Las transformaciones en el desarrollo social y las relaciones familiares, ocurridas durante los últimos años en Cuba, hacen urgente la discusión y aprobación de un nuevo Código de Familia, en proyecto hace varios años en la Isla.
“Tenemos hoy problemas legales de alta sensibilidad humana en el ámbito familiar, que no tienen una total respuesta en el orden jurídico”, argumentó la jurista Yamila González Ferrer, durante los debates del recién concluido VIII Congreso de la Federación Cubanas (FMC), celebrado en La Habana los días 7 y 8 de marzo.
González puso como ejemplo un tema de gran repercusión, pensando en el futuro inmediato, en el cual se presenta como un gran reto el envejecimiento poblacional.
Según la legislación vigente en la isla, abuelos y abuelas no tienen la posibilidad de reclamar el derecho de comunicación con sus nietos y nietas cuando, por determinada razón, entran en conflicto con las madres y padres de estos.
Establecer este derecho “reivindica y reconoce jurídicamente el importante papel que han desempeñado y desempeñan los abuelos y abuelas en la formación y estabilidad familiar de muchas generaciones”, apunto la experta.
La propuesta legislativa también reconoce el derecho de la población menor de edad a relacionarse con estos cercanos e importantes miembros de la familia.
En Cuba se estudian modificaciones al Código de Familia, entre las cuales han trascendido al debate público en los últimos meses las relacionadas con el reconocimiento de la diversidad sexual.
Al respecto, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), abogó durante las sesiones del Congreso por darle más valor a la solidaridad y la justicia social entre todos los seres humanos, sin distinción de género, un empeño presente en el anteproyecto del nuevo Código.
“Se trata de democratizar más las relaciones entre el hombre y la mujer dentro de la familia y modificar patrones heredados históricamente”, precisó Castro.
La directora del Cenesex también se refirió al imponderable de desterrar de la sociedad cubana la discriminación a las personas por su orientación sexual. En ese camino, la nueva propuesta propicia una mayor inclusión y, de manera especial, se refiere al más eficaz funcionamiento de tribunales de familia y a la atención de los casos de violencia contra la mujer.
Durante el VIII Congreso de la FMC también se comentó la experiencia de las salas especializadas para los asuntos de familia dentro de los tribunales municipales que, a modo de prueba, se desarrolla en dos territorios del país: Guanabacoa, en la capital; y Placetas, de Villa Clara, al centro de Cuba.
Fue la instrucción número 187 del Tribunal Supremo, correspondiente al año 2007, la que dio luz verde a este experimento que ha sido muy enriquecedor, en opinión de González.
Los jueces y juezas encargados de su aplicación han confirmado sus beneficios, pues han adquirido mejores herramientas para dar solución a los complejos y sensibles asuntos de familia, comentó la jurista.
González también reconoció que ha sido muy efectiva la incorporación de un equipo técnico asesor coordinado por la FMC, que auxilia al tribunal brindándole elementos para la toma de decisiones.
Este año se espera extender la experiencia a un municipio de cada provincia cubana, en un paso de avance hacia su generalización.
Entre otros temas, el Congreso también analizó el funcionamiento de la organización, las dificultades aún presentes en la búsqueda de equidad y el acceso de las mujeres a puestos de dirección, la incorporación de las mujeres a labores vinculadas con la economía y la proyección internacional de FMC.
