Por Raquel Sierra
Nicolás tiene 54 años. Los próximos ocho los pasará en la prisión de Las Mangas, en el oriente de Cuba, por un crimen que no reconoce, pero con el cual la ley cubana es implacable: el abuso sexual de menores.
«La sobrina de su ex esposa tenía doce años. Como es habitual en los campos de Cuba, los conocidos juegan con las niñas, les hacen cosquillas, y esto no se toma a mal», dice Rosario, una de sus hermanas.
«Siempre jugó con Yahili, desde que era pequeña. Ella fue creciendo y estaba bastante desarrollada para su edad», agrega, moviendo la cabeza con angustia ante el destino del menor de sus hermanos. Aprieta sus manos y lamenta: «nunca sabremos qué pasó, si él se propasó o si ella malinterpretó los juegos y hubo algo más. El padre de al niña acusó a Nicolás delante de todos y presentó una denuncia en la policía».
«Fueron meses muy duros. Yahili siempre sostuvo su historia. Ella es un poco coqueta, quién sabe…», dice un sobrino de Nicolás, incrédulo pese a la sentencia del tribunal.
Aunque el Código Penal ya incluía condenas duras contra los delitos de abuso sexual, incluido el infantil, desde hace tiempo, la Ley 87, de 2003, modificó algunos aspectos e hizo más severas las sanciones.
Incluida entre los «Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales», la violación es penada por la ley cubana con la privación de libertad de siete a quince años, si la víctima es mayor de doce y menor de catorce años de edad.
Cuando la perjudicada (el código contempla en este delito sólo a las mujeres) es menor de 12 años, la modificación estipula la reclusión en prisión de quince a treinta años o la pena de muerte.
Generalmente estas son historias que permanecen ocultas o de las que casi no se habla, por el deshonor y el repudio que entrañan.
La suerte de Osvaldo Rojas cambió para siempre. El niño de la casa de enfrente dijo que él «lo tocaba». La madre, estomatóloga divorciada, vino a reclamarle y el edificio entero supo del escándalo.
Los tres hijos de Osvaldo, estudiantes, nunca lo creyeron. Su padre, tan íntegro y respetuoso, no podía haber hecho algo así. Pero Diego, de 13 años, nunca se retractó y Osvaldo pasó años en la sala de detenidos de un hospital psiquiátrico.
Según el Código Penal cubano, «el que cometa actos de pederastia activa, empleando violencia o intimidación, o aprovechando que la víctima esté privada de razón o de sentido o incapacitada para resistir, es sancionado con privación de libertad de siete a quince años».
Las penas pueden llegar de quince a treinta años de cárcel o la muerte, si la víctima es menor de 14 años, aunque consienta la relación. Si como resultado de una violación o pederastia con violencia la víctima muere, el delito se convierte en asesinato, previsto y sancionado con penas de 15 a 30 años en prisión o la muerte.
Al comentar las modificaciones al código, el doctor Marcelino Díaz, profesor de la Universidad de La Habana, recuerda que aunque el delito quede en una tentativa, las sanciones pueden ser las mismas que si se hubiese consumado.
Según la monografía «Experiencia cubana en el enfrentamiento al abuso sexual en niños», la política de protección hacia la infancia tiene como complemento una doctrina penal «realista y de persistente efecto disuasorio» sobre los pedófilos.
Su autora, Marta González Rodríguez, master en ciencias y profesora de criminología y derecho penal, reconoce que las medidas jurídicas por sí solas no garantizan la eliminación de estas conductas. «Careceremos de una verdadera disminución del problema, si la esfera jurídica no actúa como factor coadyuvante de las políticas sociales y preventivas al respecto», señala.
La investigación «Características del medio familiar de niños y adolescentes víctimas de abuso sexual», analizó el entorno en que se desarrollaban los 120 menores atendidos entre 1998 y 2003 por la Comisión de Validación de Testimonios al Menor, en el municipio de Manzanillo, al oriente de Cuba.
El estudio arrojó que el 77 por ciento procedía de familias nucleares y que en el 69 por ciento de los hogares existían dificultades importantes en el funcionamiento familiar, con un predominio de las familias evaluadas como regular y mal en sus características psicosociales.
Este tema requiere de un enfoque multidisciplinario según los autores, Iliana Hernández Pérez y Olimpo Martínez Linares, especialistas en pediatría y en psiquiatría infantil, respectivamente. En su opinión, este flagelo podría disminuir con programas dirigidos a ayudar a la familia a proteger mejor su descendencia, educar a la población y capacitar al personal médico y paramédico, para fomentar una red multidisciplinaria en la comunidad.
Internacionalmente, este fenómeno alcanza en la actualidad niveles alarmantes. El City Registry de Nueva York contabilizó en un año más de 19.000 casos de supuestos abusos a niños. Algunos reportes refieren que en España y Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 20 al 25 por ciento de las niñas y del 10 al 15 por ciento de los niños sufren algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años.
Al analizar el abuso sexual infantil, los especialistas cubanos incluyen los delitos vinculados al mercado del sexo, que han crecido en la isla tras la apertura al turismo internacional. El Código Penal reforzó las sanciones contra esos actos y establece penas de siete a 15 años de prisión al que utilice menores de 16 años en el ejercicio de la prostitución, actos de corrupción o pornografía. Si la víctima es menor de 12 años, la condena se eleva de 20 a 30 años en prisión o a la pena de muerte.
(marzo de 2005)
