Activistas de diferentes redes que se articulan a la población afrodescendiente en el país coincidieron en la urgencia de tomar acciones integrales contra la violencia de género, cuyo centro sea la prevención de los hechos, protección de las víctimas y promoción y aplicación de leyes, en consonancia con marcos jurídicos internacionales de los que Cuba es signataria.
“Las víctimas deben comenzar a hablar”, dijo la jurista Deyni Terry, líder del proyecto Alianza Unidad Racial, organización sin fines de lucro contra la discriminación, al dejar abierto el debate este 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
En el encuentro “La violencia desde la población racial con una mirada jurídica”, celebrado en el Taller de Transformación Integral del Barrio Jesús María, en el municipio de Centro Habana, activistas de proyectos comunitarios de distintas zonas de la capital, redes afrodescendientes y personas víctimas de maltrato colocaron en el debate el femicidio como etapa superior de la violencia.
“Necesitamos dialogar sobre la realidad cubana desde las estadísticas, hoy escasas, no sistematizadas, pálidas”, apuntó Terry, también miembro de la de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujeres (Redamu).
No son pocos los casos, sostuvo la activista, quien ejemplificó con varios hechos recientes: una mujer que es lanzada desde el balcón de su casa a seis metros de altura, “por ser sorprendida chateando por teléfono” y su esposo considerar que ello era causa “para acabar con su vida”. Aún luego de sobrevivir a este hecho, hoy lucha para que se reconozca como intento de femicidio y no ser revictimizada, dijo la jurista.
La violencia hacia las mujeres no discrimina en edad, enfatizó, al relatar el asesinato a palos de una mujer de 80 años, a manos de su pareja, igualmente octogenaria.
La activista llamó la atención a no confundir el hecho del femicidio con que siempre sea por parte del esposo o pareja de la mujer, porque puede ser un compañero de trabajo o un amigo, siempre que medie un interés carnal, sentimental o de pareja. “Ante esta situación, muchos hombres resultan violentos contra la mujer que les ha negado una relación”, dijo.
“Hay muchas señales que nos van diciendo que estamos ante un acto de violencia”, señaló Terry, quien además destacó la necesidad de visibilizar desde el ámbito jurídico otras violencias, como la económica y patrimonial, el mito del amor romántico, la violencia vicaria, que pueden ser antesala de la violencia física y que ya cobra vidas.
Sobre esta última, refirió que es poco tratada y conocida en el país, pese a que es frecuente, y consiste en que la pareja de la mujer pone por medio a los hijos para tratar que la víctima obedezca.
¿Qué hacer y dónde acudir?
La protección integral a las víctimas, que estas cuenten con las vías para denunciar los hechos, no se expongan a la revictimización secundaria y se disponga, además, de refugios o casas de acogida son algunas de las acciones que a juicio de Milagros Samón, investigadora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, deben contemplar los programas o una ley integral contra la violencia de género.
Para la abogada Lidia Romero, miembro de la de Redamu, el Estado cubano está obligado a promover y aplicar acciones positivas. “Desde la ciudadanía podemos hacer mucho, pero el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia y esto implica tener una ley integral de protección contra la violencia de género. Esa ley debe estar acompañada para que funcione desde un conjunto de leyes que a raíz de la nueva constitución van a modificarse, que tiene que ver con el código penal, con el código civil, con la ley de procedimiento penal”, sostuvo.
Aplaudimos la noticia de la puesta en marcha de un Programa contra la Discriminación Racial, anunciado recientemente por el Consejo de Ministros, pero no puede ser un programa aislado, enfatizó Romero, sino que es preciso atender la interseccionalidad de la violencia y la discriminación.
“Cuando se piensa en un plan nacional contra la violencia de género hablamos de tener una línea de autoayuda las 24 horas, Casas de orientación a la familia que funcionen, consultas psicológicas, terapéuticas, reparaciones para las víctimas y sus familiares, casas de acogida. Tener leyes sueltas es poner un parche, no resolverá el problema, se necesitan paquetes legislativos”, comentó.
Asimismo, la jurista indicó que estas leyes no pueden dejar fuera a las mujeres trans, por ejemplo, “que son las más vulnerables, desposeídas y están en terreno de nadie, y la mayor parte del tiempo no se nombran, no existen…Sueño porque esa ley de protección integral a la mujer incluya también los contenidos de una ley de identidad de género”, dijo.
A juicio de Terry, quien tiene experiencia en la atención a casos de maltrato, es preciso visibilizar las problemáticas de la violencia en las mujeres afrodescendientes. “Ellas,cuando están en un problema, sienten que va a ser mayor la problemática que en otras mujeres, porque hay una diferencia marcada, que si bien no la propicia el Estado, existe, asentada en siglos de discriminación”.
“A veces lo conocemos por el trabajo comunitario con las víctimas, que no hablan porque están los miedos, la desilusión, la desesperanza, la pérdida de la fe, son factores que agreden y no permiten que salgan las cosas a la luz”, dijo.
Norma GuillardLimonta, una de las coordinadoras de la Red de Mujeres Afrodescendientes, destacó que la violencia está pasando a ser un asunto “visible” desde la sociedad y el Estado, pero “aún hay muchas personas que no conocen lo que está pasando”.
El jurista Jorge Luis Casas, del proyecto Alianza Unidad Racial, subrayó que cualquier política que se adopte en este sentido debe ser coherente, “porque no se trata de criminalizar la sociedad, en tanto no supimos a través del diálogo, la cultura, la comunicación, ponemos de acuerdo.
“El Código Penal protege la vida, pero no visibiliza la violencia”, por lo que urge medir, diagnosticar y seguir profundizando en la política desde el esfuerzo institucional, sin perder de vista la diversidad cultural y subjetiva que hay en Cuba”, consideró.
