Especialistas de diversas profesiones abogaron por la creación y puesta en práctica de protocolos de atención a las víctimas como parte de una respuesta integral e integrada a la violencia de género en Cuba.
«Existe un retraso en esa respuesta integral», sostuvo la psiquiatra Ada Alfonso en el Simposio: Construyendo consensos para la prevención y atención violencia de género, durante el 8vo. Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, realizado del 27 al 29 de junio en La Habana.
Sin embargo, reconoció que en la nación caribeña existen todas las condiciones para que esa respuesta se organice y pierda la fragmentación que hoy se señala.
Entre las ventajas mencionó que existe en el país un sistema de cobertura universal, de fácil acceso y acompañado de una política territorial, unido a una historia de participación de la población y su entrenamiento para movilizarse ante determinadas emergencias climáticas o de salud.
Como debilidades, la especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) señaló la falta de conocimientos sobre el tema y la permanencia de una arraigada ideología patriarcal que condiciona la actuación de quienes debe articular una respuesta efectiva.
«Aún existen desinformación y de prejuicios en muchos aspectos concernientes a la violencia contra las mujeres que, indudablemente, influyen en el ámbito individual y en las relaciones sociales en general», comentó por su parte la socióloga Iyamira Hernández Pita.
Ello determina muchas veces que, desde la práctica asistencial e institucional, se revictimice a las personas inmersas en el ciclo de violencia y se pierda incluso la posibilidad de cuantificar estadísticamente la magnitud del fenómeno.
No obstante, Alfonso señaló que se ha avanzado en un consenso entre investigadores y profesionales del país acerca de aspectos conceptuales y jurídicos, liderado por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes).
Junto a protocolos o procederes sectoriales, debe haber también una articulación que permita la acción integral que el problema necesita, consideran especialistas.
«Es importante que haya una mirada sectorial desde la salud», considera Alfonso, partidaria de que esta abarque todos los niveles de atención y establezca una respuesta en el área comunitaria, al ser el nivel primario de salud donde suceden estas situaciones violentas.
Las investigaciones realizadas por Hernández Pita, en tanto, confirman la necesidad de introducir el enfoque de género en la actuación de los sistemas jurídico-penales que conforman las autoridades policiales, así como las direcciones de investigación criminal y de establecimientos penitenciarios, entre otros actores del control social.
En el caso de la mujer con doble condición de víctima-victimaria, objeto particular de su investigación, propuso explorar su historia de vida lineal como víctima y aprovechar la autopsia psicológica para determinar la presencia del Síndrome de la mujer maltratada, elementos que podrían utilizarse como atenuante en el proceso penal, explicó.
Como resultado concreto, su estudio recomineda protocolos para la actuación de los sistemas judiciales, agentes del orden y sistema penitenciario en la detección, atención y tratamiento de las distintas formas de violencia de género.
«Necesitamos normas que no solo castiguen al infractor, sino que también asistan y protejan a las víctimas, en los ámbitos personal, físico, emocional, laboral y patrimonial, que lo hagan de manera expedita y lo menos victimizante posible», asegura Arlín Pérez Duharte, profesora de Derecho Penal de la Universidad de La Habana.
Luego de precisar que el consenso entre profesionales e investigadores abogó por una ley especial integral contra la violencia de género para Cuba, la jurista insistió en el procedimiento ante estos casos.
«La manera de proceder tiene que ser sumaria, rápida, de términos cortos», señaló, «con medidas que garanticen la presencia de los acusados y la protección a las víctimas con mucho más alcance que el de las medidas de restricción».
Además de que la protección alcance a las víctimas y sus familiares, estos casos deben tener una representación y jurisdicción especializadas, agregó la profesora. También contemplar sanciones que permitan la restauración y reparación, con alcance amplio para la víctima.
«Los abogados que trabajan para proteger a las víctimas tienen que estar preparados, tener sensibilidad para entender y llevar al estado los intereses de la víctima.
Anunció que el anteproyecto de ley de procedimiento penal, actualmente en preparación, considera un aspecto que también se analizó durante el consenso: incluir como parte del proceso a la víctima, que actualmente es valorada solamente como testigo especial.
«Es algo importante, que realmente puede ayudar a cambiar la situación de la violencia en el proceso penal cubano», acotó Pérez Duharte.