Las brechas de género son resultado de un orden patriarcal que sostiene y reproduce las desigualdades y violencias machistas. En un contexto de crisis como el que vive Cuba, esas desigualdades y otras formas de violencia machista se acrecientan y recrudecen.

La socióloga e investigadora cubana Dayma Echevarría destaca la importancia de conocer el alcance e impacto de las brechas sociales, incluyendo aquellas que produce el patriarcado, y su cruce con distintas realidades y condiciones sociales.

“Necesitamos tener claro qué es una brecha. Una brecha es un término relacional que vincula al menos dos situaciones o dos grupos que, de manera sistemática, tienen acceso y control diferente a recursos que otorgan poder; entre esos recursos se incluyen los ingresos, el tiempo y el acceso a medios de producción, entre otros”, dice Echevarría a SEMlac.

Por ejemplo, los estudios pueden medir un indicador en un grupo social comparando su comportamiento en un período de tiempo. Por otra parte, también se revelan las brechas y desigualdades analizando un indicador, o varios, entre grupos humanos (hombres y mujeres, personas negras y blancas, jóvenes y personas adultas mayores) o dos regiones geográficas (zona rural y zona urbana).

“Por eso, cuando hablamos de brechas de género hacemos referencia a sostenidas diferencias en el tiempo entre mujeres y hombres en el acceso y control de recursos que otorgan poder”, detalla Echevarría.

 ¿Cuáles son las principales brechas de género que enfrentan las cubanas en el contexto económico actual?

Las cubanas viven hoy diferentes brechas de género en ámbitos como la participación dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) –personas ocupadas y desocupadas–, en el empleo formal, el acceso y control de la tierra y en el uso del tiempo. Los datos llevan algunos años dando las alertas.

Entre 2000 y 2020 se produjo una disminución sostenida en el país de la tasa de actividad económica (TAE), que la relación existente entre la población económicamente activa y la población en edad laboral, expresada en por ciento. En general, entre 2008 y 2018, desciende en especial la femenina, con una brecha de alrededor del 20 por ciento respecto a la tasa de actividad de los hombres. En 2018 se observa una cierta recuperación de la TAE en general y también de la TAE femenina, aunque aún se mantiene por debajo de los niveles alcanzados entre 2004-2008.  

En 2020, último dato público, de cada 100 mujeres en edad laboral, casi 55 trabajaban o buscaban empleo; esto significa que de cada dos, una trabaja o busca hacerlo. Este comportamiento se relaciona con su menor presencia en la ocupación y su tendencia a trabajar de manera informal.

En 2021, los únicos sectores de actividad económica donde las mujeres fueron mayoría en la ocupación fueron Educación (68%), Intermediación financiera (68,6%), Salud Pública y Asistencia Social (71,3%). Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos 10 años.

Según categorías ocupacionales, las mujeres representan mayoría entre los cargos técnicos (66,1% en 2021), seguidas por los servicios (43,8%) y los cargos administrativos (63,1%). Sin embargo, en la categoría dirigentes solo representan 31,5 por ciento en 2021. Esta tendencia en la estructura de la ocupación se mantiene en los últimos 10 años; particularmente en la categoría dirigente no han rebasado las 39 mujeres de cada 100 personas y se observa una disminución de casi siete puntos porcentuales en 2021 respecto a 2020.

En relación con el acceso y control sobre la tierra, de cada 100 mujeres en edad laboral en las zonas rurales, solo 26 están empleadas en un trabajo remunerado o buscan empleo, según informa el IV Informe nacional de desarrollo humano. Cuba ascenso a la raíz  de 2021.

Las mujeres rurales trabajan, pero muchos de esos trabajos no son reconocidos y son considerados ayuda familiar no remunerada; o trabajan temporalmente y no formalizan la relación laboral, por lo que no son visibles en las estadísticas. Según el informe mencionado, ellas representan alrededor del 16 por ciento de las personas que han recibido tierras en usufructo entre 2007 y 2020 y solo el 32 por ciento de las propietarias de tierra.

