciones necesarias ante estas situaciones. El alcance de este componente debe llegar a toda la población, aunque también sus estrategias deben segmentarse en virtud de las características y vinculación con el problema de los distintos grupos sociales.

El componente de atención está directamente relacionado con los servicios, que deben estar disponibles y ser accesibles a la población. No puede faltar un componente de monitoreo y evaluación de la respuesta; aquí la participación activa de las personas de la comunidad en todo el proceso es fundamental.

Por último, es esencial contar con datos e investigación para la toma de decisiones basadas en evidencias y con recursos financieros e insumos que soporten la respuesta.

Además, es clave el trabajo con hombres, para lograr una respuesta efectiva a la violencia basada en género, incluido el trabajo con perpetradores de ese maltrato. Esto último es fundamental.

¿Ayudaría un sistema o ruta integral de atención a prevenir femicidios? ¿Cómo y por qué?

El funcionamiento de un sistema integral e integrado, que opere en los territorios y comunidades, debe contribuir a prevenir todas las formas de violencia por motivos de género, incluidas las muertes de mujeres y otras personas por estas causas.

La activación y funcionamiento del sistema en los territorios contribuiría a remover causas estructurales en las que se sustentan las desigualdades de género, el estigma y la discriminación, de las cuales la violencia de género constituye una forma extrema, como se reconoce en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw).

También soportaría los mecanismos y servicios sociales e institucionales que deben accionar en el continuo de la respuesta. Contribuiría a la autonomía y empoderamiento de las mujeres y de otras personas vulnerables, para identificar y actuar ante estas formas de violencia y aportaría a la movilización social, tan importante en la prevención de esta problemática.

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