La variedad de formas y relaciones familiares que existen actualmente en Cuba precisan de miradas más integrales y también particulares que garanticen su protección social y legal, señalaron especialistas.
«Hay un reconocimiento desde los espacios académicos de las distintas variantes de familia y así se ha entronizado en los discursos de la ciencias sociales», reconoce la psicóloga Patricia Arés Muzio.
Sin embargo, «no es menos cierto que se acepta el término de diversidad, pero las familias no han sido rescatas en su singularidad», agrega la experta, que integró el panel «Familias en cambio. Una mirada desde la diversidad», convocado por la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES), el pasado 29 de mayo en la capital cubana.
La especialista alude a fenómenos familiares nuevos, que no están contemplados en la legalidad, en una visión jurídica, en especial el Código de Familia.
Considerado en su momento como uno de los más avanzados de la región latinoamericana y caribeña, el Código de Familia cubano fue promulgado en 1975 y ha perdido vigencia en la práctica cotidiana porque se anclaba, fundamentalmente, en un solo modelo filial.
«No había otra mirada que no fuese la de la familia nuclear, heterosexual y biparental, que fue en su momento la aspiración dentro de lo que se denominó la moral comunista», explica Arés, doctora en Psicología y profesora de la Universidad de La Habana.
Actualmente, situaciones muy diversas han pasado a formar parte de la realidad familiar cubana, donde coexisten familias monoparentales, extendidas, heterosexuales, rensambladas y constituidas por parejas del mismo sexo e integradas por generaciones diferentes, entre otras variantes.
«Muchas de estas nuevas realidades pasan por la vulnerabilidad social y legal», sostiene Arés.
En espera hace varios años de su discusión y aprobación por el Parlamento cubano, el proyecto de un nuevo Código de Familia sigue siendo un tema pendiente.
Entre algunas situaciones sin protección jurídica actual, citadas por Arés, están las que viven las parejas homoparentales, por falta de reconocimiento, así como la ausencia de derechos patrimoniales de padrastros y madrastras.
También el poco valor real de las pensiones alimentarias a hijos e hijas menores, en casos de divorcio; la ausencia de derecho a herencia de las personas emigrantes en la reciente ley migratoria, puesta en vigor desde enero de 2014, así como no pocos conflictos relativos a hijos de parejas biculturales.
«Es fundamental la base legal, que no transforma la realidad, pero sí nos da un basamento, es una herramienta para actuar», consideró la profesora Alicia Gónzalez, quien se refirió al impacto de los patrones hegemónicos de género, sexistas y heteronormativos de la familia y la escuela.
González insistió en la necesidad de preparar en estos temas al profesorado, que reproduce en el aula prejuicios y criterios discriminatorios.
Así lo demuestra un estudio realizado en la capital cubana por la psicóloga Dachelys Valdés Moreno, quien consultó a 200 maestros y maestros de 19 escuelas de la educación primaria, en la capital cubana.
La joven investigadora comprobó, entre otros resultados, que la percepción de la homoparentalidad en la muestra estudiada se coloca dentro de los límites del rechazo medio y alto, generalmente con valoraciones prejuiciosas, de carácter normativo.
Si bien reconocen avances en la aceptación de distintos tipos de familias, que han dejado de ser un estigma social, especialistas advierten aún miradas retrógradas hacia grupos humanos emergentes.
«Los términos utilizados para denominar algunos tipos de familia todavía, actualmente, son peyorativos», sostiene Arés.
Mientras muy pocas personas cuestionan, por ejemplo, a una familia monoparental y se ha superado el criterio de que, necesariamente, tiene que ser disfuncional, no ocurre los mismo con otras formas y reconfiguraciones familiares.
«Pasarán generaciones para que la familia homoparental adquiera la misma normalización y situación de visibilidad que la heterosexual», opina la experta.
Estas parejas deben vivir situaciones de desventaja, sin amparo legal alguno, frente a decisiones de familiares y terceras personas, precisó a SEMlac el joven investigador José Manuel Novales Armenteros.
Entre otras, Novales Armenteros mencionó casos bastante frecuentes de parejas que no obtienen la aceptación de la familia y estas se arrogan el derecho de sacarlas y desalojarlas de sus casas. También que las parejas y familias monoparentales no tiene derecho a la reproducción asistida.
«Para esto, el marco jurídico legal actual no tiene ninguna respuesta», remarcó el investigador a SEMlac.
«La cuestión de vulnerabilidad fundamental que pesa hoy día sobre estas parejas, de acuerdo a como se define el matrimonio en Cuba, es patrimonial», precisó a SEMlac el médico Alberto Roque, integrante de Socumes y moderador de la mesa.
No existe protección jurídica de herencia cuando una pareja homosexual interrumpe su vínculo o alguna de las dos personas fallece; tampoco cuando hay descendencia y no vive con ellos, explica.
«Desde 1997, cuando en Cuba se despenalizó la homosexualidad, hasta la fecha, no existe una política expresa en relación con la familia no heterosexual y el derecho civil. De la sanción punible pasamos a la invisibilidad casi absoluta», sostiene Roque.
Otra cuestión omisa en la normativa jurídica y citada por el activista por los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), es el acceso de esas parejas no heterosexuales a la adopción, «asunto que les es negado de plano», señaló.
También el reconocimiento de familias compuestas por personas transgénero, con o sin descendencia, antes y después de la transición de género, «tema del que no se habla en Cuba», apuntó.
En su opinión, la norma debe de ser lo suficientemente amplia para cubrir, en lo posible, la mayor individualidad de cada familia.
La resistencia a estos temas y a la propia discusión del proyecto de un nuevo Código de Familia sigue siendo considerable, coinciden especialistas y activistas.
A Roque le preocupa, en particular, cierta contradicción evidente. «Si bien en la práctica hay un reconocimiento de la diversidad de familias, desde los discursos mediáticos, públicos y políticos, se revela una tendencia hacia el conservadurismo», argumenta.
A criterio de Mercedes García Fernández, activista del grupo Humanidad por la Diversidad (HxD), que intercambia saberes con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), se trata de un tema que demanda de participación ciudadana.
En su opinión, hace falta desmontar las matrices culturales en las cuales se entroniza la discriminación. «Lo que está en crisis es la herencia cultural sobre la sexualidad, no las familias; pero estas necesitan protección», expresó.
«No buscamos aceptación, sino respeto, inclusión y protección legal a nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, que va más allá de los derechos sexuales y reproductivos», concluyó.