Tres veces al día, María Magdalena Vargas Fonseca ve llegar a unas 100 personas al Comedor Pío Pío del Sistema de atención a la familia (SAF), en el municipio capitalino Playa. Vargas Fonseca es administradora de la instalación que ofrece desayuno, almuerzo y comida a ancianos y personas en situación de vulnerabilidad social.
Los 154 ancianos que asisten al Comedor Pío Pío forman parte de los más de 76.000 cubanos adscritos al Sistema de atención a la familia (SAF), programa estatal que ofrece alimentos a personas de bajos ingresos y que reciben subsidios del Estado.
«Todos son adultos mayores de la comunidad. Vienen más hombres que mujeres y una puede notar que son personas que no cuentan con el amparo de la familia, la mayoría viven solos», dijo Vargas Fonseca a SEMlac.
Según el Censo de Población y Viviendas de 2012, el 12,6 por ciento de los hogares cubanos están constituidos por adultos mayores solos. Para estas personas, los servicios que ofrecen el SAF y otras instalaciones públicas son fundamentales.
«Hoy existen asistentes sociales a domicilio, aproximadamente un trabajador social por cada 600 núcleos, y equipos multidisciplinarios de atención gerontológica, pero todo esto no es suficiente» explica Alina Alfonso León, especialista del Centro de Estudios Demográficos (Cedem).
En Cuba, según cifras oficiales de 2015, las personas de 60 años y más constituían 19,4 por ciento (2.176.657 personas) de la población. En ese contexto, las autoridades trabajan en recuperar servicios de cuidado como Casas de Abuelos y asilos, conocidos en Cuba como Hogares de Ancianos.
Las Casas de Abuelos acogen durante el día a mujeres y hombres de la tercera edad que reciben alimentación, realizan actividades culturales y son atendidos por profesionales de la salud.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), entre 2010 y 2015 se crearon 31 Casas de abuelos, con lo que sumaban 265 en el país. Sin embargo, las estadísticas revelan una disminución de la disponibilidad de camas de la asistencia social en Hogares de Ancianos y otras instituciones que acogen de manera permanente a las personas mayores.
Los Hogares de Ancianos son subsidiados por el estado cubano y las personas que reciben sus servicios pagan $40 pesos mensuales (dos dólares aproximadamente). La seguridad social asume el pago de quienes no tienen pensión.
De 2010 a 2015 se redujeron 665 camas (de 14.833 a 14,168) en todo el país, para una proporción de 1,3 por cada 1.000 habitantes.
En ese lapso también se redujo el número de Hogares de Ancianos, aunque aumentó el total de personas albergadas en estas instituciones. En 2015 se acogió a 9.025 ancianos de manera permanente y 1.595 seminternos.
Medios de prensa nacionales se han hecho eco de las acciones estatales y las impresiones de los beneficiarios sobre estos servicios.
La sección «Cuba Dice», del Noticiero Nacional de Televisión, informó el 12 de octubre pasado de un programa para la reparación, ampliación y equipamiento de estos locales con una inversión de casi seis millones de dólares en 2016 por el Ministerio de Salud Pública.
Las críticas e insatisfacciones aluden principalmente a la calidad de los servicios, las malas condiciones constructivas de los locales y la ausencia de actividades que ofrezcan a las personas mayores un espacio de esparcimiento.
«Nosotros hoy no tenemos problemas con el abastecimiento de los alimentos, pero sí con el estado constructivo de la instalación. No tenemos las mejores condiciones para que ellos se sientan acogidos, aunque está en proyecto ampliar los servicios que ofertamos», dijo a SEMlac la funcionaria del comedor Pío Pío.
A mayor demanda
¿cuáles políticas?
Proyecciones de la ONEI indican que para 2025 en la isla 3,6 millones de personas tendrán 60 años y más, el 32,1 por ciento de la población. Aumentará entonces la demanda de servicios y bienes de consumo, como lavandería, alimentación, atención médica, aseo personal, entre otros.
Para la economista Teresa Lara, una política integral que atienda el envejecimiento en Cuba deberá integrar a múltiples actores sociales en una estrategia atenta a la diversidad territorial y las desigualdades.
«En el corto plazo se requiere de una mirada descentralizada: no es lo mismo ser anciano en Bayamo, en el oriente del país, que en La Habana. Hay que propiciar que ese análisis se produzca a nivel local y que las autoridades en los municipios puedan tomar decisiones y disponer de recursos», considera Lara.
Académicas entrevistadas por SEMlac creen necesario atender las brechas de desigualdad y vincular políticas universales con acciones focalizadas hacia grupos en desventaja social.
«El deterioro de la atención a los adultos mayores es un desafío de la política social para los próximos años», señala la economista.
Por su parte, la especialista en demografía Alfonso León cree que otra de las posibles acciones a potenciar en el corto plazo sería aprovechar el sector no estatal.
Ella reconoce que existen mecanismos para estimular la participación del sector privado en el cuidado de ancianos, e instrumentos para regular y supervisar su acción.
«Este sector podría asumir servicios de alimentación, arreglos de ropa y el cuidado de adultos mayores que hoy recaen en las familias. Como aporte social, algunos restaurantes podrían asumir parte de la alimentación de un grupo de ancianos de la localidad», comenta la demógrafa.
Sin embargo, aún en el sector privado no son visibles emprendimientos relacionados con servicios y productos destinados a la población de la tercera edad.
«Respecto al cuidado, creo en una alianza entre el sector no estatal y el sector estatal. El primero tiene una experiencia formativa que no se puede desestimar y el sector no estatal tiene, en muchos casos, el recurso financiero, material y de infraestructura, además de un recurso humano motivado», opina Lara.
Mientras tanto, muchas familias y adultos mayores se las agencian para sortear dificultades y requerimientos del cuidado.
«Desgraciadamente, la mayoría del cuidado recae en las familias porque el cuidado estatal no es suficiente. También está el cuidado que tiene distinto tipo de pago; por ejemplo, dejar en herencia la casa o pagar en efectivo a personas que asumen el rol de cuidadores», refiere Alfonso León.
RECUADRO:
En 1963 se creó en Cuba el Sistema de Seguridad Nacional, que incluye no solo la protección y servicios destinados a personas adultas mayores, sino también a personas con discapacidad; familias de escasos recursos económicos y con problemas en su vivienda; grupos que se denominan «casos sociales».
A partir de 2010, los Lineamientos de la Política del Partido Comunista de Cuba (PCC) establecen entre los objetivos de su política social «brindar particular atención al estudio e implementación de estrategias en todos los sectores de la sociedad para enfrentar los elevados niveles de envejecimiento de la población».
Durante los últimos años, las transformaciones económicas conocidas como «actualización del modelo económico cubano» han impactado en la política social. El artículo 165 de los Lineamientos del PCC plantea «disminuir la participación relativa del Presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social
».
La Ley No 120/2016 del Presupuesto del Estado para 2016 estableció un presupuesto para la Seguridad Social de 5.696.3 millones de pesos, de ellos el déficit a cubrir por el estado fue de 1.182.3 millones (20,75 %), el resto lo aportó el ingreso por contribución a la seguridad social (pago de impuestos)