No es infrecuente que en los meses de verano se produzcan hechos de gran connotación social frente a los cuales la ciudadanía no puede reaccionar. Uno de la mayor gravedad sería el fallo del Tribunal Constitucional en contra de la distribución de la T de cobre, junto al Levonorgestrel. Dicho fallo, que se espera para fines de mes, vendría a acoger la impugnación de Carmen Domínguez, abogada de la Conferencia Episcopal, en cuanto a que «el mecanismo de acción de los dos métodos (…) son idénticos en cuanto que ambos tienen por objeto producir una alteración endometrial que actúa finalmente impidiendo la anidación del individuo ya concebido», opinión que contradice absolutamente la evidencia científica acumulada. En 2005, las usuarias de anticonceptivos atendidas en el sistema público de salud eran un millón 141.798 y 54 por ciento de ellas usaba un dispositivo intrauterino (DIU), la T de Cobre 380, considerada un método efectivo y seguro para la salud de las mujeres, de fácil manejo y control, además de su costo/efectividad. El total de usuarias de la T de cobre a nivel nacional es de un millón 435.948. La declaración de ilegalidad de este anticonceptivo en Chile afectaría especialmente a las mujeres más necesitadas del país, que viven mayores dificultades de negociación en la intimidad, vulnerando el derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo, favoreciendo el aumento de los embarazos no deseados y los abortos (CIMAC)
2008-02-15
