La violencia genera violencia y las crisis internas o externas de Cuba, por muy graves que sean, no deben conducir al «uso precipitado y desproporcionado de medidas de fuerza justificadas por peligros reales o esperados», advierte un editorial de la revista católica Vitral.
«La fuerza política se demuestra por la capacidad de maniobra de un gobierno, por su capacidad de encauzar las fuerzas internas de su propia sociedad. Cuando un estado tiene que recurrir a medidas excepcionales es porque siente amenazada su estabilidad», asegura el texto.
Aparecido en el último número de la publicación del Arzobispado de Pinar del Río, a 140 kilómetros de La Habana, el editorial analiza la situación que en abril pasado desembocó en duras sanciones a un grupo de unos 70 disidentes políticos y a la ejecución de tres secuestradores de una lancha de pasajeros.
Cerrar «la puerta al diálogo, a la tolerancia, a la solución pacífica de las crisis» pone «en manos de los enemigos de nuestra soberanía y nuestra dignidad los motivos para entrar en la dinámica de la confrontación que a nadie más que a los violentos sirve», afirma.
Por otra parte, añade, «al cerrar la puerta al cambio gradual y pacífico, se abre, aún cuando no se quiera, el camino pendiente y resbaladizo de la violencia».
El tema de la necesidad de un cambio en Cuba como algo siempre inevitable en la vida aparece, a juicio del Arzobispado, en el centro de los acontecimientos vividos en la isla en los últimos meses.
«Nada puede permanecer igual e inalterable para siempre», pero cualquier proceso de cambio puede ser más lento o más rápido, gradual o radical, pensado y participado o improvisado e impuesto, gozoso o doloroso, pacífico o violento», asegura el texto.
Y añade que todo depende de quiénes y cómo hagan los cambios. «Intentar detener la historia y momificar la sociedad es, además de una ingenuidad, un peligroso juego con la vida personal y social. Todos somos responsables de que esto no tenga espacio en nuestra sociedad, ni en ninguna otra», subraya.
El editorial del Arzobispado de Pinar del Río rechaza «el peligro inminente, violento y agresivo» proveniente fundamentalmente desde Estados Unidos con que, asegura, fuentes oficiales han «pretendido justificar las largas condenas (a los opositores) y las penas de muerte».
Afirma que en ese momento, «el mundo en su generalidad, estaba enfrascado en una lucha pacífica y pacificadora por evitar la guerra en Iraq» y, una vez consumado el ataque militar, «el mundo estaba aunando nuevos esfuerzos por impedir y disminuir los efectos devastadores de la guerra».
Fuentes oficiales cubanas, sin embargo, aseguran que con la promoción de una ola de secuestros de lanchas por personas con antecedentes delictivos que pretendían emigrar a Estados Unidos, se estaba buscando el motivo ideal para que Cuba se convirtiera en un segundo Iraq.
Desde 1996, la ley estadounidense Helms-Burton consideró un éxodo masivo de emigrantes desde la isla como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense que podría provocar como respuesta una agresión militar contra el gobierno de Fidel Castro.
En el caso de los disidentes, La Habana reveló detalles de los contactos fluidos entre los detenidos y la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y el apoyo logístico y financiero de diplomáticos del gobierno de Washington a la oposición dentro de Cuba.
En contraposición, el texto católico recuerda «todo el año pasado y al inicio del año 2003, un clima de apertura creciente y acercamiento a Cuba, a todos los cubanos, se abría paso en el mundo».
Entre los síntomas de apertura menciona los crecientes contactos académicos entre ambos países, el inicio de las compras cubanas de alimentos en el país norteamericano, el fortalecimiento de las iniciativas políticas contrarias al embargo estadounidense y el reinicio del diálogo político con la Unión Europea.
De acuerdo con el editorial, «donde crecía, a ojos vistas, la tensión interna era en Cuba, desde inicios del presente año».
La difícil coyuntura, a juicio del Arzobispado, empezó con una serie continuada de operativos por «presuntos delitos relacionados con las drogas», continuó con una ofensiva «contra otros negocios considerados aquí ilegales» y siguió «con el arresto, enjuiciamiento y condenas de disidentes y opositores».
«Esta tensión llegó a su clímax con los sucesivos secuestros violentos y condenables de aviones y embarcaciones. Esto fue un proceso, visto todo ello ahora en perspectiva, de creciente clima de violencia y represión», asegura el editorial.
La publicación reconoce que todo estado tiene «la responsabilidad de mantener el orden dentro del respeto a los derechos de los ciudadanos», pero, alerta, «no han de confundirse los métodos utilizados con los que delinquen y el modo de tratar con quienes disienten políticamente».
La Habana, junio de 2003
