«Muchas veces, cuando se habla de cuidados, hablamos también de las múltiples violencias que experimentan las personas que cuidan de la vida, la gran parte de ellas mujeres”, señaló la socióloga Magela Romero Almodóvar, coordinadora de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, el pasado 25 de noviembre.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, la experta abrió el coloquio “Cuidados y violencias de género”, convocado por la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes) y el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR).
Romero Almodóvar habló de los pasos que se dan para contar con un sistema para el cuidado integral de la vida, objetivo en el cual trabaja un equipo desde 2021, como parte del Programa estatal de trabajo digno. Ese proyecto, precisó, incluye como objetivo la capacitación de personas cuidadoras, con contenidos y conocimientos de género y corresponsabilidad.
Igualmente, contempla la valoración del trabajo de cuidados no remunerado, la formación de nuevas generaciones, la adecuación del marco jurídico y que se acompañe el proceso desde los espacios locales, con estrategias específicas.
Ese sistema significaría romper con la división sexual del trabajo, que es la base del patriarcado y de la perpetuidad en el tiempo de la violencia de género contra las mujeres, apuntó.
Para la también socióloga Clotilde Proveyer, que la estructura de la propiedad y los salarios sea desigual es violencia estructural de género, como también lo son la feminización de la pobreza y que el poder de decisiones sobre la vida de hombres y mujeres esté centrado a favor de ellos, señaló.
“La división desigual del trabajo está en la base de la violencia estructural, no solo por la existencia de una doble jornada material, sino por la extracción de una plusvalía que, además, no es reconocida”, sostuvo.
Agregó que esa violencia está implícita en los roles de cuidado y otros asignados mayormente a las mujeres, lo cual compromete su opción individual y autonomía personal, constituyéndose en clara manifestación de violencia estructural.
Al no reconocerse el cuidado como un trabajo, sus protagonistas son excluidas, además, de los derechos sociales reconocidos para el resto de los trabajadores: salario, límite de jornada laboral, descanso, jubilación y seguridad social, precisó.
En criterio de Mayda Álvarez, investigadora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el trabajo de cuidado no implica solo una carga física, sino que es también una carga mental en la gestión del espacio familiar.
A la par, limita las posibilidades y elecciones de las mujeres, socava sus derechos y su tiempo, atenta contra su bienestar y calidad de vida, limita su incorporación a la sociedad, la actividad laboral y el crecimiento personal, además de ser obstáculo fundamental para la igualdad de género y su empoderamiento.
Su ubicación explícita en el Plan para el Adelanto de las Mujeres, con carácter de decreto presidencial, contribuye a visibilizarlo una vez más como opción medular del desarrollo sostenible e incluir medidas a su favor en la agenda política de igualdad de género, consideró.
Como desafíos para que el cuidado sea considerado un derecho con garantías efectivas, la jurista y profesora de Derecho de Familia Ana María Álvarez Tabío identificó la necesidad de reconocer su valor social, familiar y económico.
Entre otras acciones, ello implica elaborar un presupuesto destinado a proteger ese derecho, remunerar ese trabajo y reconocer todos los años que se dedican a cuidar como tiempo de trabajo que se acumule para la jubilación. También supone poner en práctica opciones de recircularidad laboral, semanas laborales recudidas y teletrabajo, recomendó.
Datos de la Encuesta de Envejecimiento de 2017, expuestos durante el coloquio, indican que cada persona de 60 años y más, con al menos una limitación, recibe 10,2 horas diarias de ayuda y el 68 por ciento de quienes la proveen son mujeres.
En tanto, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016 indica que el 64 por ciento de los hombres que cuidan trabajan, mientras solo el 28 por ciento de las mujeres cuidadoras también lo hacen.
La misma fuente constató que de un total de 964 personas que declararon haber tenido que abandonar el trabajo o el estudio alguna vez en los cinco años precedentes, por tener que cuidar a personas dependientes, son las mujeres las más afectadas, con 83,2 por ciento. Ello supone una brecha de 5 mujeres afectadas por cada hombre.
La economista Teresa Lara insistió en la necesidad de contar con estadísticas e indicadores que permitan medir los cambios en materia de género. También, en la importancia de vencer resistencias para su generación, uso y divulgación.
“Los datos son uno de los instrumentos más poderosos para destruir mitos, revelar sesgos desconocidos y poner de relieve desigualdades por motivos de raza, sexo, orientación sexual e identidad de género, lo que ha creado más conciencia sobre su uso a nivel nacional”, reconoció.
