La incorporación de mujeres desvinculadas laboralmente al trabajo de producción de alimentos, atención a personas mayores y confección de manualidades es uno de los cambios promovidos por el proyecto Comunidades por la vida, desarrollado por el Área de Diaconía del Consejo de Iglesias de Cuba.
Organizado desde 2013 con financiamiento de la Agencia de Cooperación Alemana PAN para el Mundo, ese proyecto se propuso contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en familias de cinco provincias del oriente cubano, con un enfoque de equidad de género, derechos y desarrollo social.
“Al inicio solo eran seis y ahora suman 28 las mujeres que tienen sus propios ingresos y contribuyen a la economía del hogar”, detalló a SEMlac Elsy Álvarez Pérez, del poblado de Chaparra, en Las Tunas, provincia a 660 kilómetros de la capital cubana.
En su opinión, ha sido una ganancia el incipiente empoderamiento que ellas van alcanzando, una vez que se sienten independientes desde el punto de vista económico.
“Generalmente son los esposos quienes manejan las finanzas, lo que muchas veces limita la toma de decisiones por parte de las mujeres. Pero el respeto y reconocimiento que ellas logran de sus parejas es otro avance, pese al predominio de una cultura machista”, comentó.
Asimismo, en la medida que va creciendo la producción y elaboración de artículos manuales, las nuevas trabajadoras han ido creando un fondo que les permite adquirir materias primas para garantizar la sostenibilidad productiva, ahora que concluye el financiamiento externo.
Álvarez es una de las representantes de las 12 comunidades religiosas de la región oriental del país que compartieron sus experiencias en el encuentro nacional Comunidades por la vida II, efectuado en Camagüey, a unos 530 kilómetros de La Habana, del 6 al 8 de octubre.
La reunión sirvió para evaluar la última etapa del proyecto, enfocada en incorporar a mujeres y hombres a la vida comunitaria en igualdad de derechos, aprovechar los recursos locales y el reciclaje de desechos, mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias con acceso equitativo y sensibilizar a las comunidades en temas de equidad, violencia y VIH-sida.
A Vivianne Díaz Rodríguez, del municipio Nuevitas, en Camagüey, la experiencia de participar en un taller de atención a personas adultas mayores le abrió nuevos horizontes.
Comenzó a ver mucho más allá que el cuadro cotidiano al que estaba acostumbrada en su hogar, donde debía asumir, entre otras, la responsabilidad del cuidado de sus nietos.
“Compartir con otras mujeres de mi edad me ayudó a comprender mejor muchas de mis necesidades en esta etapa de la vida”, relató.
En tanto, Elsida Abreu Varona, de la comunidad de Río Verde, también en Camagüey, encontró en el proyecto una oportunidad no solo para dedicarse a la elaboración y venta de condimentos secos mediante un secador solar.
Además de ser una de esas mujeres vinculadas directamente a la producción de alimentos o asumir la responsabilidad de la secretaría en la iglesia a la que pertenece, Abreu no ha dejado de superarse en temas de género.
Deudas por saldar
La política de género fue eje transversal en el trabajo que, durante los tres años del proyecto, desarrollaron las comunidades. Sin embargo, aún persisten inequidades asociadas a los preceptos que promulgan algunas de las denominaciones de la iglesia.
Creencias asociadas a que “el hombre es la cabeza de la familia” persisten en el lenguaje y la acción de no pocas mujeres. También hay situaciones de violencia que se invisibilizan por los mandatos religiosos fundamentalistas y mitos relativos a la sexualidad.
Elina Ceballos Villalón, coordinadora del área de Diaconía del CIC, señala que la intención de desarrollar el proyecto en la zona oriental del país respondió, entre otros aspectos, a la presencia de rasgos culturales machistas que se transmiten de generación en generación y con mayores estigmas y estereotipos al interior de la iglesia.
Sin embargo, en esta ocasión las problemáticas de mayor prioridad se abordaron desde la experticia de cada uno de sus integrantes, en áreas como la medicina, la agricultura, entre otros, sin profundizar en las bases bíblico-teológicas.
Ceballos también se refirió a la baja participación de las comunidades en los programas de género y VIH-sida. La violencia fue más abordada desde la perspectiva de otras temáticas, como la atención al adulto mayor, las personas con discapacidades y la prevención de adicciones, acciones tradicionalmente desarrolladas por las iglesias.
No obstante, aclaró, las mayores ganancias estuvieron asociadas a la vinculación de la iglesia en su encargo social con la comunidad.
Ganancias en femenino
Tradicionalmente, las iglesias han sido mantenidas por mujeres, quienes se acercan mucho más que los hombres y constituyen una fuerza representativa dentro de esa institución.
Una de las ganancias del proyecto Comunidades por la vida II fue la capacitación en temas de actualidad y la difusión de herramientas metodológicas conceptuales que ellas recibieron para desarrollar mejor su trabajo, señaló Ceballos Villalón.
“No se trata solo de que participen numeralmente o se incorporen a la labor de una iglesia local, aspecto que en ocasiones constituye una sobrecarga, pues también llevan la responsabilidad del hogar. Se trata también de que conozcan y compartan sus derechos”, comentó la coordinadora del CIC.