Diversos estudios de caso muestran que muchas mujeres que detentan la propiedad o el usufructo de la tierra no intervienen en su gestión y este rol lo asume la figura masculina de la familia: padre, esposo, hijo, hermano. En algunas ocasiones resulta una estrategia familiar para ampliar el tamaño de la propiedad o del usufructo y, en la práctica, no genera reales procesos de empoderamiento.

A ello se suma que las cubanas tienen derecho a heredar la tierra, pero la legislación vigente mantiene sesgos de género al depender del principio “la tierra es para quien la trabaja”. El decreto-ley 125/1991 sobre el “Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios” se distancia de otras normas legales de transmisión de bienes en Cuba, al establecer como requisitos para heredar, la permanencia estable por cinco años en el trabajo de la tierra, entendido este como la realización habitual y continua del esfuerzo físico en la tierra y cualquier otro relacionado con su atención.

Por lo general, el trabajo reproductivo que realizan las mujeres en zonas rurales no es reconocido como trabajo —incluida la atención a los huertos y animales para el autoconsumo—, ni tampoco se formaliza el apoyo que brindan a la producción. Por ello, en muchos casos, las que podrían ser herederas directas de la tierra no están en condiciones legales de asumir la propiedad y estas pasarían a cualquier hombre de la familia.

Por último, quiero referirme a un recurso clave: el tiempo. La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG-2016) mostró que las mujeres dedican 35,97 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que los hombres 21,76 horas. Esta brecha se profundiza en las zonas rurales, donde ellas dedican una hora más que las urbanas a los quehaceres domésticos y casi dos horas más al trabajo de cuidados.

Respecto a los hombres rurales, ellas dedican casi cuatro horas más a los quehaceres domésticos y más de 26 horas al trabajo de cuidados. Entre los hallazgos de la encuesta aparece que el tiempo dedicado a este tipo de trabajo no cambia de manera significativa entre los hombres ocupados o desocupados, resultado que constata la prevalencia de la tradicional división sexual del trabajo al interior de la familia, independientemente de la ocupación de sus integrantes.

Un año después, la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población (ENEP- 2017) mostró, además, el peso de este trabajo para las personas mayores de 60 años, con un componente diferenciado para mujeres y hombres, pues ellas acumulan a la semana, como promedio, casi nueve horas más que los hombres. 

¿Con qué recursos cuentan ellas para hacerle frente a estas brechas?

Uno de los recursos es el nivel educativo más alto que, desde principios de la pasada década de los ochenta alcanzan las cubanas, al ser mayoría entre las universitarias. Otro recurso que muestran las investigaciones sobre familias es la capacidad de resiliencia y las estrategias de sobrevivencia que desarrollan para garantizar un mínimo de condiciones básicas en el hogar y en la familia.

Lo que pasa es que, como nos hizo ver la economía feminista, el hogar es la variable de ajuste en las crisis económicas: a él se trasladan muchos de los servicios que se “compraban” en el entorno, como la limpieza, el lavado y la alimentación.

En particular, las mujeres se sobrecargan de trabajo en unas condiciones de vida complicadas, con escasez de alimentos, fallas del fluido eléctrico y poco acceso al agua. Los hogares de menores ingresos con jefatura femenina enfrentan condiciones mucho más complejas para garantizar la vida diaria, que lleva, por ejemplo, a que las mujeres prioricen a hijas e hijos, personas mayores y figuras masculinas con los alimentos más nutritivos.

¿Qué elementos deberían tener en cuenta las políticas económicas y sociales para no acrecentar las brechas de género?

Las políticas nunca son neutrales, generan efectos diferenciados sobre grupos humanos diferentes. Aquellos con puntos de partida en peores condiciones sufren en mayor medida sus consecuencias o no logran aprovechar las oportunidades que generan las políticas.

Además, se requiere una articulación entre política económica y política social. Las políticas económicas deben tener indicadores de resultados en términos sociales y las políticas sociales no pueden dejar de analizar sus impactos económicos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

uno × 2 =