Desatar los nudos críticos
La cada vez más común “erotización de la infancia” y la “persistencia de una educación muy sexista por parte de cuidadoras, cuidadores y familias”, se cuentan entre los nudos identificados por la psicóloga Roxanne Castellanos, en el camino hacia una política integral de cuidados en Cuba.
Cuando son erotizadas en edades tempranas, niñas y adolescentes queman “etapas del desarrollo infantil, lo cual las predispone a un inicio precoz de las relaciones sexuales, promiscuidad, embarazo temprano o deserción escolar”, entre otros fenómenos, detalló Castellanos, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y coordinadora de un proyecto sobre crianza respetuosa.
En tanto, la educación sexista en hogares y escuelas “llega a obstaculizar la libertad de expresión y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, a la par que es especialmente coercitiva en relación con la expresión emocional del varón”, argumentó Castellanos.
La psicóloga infantil aludió a que muchas veces personas cuidadoras desaprueban de manera absoluta la orientación bisexual o la identidad de género de niñas y niños, pues sienten que están autorizadas para hacerlo; sin embargo, ello constituye una violación de sus derechos.
Ponente del segundo panel “Nudos críticos para el análisis de la organización social de los cuidados en Cuba. Retos para la política”, la especialista compartió algunos puntos de vista con la psiquiatra Ada Alfonso, quien llamó a poner en el mapa de las políticas de cuidado las demandas y derechos de la población LGTBI.
Alfonso se refirió a la necesidad de redes de cuidado para las personas con orientaciones no heterosexuales y, en específico, para las transexuales, quienes muchas veces sufren discriminación y rechazo o se encuentran solas en momentos críticos de sus vidas, durante hospitalizaciones, reclusión en centros penitenciarios o en medio de desastres.
“Debemos reflexionar acerca de qué se está haciendo a nivel social en el país para incorporar el cuidado de las personas LGTBI a las políticas”, insistió Alfonso, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
La permanencia en las familias cubanas de patrones y concepciones patriarcales vinculadas a la distribución de tareas en el hogar quedó confirmada por datos preliminares de la más reciente Encuesta Nacional de Fecundidad, aún en procesamiento y presentados por María del Carmen Franco, subdirectora del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde), de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Por su parte, la pedagoga y defectóloga Lucía García Ajete se preguntó dónde colocar los cuidados y los retos para abordar la violencia de género en el caso de las personas con discapacidad.
En una sociedad patriarcal, tener un familiar con alguna discapacidad -o sufrirla en cualquier etapa del ciclo vital- coloca a las mujeres en situaciones de violencia reproductiva, económica, sexual, patrimonial y las sumerge en una culpabilidad y discriminación permanentes, explicó Ajete.
En su opinión, las personas con discapacidades —y en particular las mujeres que tienen el rol de cuidadoras o son sujeto de cuidados por tener alguna discapacidad o condición de salud—, suelen ser doblemente víctimas de exclusiones, discriminaciones y reciben poca comprensión de la sociedad.
“Entre las personas decisoras y en las políticas públicas no siempre se visibiliza cómo puede sustentarse la garantía de sus derechos”, especificó Ajete.
En tanto, las relaciones y mitos en torno a los cuidados, la vejez y el género fueron valorados por la también psicóloga Teresa Orosa Fraiz, presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de la casa de altos estudios capitalina.
Se necesita una “nueva cultura gerontológica, libre de discriminación, gerofobia y paternalismo, que reconozca los derechos, pero también los deberes ciudadanos de las personas mayores”, reclamó Orosa.
La psicóloga llamó a diversificar las imágenes del envejecimiento que se comparten y visibilizan, para verlo en toda su heterogeneidad. “No se trata de una población homogénea y solo requerida de cuidados; hay muchas personas cuidadoras también en este grupo de edad”, recalcó Orosa.
Varios elementos coincidentes, aportados por público y panelistas, quedan como apuntes para la identificación de esos “nudos” a los que hizo referencia el debate: la urgencia de identificar una ruta crítica para el sistema de cuidados que sea, a la vez, integradora; la necesidad de cambiar las narrativas en torno a la inclusión por otras más efectivas, más democráticas, y de promover nuevas herramientas para la prevención de la violencia, fomentando el cuidado desde una mirada de género y de derechos humanos.
