Ante la ausencia de un sistema de atención nacional articulado, proyectos, servicios e iniciativas puntuales buscan llegar a las mujeres que sufren violencia de género, como punto clave en el abordaje integral de esta problemática social.
«Las mujeres que consultan por una situación de violencia lo hacen luego de un proceso muy difícil de quebrantamiento del secreto, enfrentamiento de sus propios miedos, amenazas externas, sentimientos de vergüenza y desconfianza en el porvenir, lo que las ubica en una situación de alta vulnerabilidad», reconoce la jurista Perla Delgado.
Pero quienes se animan a buscar ayuda suelen encontrarse con trabas y dificultades en las instituciones que tienen el encargo social de brindarles asistencia.
En el artículo «Desafíos de la prevención y la atención de la violencia en Cuba: algunas consideraciones«, la investigadora Magela Romero Almodóvar reflexiona sobre «la falta de capacidades y conocimientos especializados sobre este fenómeno del personal que presta servicios en espacios e instituciones destinados a la atención de las víctimas».
La experta identifica que «las intervenciones se quedan, por lo general, en el plano de la sensibilización o derivación del caso hacia otro servicio u espacio, en el que probablemente ocurra lo mismo, conduciendo de ese modo al proceso de revictimización que popularmente se conoce como peloteo».
Ante esta situación, algunas experiencias brindan orientación, como los Servicios de Orientación Jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Desde el ámbito psicológico, la Consejería para mujeres en situaciones de violencia del Centro Oscar Arnulfo Romero (CEOAR) ofrece apoyo emocional, orientación e información sobre la violencia de género, además de brindar herramientas para fortalecer la capacidad de las mujeres en la toma de decisiones.
Otras acciones convocan a especialistas y actores sociales de distintas áreas para ofrecer una atención integral. Son los casos de la Experiencia piloto de atención integral a la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario, que desde hace un año se realiza en La Habana, y el proyecto Cultura jurídica en clave de género: herramienta para la igualdad y la no violencia contra las mujeres en la provincia Cienfuegos, a 233 kilómetros de la capital.
De manera general, todas estas iniciativas, protagonizadas por especialistas con años de experiencia, tejen redes de trabajo común. Otra constante es el apoyo de organizaciones y organismos internacionales en la materialización de las iniciativas.
El proyecto Cultura jurídica en clave de género es fruto del trabajo sostenido desde 2000 por especialistas de Cienfuegos e integrantes de la Asociación de Juristas de Cuba en esa provincia.
A juicio de Perla Delgado, una de las coordinadoras, el proyecto adquiere relevancia «en términos de capacitación, educación, orientación y atención individual y grupal, propiciándoles a las mujeres las herramientas necesarias para enfrentar sus conflictos, tramitarlos con las instituciones procedentes y solucionarlos».
Llegar a las víctimas y apoyarlas en el complejo camino para salir del ciclo de la violencia de género es también uno de los objetivos de la Experiencia piloto de atención integral a la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario, en la capital cubana.
El proyecto convocó a actores sociales de cinco comunidades periféricas en La Habana (El Canal, Alamar Este, Párraga, Libertad y Buena Vista), a partir del trabajo de los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) existentes en esas localidades, cuya misión es impulsar el desarrollo local.
Las expertas Magela Romero Almodóvar y Clotilde Proveyer Cervantes acompañaron procesos formativos, diagnósticos con perspectiva de género y el diseño en cada barrio de un sistema integral y articulado para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
«La comunidad es un Estado en pequeña escala. Allí está la policía, el gobierno, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el sistema de salud con sus servicios comunitarios. Además, las redes de apoyo más cercanas a la víctima ofrecen mayor confiabilidad, porque ante una crisis o emergencia pueden llegar más rápido», afirma Proveyer.
A partir de un diagnóstico con perspectiva de género se levantó información sobre el número de denuncias hechas en la policía local, los espacios más peligrosos para las mujeres, los sitios de reunión de los hombres y las instituciones y personas a las cuales acudir.
Los cinco grupos gestores de las comunidades diseñaron un modelo de atención que incluye pasos a seguir, contactos y nombres de actores clave para dar acompañamiento a las víctimas.
Durante el primer año de trabajo fueron atendidas un total de 55 mujeres víctimas de violencia.
«Este es el resultado más importante porque son 55 mujeres que hoy sienten que tienen algún apoyo, acompañamiento, asesoría. De ellas, 13 mujeres de las distintas comunidades se encuentran fuera del ciclo de la violencia. Estos datos hablan de nuestro trabajo y, a partir de ellos, podemos diseñar los pasos a seguir», dijo Almodóvar durante la evaluación del proyecto, el pasado 19 de diciembre.
Fortalecer la articulación de actores es una de las intenciones de esta experiencia, que encuentra en el trabajo comunitario un espacio vital, pues «suple muchas veces las fallas de las instituciones que tienen como encargo social atender a las víctimas y que no siempre responden con la celeridad y la eficacia que hace falta», al decir de la académica y profesora Clotilde Proveyer.
De lo local al país
Especialistas, activistas, instituciones y organizaciones comprometidas con erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas en la isla coinciden reconocen avances en los últimos cinco años.
Sin embargo, perviven retos e incomprensiones que limitan el alcance de estas iniciativas y la puesta en marcha de una respuesta integral e integrada que, desde una estructura estatal, convoque a los diversos actores sociales.
Para Delgado, el compromiso profesional y la articulación son elementos fundamentales si se quiere lograr un impacto positivo y duradero. Romper con los prejuicios y la discriminación también impone fomentar la cultura jurídica y un cambio de paradigma respecto a la víctima.
«Muchas veces la atención que reciben las mujeres maltratadas en las instituciones parte de una concepción asistencial y no de derechos, las tratan como personas necesitadas y no como ciudadanas. El punto de partida, en estos casos, es que estas mujeres necesitan un servicio y no que tienen derecho a recibirlo», afirma la abogada.
La aspiración máxima es llegar a todo el país. Según la «Encuesta sobre igualdad de género» 10 mujeres de cada 30 encuestadas (27,9 %) declararon haber recibido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica durante los últimos 12 meses, pero la cifra aumenta a 40,5 por ciento cuando el período se abre a «algún momento de su vida».
La investigación nacional realizada por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la FMC y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en 2016 incluyó una muestra representativa de 19.189 mujeres y hombres de 15 a 74 años e incluye otros temas relacionados con la igualdad de género.
A pesar de esfuerzos y proyectos puntuales que se han ramificado en varias provincias y el recorrido por distintos territorios de la Jornada Cubana por la NO violencia hacia las mujeres y las niñas, las principales experiencias aún se concentran en la capital del país.
Proveyer cree esencial «llegar a las zonas de silencio», aquellos lugares de la geografía nacional de los que no se tiene información, en los que no existen proyectos, ni acompañamiento.
«No podemos seguir trabajando de manera esporádica, por iniciativas, tenemos que hacerlo en sistema, organizados con una institución del Estado que coordine con intención un trabajo en todo el país. Una entidad que preste servicios de prevención, atención, seguimiento y acompañamiento; que contribuya a cambiar lo que hay que cambiar», convoca la reconocida especialista.
