Desde el año pasado, en República Dominicana se implementó un Código Procesal Penal que dejó muchos intersticios a interpretaciones perjudiciales para lograr justicia, sobre todo en situaciones de violencia contra la mujer. Por ello se hallan libres siete individuos que violaron anal y vaginalmente a dos niñas de 12 años y siete años, apenas un mes después de que la madre de ellas, una mujer con desajustes psiquiátricos, apareciera violada y asesinada por tres balazos en un paraje cercano al sitio donde vivían: el poblado de Mella, en la provincia Independencia, región fronteriza con Haití, a unos 400 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, la capital. Un tribunal colegiado de la provincia Pedernales que debía producir el juicio de fondo sobre el hecho y sancionar, por lo pronto, al único de los involucrados que se encontraba detenido, puso en libertad al hombre, Ernesto Pérez, con un pretexto baladí. Ese argumento se basó en que el perpetrador no había recibido por escrito la notificación correspondiente, asunto alegado por su abogado defensor, Sandry de Jesús Trinidad Pérez, quien trabaja, paradójicamente, como encargado de Niñas, Niños y Adolescentes en la organización Visión Mundial, de ascendencia religiosa. La niña contó lo ocurrido y dio detalles de cómo la violaron repetidamente los siete hombres: el liberado Ernesto Pérez (alias Meneo), y los antes evadidos Juan Carlos Cuevas, Tirson Vázquez (quien habría escapado del cuartel por un hueco que, al decir de testigos, no permitiría pasar ni siquiera a un perro), Juan de la Rosa Urbáez, y tres identificados como mudos: «Guandul», «Chinita» y «el hijo de Villita» (SEMlac)
2008-02-29
