Anita intenta sonreír. Tras la mueca se esconden los recuerdos de las repetidas ocasiones en las que su padrastro abusaba de ella: “Si no me dejas tocarte, mato a tu mamá”, escuchó una y otra vez sin quejarse, sin decirle nada a nadie.
Con apenas ocho años de edad, la niña cargó con el pesado fardo de la violencia que le dejó daños psicológicos y físicos. “Llegó a la consulta con su himen aparentemente intacto, pero con condilomas acuminados en su vulva, visibles a simple vista”, recuerda Margarita Solares, especialista en Ginecología y diplomada en Atención Infanto-juvenil.
El condiloma acuminado es una de las formas de expresión del Papiloma Virus Humano (PVH), considerado la segunda infección de transmisión sexual (ITS) por su creciente incidencia en el mundo.
Su presencia en la zona genital de Anita alertaba sobre un posible abuso sexual, pero esta no es la única vía de infestación. Al existir una laceración del tejido y estar presente el virus, por ejemplo, en las manos de los familiares encargados del aseo del menor, puede aparecer la verruga.
“Muchos especialistas reportan que, si existe una ITS en un niño, niña o adolescente, tuvo que existir algún tipo de contacto sexual voluntario o forzado. Pero, a veces, les pones el cartel de abusado y no es así”, explica a SEMlac Idania Baladrón, también ginecóloga infanto-juvenil.
Guiados por su olfato y el procedimiento instituido, el equipo de trabajo de la consulta de Ginecología infanto-juvenil inició el interrogatorio para dilucidar la vía de transmisión de la enfermedad.
“Fue muy difícil, porque el nivel educacional de la madre era más bajo que el de su hija, quien cursaba por entonces el tercer grado de la enseñanza primaria. Pero, no había dudas. La niña contaba con detalles varios hechos de abuso lascivo por parte de su familiar”, comenta Solares.
Signos visibles
El abuso sexual infantil es una de las formas de violencia que abarca una amplia gama de comportamientos y relaciones, que van desde el contacto físico con penetración, hasta aquellos más sutiles pero igualmente dañinos, mediante el uso de la fuerza física, la presión psicológica o el engaño.
Hay dos clasificaciones, según algunos autores: con contacto, que involucra cualquier tipo de relación física cuyo fin sea la excitación o satisfacción sexual del agresor, y sin contacto, o sea, la masturbación en presencia de los menores, la vinculación de estos con la producción o la proyección de pornografía, llamadas telefónicas obscenas y comentarios seductores.
La variante más frecuente es el llamado abuso lascivo, definido como “el propósito de satisfacción de la líbido sobre la víctima, sin ánimo de acceso carnal, sino mediante cualquier maniobra o evolución erótica”.
Con consecuencias físicas, psicológicas, de comportamiento y sociales, que en la práctica resultan casi inseparables, sus manifestaciones más comunes son dolor o molestia vulvo-vaginal, hemorragia vaginal en niñas prepúberes, laceración y hematoma genital, agrandamiento del orificio vaginal, himen cicatrizado, esfínter anal laxo o inflamado, hemorragia rectal, retención de heces fecales, infecciones urinarias recurrentes, ITS y embarazos.
Mientras, las expresiones emocionales y conductuales comprenden la preocupación sexual explícita o frecuente en la conversación o durante el juego, la sexualización de las relaciones, la huida del hogar, los intentos de suicidio y dificultades en el aprendizaje, entre otras.
Miradas adentro
Aunque no hay cifras definitivas, al parecer la incidencia de este tipo de abusos en la isla es menor que en otras naciones. “Basta que exista una persona lastimada para que sea un problema social. No creo que en este tema las estadísticas tengan mucha importancia”, alega Baladrón.
La explicación, para la especialista, está en “la existencia de una voluntad política refrendada por las severas leyes contra los abusadores sexuales, así como por la severidad de la propia sociedad”.
Las medidas jurídicas de protección a la niñez contra los abusos sexuales se encuentran en el Título XI del Código Penal Cubano, denominado Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la Familia, la Infancia y la Juventud.
Las sanciones varían, según el tipo de delito y sus agravantes, entre multas de 100 a 1.000 cuotas, un mínimo de dos hasta un máximo de 30 años de privación de libertad y llegan a la pena de muerte.
“Desafortunadamente, la familia no siempre acusa al abusador. Recomendamos la denuncia, pero sentimos el temor que los frena porque muchas veces el propio abusador es un integrante del hogar”, comenta Baladrón.
En la isla existen las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia y cerca de 185 servicios de Atención a la Población de la Federación de Mujeres Cubanas, organización que coordina además el Grupo nacional para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, creado en 1997.
Ese equipo, integrado por los Ministerios de Salud Pública, Educación, Justicia, La Fiscalía General, el Centro Nacional de Educación Sexual, Medicina Legal, la Universidad de La Habana, el Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas, el Tribunal Supremo Popular y el Instituto Cubano de Radio y Televisión, facilita un trabajo más integral con acciones multisectoriales y multidisciplinarias para prevenir y atender el problema.
