Especialistas reconocen avances en la prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar y de género en Cuba, en los últimos años, aunque también advierten que persisten brechas y desafíos.

«Es evidente que se han dado pasos en el enfrentamiento de esas formas de violencia en los últimos años», aseguró a SEMlac la demógrafa Marisol Alfonso, oficial de Programa de Población de las Naciones Unidas en Cuba.

Entre otros avances, Alfonso menciona que el problema se va haciendo visible y varias instituciones, redes sociales, centros de investigación, entre otros espacios de la sociedad, han comprendido el valor de sumarse a su tratamiento, aportar experiencias y proponer nuevos puntos de vista para su abordaje.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba, por ejemplo, ha ido incorporando de manera creciente los temas de género, y en particular los de violencia, en sus diferentes espacios de capacitación, agregó la demógrafa, «para poder atender jurídicamente los casos desde la sensibilidad y el conocimiento».

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), única organización que reúne a más de cuatro millones de cubanas, coordinó durante más de 15 años el Grupo Nacional de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar, y actualmente continúa el seguimiento de casos desde las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, en las comunidades.

Otro esfuerzo mencionado por la experta es el que tradicionalmente ha hecho el gubernamental Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), cuyo Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS) lo está abordando de manera intersectorial en la actualidad.

«Se ha comenzado a comprender, a nivel social, que la violencia no solo es el golpe físico, sino también manifestaciones más sutiles, que causan daños a veces más duraderos», opinó la psicóloga Beatriz Torres, presidenta de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes).

La Socumes ha dedicado varios espacios al análisis del tema, incluyendo las manifestaciones violentas menos evidentes de la violencia sexual.

«Hemos promovido el estudio del impacto que tienen en la salud de mujeres y hombres, o de personas homosexuales y transgénero, las pequeñas violencias sutiles de que son víctimas cada día», explicó la psicóloga.

Igualmente se han puesto en tela de juicio las normativas impuestas por la sociedad patriarcal como modelos de comportamiento, agregó la experta al participar en un debate digital promovido por SEMlac.

Sin embargo, «las brechas más importantes tienen que ver con el desconocimiento en lo individual, e incluso institucional, de los aspectos legales que establecen los derechos y obligaciones en torno a los casos de violencia», consideró la especialista en Medicina General Integral Olga Lidia Revilla Vidal.

En Cuba no hay una ley específica sobre violencia de género y familiar, existen opiniones divididas respecto a su necesidad y su tratamiento se contempla en diferentes ramas del derecho de forma general.

En no pocos casos, además, el proceder jurídico exige la denuncia de la persona agraviada, atrapada muchas veces en el ciclo de la violencia y otras dependencias que limitan su posibilidad de denunciar, primero, y de sostener esa denuncia, después.

Un estudio local realizado en el municipio La Palma, en la occidental provincia de Pinar del Río, entre agosto de 1998 y agosto de 1999, confirma esa dinámica.

De un total de 83 mujeres que presentaron denuncias en ese lapso por violencia, la mayoría (71 %) se arrepintió y las retiró, por lo que no se dio curso judicial a los hechos y ellas «cayeron en el ciclo perverso de violencia», apuntan en el resumen los autores de la investigación.

En más del 87,6 por ciento de ellas ya existían, además, antecedentes de violencia, indica el informe «Violencia Intrafamiliar. Enfoque de género», publicado en la cuarta entrega de la Revista Cubana de Medicina General Integral en 2012.

Entre otras limitaciones, juristas han identificado que las leyes actuales no contemplan como delito el denominado maltrato de obra o amenaza muy velada.

Tampoco el maltrato psicológico, difícil de probar técnicamente en procesos que se basan esencialmente en pruebas y no en presunciones; ni medidas cautelares o provisionales, como las de protección y alejamiento, que actúen como freno e impidan el avance de la violencia hacia niveles superiores.

En tanto, la norma jurídica recoge como delitos diferentes manifestaciones ejercidas sobre cualquier integrante de la sociedad, como lesiones, amenazas, privación de libertad, asesinato, homicidio, violación y proxenetismo, entre otros.

Otra barrera reiterada a la hora de prevenir y atender la violencia es la falta de articulación entre las organizaciones, personas, redes e instituciones que se ocupan del tema en el país.

Especialistas lamentan también la falta de servicios integrales de apoyo a las víctimas.

«Conseguir integralidad, sin dudas, es el desafío más importante. Porque cuando muchas instituciones, redes y organizaciones van trabajando cada una por su lado, la mitad de ese trabajo se pierde», sostuvo la psicóloga Beatriz Torres.

Para Alfonso, lo más importante es integrar todos esos esfuerzos, promover espacios de alianzas entre sectores y potenciar respuestas integrales.

«Conocer qué ha dado resultado, qué no y qué debe perfeccionarse. Conseguir sinergias para invertir más racionalmente el tiempo y los recursos», acotó a SEMlac.

Igualmente, seguir trabajando en el tratamiento que los medios de comunicación dan al fenómeno.

«Sobre todo el abordaje indirecto que viene por los audiovisuales y video-clips musicales, que a menudo reafirman estereotipos afianzados en el origen de las relaciones violentas», agregó.

A criterio de Alfonso, «se siente la necesidad de una investigación nacional, a gran escala», que estudie la situación de la violencia en Cuba y también mapee los esfuerzos para prevenirla y tratarla.

«Eso ayudaría a levantar una plataforma de acción más horizontal y efectiva», precisó.

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