Por Raquel Sierra / raquels@enet.cu
El tema de las inequidades y la participación ciudadana debe incluirse en los debates sobre la realidad cubana, para no dejar fuera de los puntos de análisis a personas vulnerables por diferentes razones.El foro permanente del no gubernamental Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR), un espacio para el debate y el intercambio entre académicos y actores sociales, analizó este 19 de septiembre la experiencia del socialismo en Cuba y las peculiaridades de su proceso emancipatorio.
El profesor Daniel Rafuls, de la Universidad de La Habana, comparó las manifestaciones de los modelos centralizado y descentralizado en Cuba y en países del antiguo bloque socialista (la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y China, entre otros).
En su ponencia «Del socialismo real a la Cuba actual. Apuntes de la experiencia cubana», señaló que el esquema centralizado propagó desequilibrios creados por tres tipos de distorsiones: el monopolio de todas las decisiones en un reducido grupo de funcionarios, la eliminación anticipada del mercado y la distribución discrecional de las prebendas entre una élite dominante. Rafuls consideró que el manejo descentralizado pone el acento en la eficiencia de la gestión y en la calidad de los productos, pero puede sucumbir ante la deformación de la «plena autonomía empresarial».
A su juicio, la supervisión popular y democrática del mercado es la mejor forma de contrarrestar el alcance de la economía informal, que tiende a desenvolverse en forma descontrolada y subterránea en cualquier proceso de transformación anticapitalista.
Para encontrar en el futuro los puntos de empalme entre la centralización y la descentralización, hay que desarrollar dos rasgos que estuvieron ausentes del «socialismo real»: el desarrollo subordinado del mercado y un marco político de efectiva democracia, puntualizó.
Para la profesora y estudiosa Mareelen Díaz Tenorio, de OAR, en estas reflexiones están ausentes las referencias a las inequidades, que no deben ser pasadas por alto.
Díaz declaró a SEMlac que «el género, junto a otras inequidades, como raza y desarrollo desigual de los territorios, se mencionan solo en el aspecto de las necesidades básicas, pero en el país existen estudios referidos a las inequidades en la reproducción social», sostuvo.
«Entre las inequidades que habría que atender están las de género -que ha sido puerta para otros tipos de desigualdades- que incluyen a la más terrible de todas: la violencia. Hace falta ver cómo se articula también con una concepción de desarrollo y participación popular», precisó.
Para la estudiosa de las inequidades, «el género no está en el aire, se articula con pobreza, con raza, con territorio, con jefatura de hogar, con muchos otros ejes que atraviesan esas desigualdades y, cuando se unen todas, debe pensarse en los atravesamientos, porque si miramos al género con profundidad, este nunca está solo».
En el debate, en el que participaron investigadores y estudiosos de diferentes instituciones y organizaciones, surgieron inquietudes sobre las inequidades y la reproducción de relaciones de explotación que aparecen en el trabajo por cuenta propia.
Al respecto, Díaz Tenorio cuestionó si esas relaciones desiguales no se producen también en empresas estatales y en muchos sectores diferentes y llamó a hallar una visión positiva y propositiva de la necesidad de esta forma de empleo.
En el tema de la participación popular, la socióloga Mayra Espina, de la Agencia Suiza para la Cooperación Internacional (Cosude), indagó sobre las probabilidades a nivel municipal de instrumentos como la consulta pública y el presupuesto participativo, como parte del proceso de descentralización y el aumento de las decisiones a nivel local, mencionados en los lineamientos de actualización del modelo económico y social cubano.
Según destacó en el intercambio la investigadora María del Carmen Zabala, es preciso llenar vacíos jurídicos en temas como la atención a la ciudadanía y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, así como introducir mecanismos que garanticen la participación de la sociedad en los diferentes procesos que desarrolla el país.
