La proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz no debe detenerse a las puertas
de los hogares, sino rebasar el denominado espacio público y adentrase para impactar las
realidades familiares y de género, a fin de transformar la vida de hombres y mujeres. En este
contexto, la violencia contra las mujeres es un desafío latente, cuyas dimensiones ascienden
reforzadas por la continua agudización de las desigualdades sociales. Un estudio del Observatorio
de Género en la región1 confirma que: “La violencia física o sexual infligida hacia una mujer por su
pareja o expareja está generalizada en todos los países relevados, es transversal a todos los
estratos socioeconómicos y tiene diversidad territorial”.
La creciente diversidad y complejidad familiar devine escenario de situaciones de violencia,
entendidas como todo acto, tangible e intangible, por acción u omisión, basado en un desequilibrio
de poder que tiene como resultado el daño a otra persona, a varias, e incluso a sí mismo. En torno
al género, aparecen dilemas y ejes de tensión que, desde un enfoque relacional, trascienden a la
pareja y afectan tanto a víctimas como a victimarios, y al grupo familiar en su conjunto. Sus
consecuencias pueden implicar la muerte de uno de los polos del conflicto, en el que las mujeres
con frecuencia resultan el eslabón más débil de las agresiones.
El feminicidio constituye el asesinato de mujeres por razones de género, es uno de los
denominados delitos fóbicos o crímenes de odio, que representa la variante extrema de la violencia
de género. La forma y el lugar en que tales hechos ocurren justifican esa denominación. Es
alarmante que la muerte de estas mujeres se produce mediante diversas formas o la combinación
de ellas, caracterizadas por un continuo de agravamiento violento que transcurre desde la ofensa
verbal hasta la crueldad y la tortura. Las modalidades más empleadas son la muerte por armas de
fuego, los golpes, el acuchillamiento, la asfixia o el estrangulamiento y los cuerpos desmembrados.
Llama la atención que en la mayoría son asesinadas en sus hogares, con estimaciones superiores
al 60 por ciento2.
Se impone la necesidad de analizar el feminicidio en su dimensión de proceso precedido de
eventos críticos progresivos en la pareja o ex pareja íntima u otros, que afectan los derechos
individuales y profundizan la asimetría de la relación entre víctima y victimario, desplegando la
circularidad de la violencia. Ello ha dado lugar a conceptuarlo más allá de un acto, como la
sumatoria o el desenlace de todas las violencias.
El mapa social de feminicidios en América Latina y el Caribe puede ser estructurado a partir de
dimensiones cuantitativas y cualitativas, que conforman un patrón específico. En el plano
cuantitativo se incluyen las tasa de feminicidios, su frecuencia o el número absoluto de muertes. En
este sentido, se reportan las cifras más elevadas en Perú, El Salvador, Honduras, Guatemala y
Colombia, con fuerte incidencia de los procesos de conflicto y posconflictos armados. Mientras, en
lo cualitativo se responde a las interrogantes siguientes: ¿cuáles son los tipos de agresiones más
frecuentes, en qué lugares se producen, quiénes son los principales victimarios y qué protección
jurídica tienen las mujeres?
Con vistas a la medición del feminicidio, el observatorio de género de América Latina y el Caribe
asume como indicador la muerte violenta de la mujer, a causa de su pareja o ex pareja íntima. La
utilización de este indicador pretende atenuar la heterogeneidad de fuentes y formas de analizar la
información sobre el tema en cuestión, que varían de un país a otro, en la búsqueda de captar la
envergadura del problema y orientar estrategias de solución. No obstante, resulta polémico su
empleo al considerar quiénes son los victimarios. Según la Organización de Naciones Unidas3, 75 por ciento de los victimarios son conocidos o
familiares cercanos de la víctima y, en menor medida, desconocidos que la atacaron sexualmente.
Atendiendo a las relaciones víctima/ victimarios(s), el feminicidio se clasifica en íntimo, cuando es
cometido por la pareja, ex parejas, enamorados de la víctima, familiares o afines, y no íntimo4, si
es consumado por desconocidos, otras personas que no mantienen tales relaciones afectivas o de
parentesco con la víctima, así como los actos ejecutados o tolerados por el Estado y sus agentes.
Múltiples factores contribuyen a la relativa invisibilidad del tema y a su impunidad, entre ellos
sobresalen las dificultades en la medición del feminicidio, los desfasajes legislativos en cuanto a su
definición y sanción, las debilidades de los mecanismos de protección social para la prevención de
la violencia; unidos a estereotipos de género que promueven la tolerancia, limitan la denuncia y la
intervención de terceras personas en el asunto, así como la actuación de los operadores del
sistema de justicia penal.
A partir del año 2000, bajo el influjo de las luchas feministas y el desarrollo de políticas públicas más inclusivas, se produce un proceso de reformas legislativas que enfatizan la lucha contra el feminicidio. Actualmente 16 países de la región han incorporado en sus legislaciones el feminicidio como delito específico o como figura delictiva agravada; lo que representa un avance. Este proceso continúa y en algunas legislaciones -Costa Rica, El Salvador y México- se ha creado una tipicidad delictiva para sancionar a quienes, en el ejercicio de la función pública, propicien, promuevan o toleren la impunidad en estos casos5.
En Cuba, la legislación penal no define al feminicidio como delito, por lo que tales casos son valorados como asesinatos sujetos a la agravante que se establece debido al parentesco con la víctima.
Ese tratamiento no deja claras las motivaciones de género que marcan la especificidad del feminicidio.
Tampoco existen estadísticas oficiales que permitan visibilizar el problema, lo que limita establecer comparaciones y tendencias como base para estrategias preventivas eficaces. No obstante, el análisis comparado de las muertes por causas violentas en el país, indica una señal que requiere seguimiento. Se aprecia la tendencia a que la mortalidad masculina es superior a la femenina, aunque existe un ligero, pero sostenido aumento, de las tasas de defunciones de mujeres debido a agresiones. Estas tasas se
elevaron de 2,5 por ciento en 2013 a 2,8 por ciento en 20146.
Finalmente, es esencial que la comprensión del feminicidio trascienda la connotación delictiva, para enfocarse desde una perspectiva de género como indicador clave de la autonomía de las mujeres. Este problema, por su naturaleza socio jurídica y cultural, revela la convergencia entre diversos tipos de violencia: de género, psicológica, sexual, intrafamiliar, institucional, simbólica, económica y patrimonial. En consecuencia, “…más que una nueva forma de violencia, constituye la manifestación extrema de formas de violencia contra la mujer que ya existen”7.
Al respecto, el panorama de la región no es alentador, sino crítico. Ante él sigue en pie la alternativa de lucha sobre bases preventivas. Cabe pensar entonces como Mario Benedetti y marchar adelante a sabiendas de que: “No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo”.
