Conocer la ley para ejercer los derechos

Hace falta mayor conocimiento de leyes y normativas jurídicas para ejercer los derechos, defenderlos y ejercitar la ciudadanía, concuerdan juristas, activistas y profesionales de diversas disciplinas. “Si bien es cierto que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, sí te priva de la garantía para ejercer los derechos y también de algún que otro derecho”, asegura Liset Imbert, integrante del equipo de orientación jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Al cierre de 2017, se realizó en la capital cubana la Primera Reunión Nacional para promover el fortalecimiento de las capacidades en el ejercicio de ciudadanía, encuentro organizado por los Servicios de Orientación Jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), con apoyo del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) de República Dominicana

La libertad, la dignidad y la intimidad como principios y derechos enunciados en la Constitución, aspectos relacionados con el tutelaje judicial (debido proceso), la participación desde el activismo de las redes comunitarias y la reforma constitucional estuvieron en la agenda del encuentro, dirigido fundamentalmente al ejercicio de la ciudadanía.

“Solemos entender la ciudadanía como algo distante, que no nos toca, y se la reduce a momentos como las elecciones o determinados espacios políticos”, apuntó a SEMlac Ivón Calaña Pérez, al frente de los servicios de Orientación Jurídica del Cenesex.

“Pero la ciudadanía nos toca a todos, por el solo hecho de ser personas, desde que nacemos; tiene que ver con el vínculo entre el Estado y los ciudadanos, y debemos tener claridad en los derechos y obligaciones que esto genera”, agregó la jurista.

La necesidad de elevar la cultura jurídica de todas las personas fue punto común, en particular el conocimiento de la Constitución de la República, de la cual emana todo el ordenamiento jurídico y que está avocada actualmente a un proceso de reforma.

“La libertad, la igualdad y la intimidad son esenciales para el ser humano e imprescindibles para la realización de su personalidad”, reafirmó Marta Prieto, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana.

Pero no basta con su reconocimiento, agregó. “Se necesita de capacidad para el ejercicio de esos derechos; que las personas los conozcan para que lo puedan ejercer y las autoridades reconozcan que su ejercicio no supone una violación de principios, sino la realización de las personas y su dignidad humana”, dijo.

Sin embargo, como normas que tienen un contexto cambiante, las leyes necesitan también de renovación y actualización mediante procesos ordenados.

“Desde la lógica del texto constitucional, por ejemplo, no es posible la unión del mismo sexo, pues la figura del matrimonio se concibe solo para un hombre y una mujer”, apuntó.

Sin embargo, “hacer depender a la familia del matrimonio, en estos momentos, es restringir a las familias que hoy tenemos y no parten de la unión de un hombre y una mujer, se han formado sin matrimonio previo y además, son muy funcionales”, reconoció la jurista.

Partidaria de no validar una figura cuando la Constitución no lo hace, Prieto aboga en favor de que la reforma constitucional reconozca primero que el matrimonio es la unión entre dos personas.

Para Yan Guzmán, también profesor de Derecho de la Universidad de la Habana, el conocimiento e interpretación de la ley es fundamental.

Reitera que la dignidad, como principio fundamente y derecho fundamental de la Constitución, es un valor que transversaliza y somete, en el sentido jurídico, al resto del ordenamiento.

“La actual concepción minimalista del matrimonio está negando, sobre la base de la interpretación histórica, el bienestar individual, el colectivo, el ‘con todos y para el bien de todos’, la igualdad de trato, entre otros derechos que están implícitos y explícitos”, sostuvo.

Yaniseli, integrante de la Red TransCuba, es partidaria de que el matrimonio igualitario sea lo último que se reafirme. “Hay cuestiones fundamentales que deben verse antes”, opina.

“Antes de acceder a un matrimonio, hay que tener derecho a crear una familia, un hogar, o tener derecho a un vínculo laboral, que es tan importante”, señala.

En su opinión, se necesita primero del recurso legal de una ley de identidad, que permita a la comunidad trans adoptar legalmente nombre y sexo acordes a como se representan sus integrantes, aun cuando no quieran acceder a una intervención quirúrgica de adecuación sexual.

“Ya hay un logro que, aunque sea pequeñito, para nosotras es grandísimo: la fotografía en el carné de identidad, tal y como nos identificamos diariamente”, expone.

Participar en este tipo de encuentros y talleres es también un logro para Yaniseli.

“La comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero) ha sufrido grandes cambios; hemos salido de conductas primitivas a conductas civilizadas. Esta es una manera de empoderarnos de conocimientos, que hasta cierto punto nos permiten enfrentar actos y posturas negativos hacia nosotras”, argumenta.

El imperativo de conocer la Constitución, divulgar sus contenidos y hacer que cumpla el papel que tiene en la sociedad toca, en lo particular, la vida de las personas.

“Hay mucho por trabajar en los espacios donde hacemos activismo, en las comunidades. Cuando hablas de estos temas, si mencionas los derechos sexuales enseguida dicen que estás defendiendo a los homosexuales; si hablas de derechos humanos, te confunden con un opositor”, dice Argelia Fellove Hernández, de la Red Oremi, de mujeres lesbianas y bisexuales.

La creación de capacidades en estos temas, desde el Cenesex, se enfoca principalmente a las redes comunitarias que coordina esa institución.

“Representan a grupos que sienten vulnerados sus derechos y muchas veces no son escuchados; trabajamos también en empoderar a esas personas que necesitan de estos conocimientos”, sostuvo a SEMlac la jurista Ivón Calaña.

“Cuando se habla de derechos sexuales, las personas se ubican solo en no ser discriminados. Derechos sexuales son también el derecho a formar familia, a tener pareja, a que me acepten como me visto. Y se desconoce que hay un amparo constitucional que me permite ser persona como quiero ser”, insiste.

Como parte de una mayor cultura jurídica, se debe conocer también acerca de la tutela judicial, explicó la profesora de Derecho Penal Arlín Pérez Duharte.

“Como ciudadanos, tenemos derecho a recibir una tutela judicial efectiva, que es una expresión de los derechos constitucionales, se asienta en los derechos fundamentales”, explicó.

La también profesora de la Universidad de La Habana insistió en que, además, siempre hay un camino para impugnar un fallo del tribunal con el cual no se está de acuerdo, dijo en referencia al recurso de apelación y el de revisión de sentencia, este último un procedimiento especial que se puede realizar cuando el proceso ha terminado y la sentencia es firme.

“También hay otros espacios disponibles, como el   Departamento de Atención a los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía o el de Ciudadanía del Ministerio del Interior”, abundó.

En concreto, se trata de proveer a las personas de conocimientos como instrumentos que luego puedan esgrimir en favor de sus derechos humanos.

“Eso es empoderamiento. Que las personas sepan de las herramientas procesales y legales para hacer valer sus reclamos, que sus demandas no queden en meros discursos, que sepan sus opciones, lo que pueden hacer”, resumió Calaña a SEMlac.

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