Urge reconocer y corregir desigualdades y exclusiones

Por Raquel Sierra/ raquels@enet.cu

Reconocer explícitamente desde la política la existencia de desigualdades sociales y su magnitud, y favorecer intencionadamente la creación de activos para las personas en desventaja y vulnerabilidad, constituyen urgencias en la sociedad cubana actual.
El foro de debate que convoca mensualmente el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR) trató este 18 de junio temas como pobreza, marginalización y la necesidad de llevar a los nuevos documentos programáticos del país estas realidades con nombre y apellido, como un primer paso para buscar soluciones. La investigadora Mayra Espina presentó el documental Buscándote Habana (2006), que a partir de testimonios aborda la realidad de un barrio improvisado en las afueras de la capital, donde las personas fueron llegando y armando sus casas con lo que podían, sin autorización legal. De ese modo llamó la atención sobre «problemáticas de nuestra sociedad que no pocas veces ignoramos o son poco visibilizadas porque, durante mucho tiempo, se han tratado como excepciones o problemas superables en el tiempo».
Lo más preocupante, consideró Espina, es que esa naturalización de la pobreza y las desigualdades ha llegado al mundo académico, la vida cotidiana y la psicología popular con un discurso de «pobres ha habido siempre, se puede intentar mejorar, pero eliminarlo es casi imposible».
Espina comparó la sociedad cubana de la pasada década del ochenta con la actual y consideró que «éramos desiguales de las necesidades básicas para arriba», pero «desde los noventa somos desiguales desde las necesidades básicas, hay quien puede satisfacer sus necesidades básicas y hay quien no puede, y eso divide a una sociedad en dos partes abruptamente», abundó.
Las situaciones de desigualdad «fueron disminuyendo, pero no fueron superadas completamente y la peor consecuencia de eso es que, cuando hay una zona de vulnerabilidad y hay una crisis, esa franja de vulnerabilidad vuelve a descender y ser nuevamente la más dañada por este proceso de crisis», dijo.
Se estima que en Cuba al menos 20 por ciento de la población urbana vive en condiciones de pobreza, lo que quiere decir que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
«La pobreza es amparada y los niños van a la escuela, todo eso es verdad. Pero eso quiere decir que uno no puede tomar ninguna decisión sobre su vida, pues esta transcurre en ese circuito de amparo», apuntó.
Basada en estudios de investigadores cubanos, la estudiosa señala que si la riqueza no está equitativamente repartida, la pobreza tampoco y le toca a unos más que a otros.
En su trabajo «El contexto de las desigualdades sociales en Cuba. Brechas de equidad», Espina incluye en el perfil de la pobreza urbana a las familias con un tamaño superior a la media nacional, que es de tres personas por hogar; presencia de ancianos y niños, mujeres jefas de hogar y sin condiciones para trabajar; ancianos viviendo solos y trabajadores del sector estatal tradicional.
El origen social obrero, la baja calificación educacional y laboral, el peso importante de emigrantes de otros territorios de menor desarrollo, la sobre representación de personas negras, mestizas y mujeres en grupos en pobreza y de menores ingresos, integran también el retrato de las desventajas.
Al respecto, insistió en la necesidad de incentivar, desde el Estado, la creación de activos para los grupos en riesgo, que les permitan mejorar su situación e incluyó entre sus propuestas la introducción de asesorías y micro créditos para emprendimientos privados, ante el decrecimiento acelerado del sector estatal, dictado por la actual reforma económica.
La también investigadora cubana María del Carmen Zabala señaló que es preciso denotar el nombre del problema, no por un asunto semántico, pues no usar los términos puede significar que no se le está otorgando el nivel de gravedad o prioridad que tiene.
Las desigualdades se manifiestan en los más disímiles espacios: desde los territorios y el acceso a los créditos para la construcción o reparación de viviendas, hasta la falta de amparo legal de los trabajadores empleados en el sector privado.
De acuerdo con René Cárdenas, profesor de la Universidad de La Habana, en el trabajo por cuenta propia se están restableciendo relaciones de explotación de los empleadores hacia los empleados, condicionados por los ingresos que obtienen, muy superiores a los que paga el Estado, lo que demanda de mecanismos de defensa de sus derechos dentro de un intencionalidad socialista.

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