Por Dayma Echevarría, socióloga, Centro de Estudios de la Economía Cubana
La seguridad alimentaria depende, entre otros elementos, de la capacidad de acceso que tengan las personas a los alimentos, dadas por sus ingresos. Sin embargo, existen diferentes procesos ocurridos en el contexto de la pandemia que permiten suponer la disminución de los ingresos en los hogares.
Entre ellos:
La declaración de interrupción laboral. A inicios de junio de 2020 había 142.510 trabajadores interruptos, quienes recibieron la totalidad de su salario el primer mes y luego el 60 por ciento.
Las causas que motivaron esta interrupción laboral se relacionan con la paralización total o parcial de algunos centros de trabajo, la necesidad de madres de hijos e hijas en edad escolar de cuidarlos ante el cierre de escuelas, la medida de protección a trabajadores mayores de 60 años y otros con problemas de salud.
Frente a la paralización de los centros de trabajo, se ha tratado de reubicar en otros empleos a todas aquellas personas que quedaron interruptas en el sector estatal por ese motivo. Del total, 10 por ciento ha sido reubicado en su cargo y 19 por ciento en otras labores. A quienes no aceptaron la reubicación laboral propuesta, se les suspendió el pago del 60 por ciento del salario, aunque mantienen el derecho a reincorporarse a su puesto una vez reanudadas las labores (Silva, 2020).
Las medidas de protección laboral aplicadas durante la pandemia encuentran a las mujeres como mayoría en el sector estatal presupuestado, en especial en el de Educación, el cual cerró parcialmente su actividad con el paso de la docencia a la modalidad de teleclases. Es de esperar que la mayoría de las personas que hayan sido declaradas interruptas sean mujeres. A ellas se les suman las madres al cuidado de niños e insertadas en el empleo formal, quienes tienen que acogerse a esta medida por el cierre de las escuelas. También es de esperar que la mayoría de las personas declaradas interruptas por motivos de salud sean mujeres, ya que ellas padecen en mayor medida de enfermedades que, de infectarse con Covid-19, pueden empeorar la evolución.[1]
La disminución significativa de los ingresos de estas personas, o la falta de ellos, afectará de manera significativa su capacidad de compra, especialmente luego de cinco meses en esa condición, en provincias como La Habana.
La fragilidad de la protección de las personas contratadas en el sector no estatal. Si bien se estipularon un grupo de medidas de protección para el sector de trabajo por cuenta propia, no resultan suficientes para cubrir los ingresos de las personas contratadas, ni de los pequeños negocios. Se orientó que los dueños de los negocios pagaran el salario a sus trabajadores según las horas trabajadas en el último mes y que debían cubrir el 60 por ciento de los salarios en el mes siguiente, siempre y cuando este no fuera inferior al salario mínimo (500 pesos). Sin embargo, no todos los negocios privados cuentan con los fondos necesarios para honrar esta disposición[2]. Además, las horas trabajadas por las personas contratadas en el último mes (febrero-inicios de marzo) pueden ser inferiores en gran medida a las trabajadas regularmente, por lo que el monto final del salario probablemente será reducido, rozando el salario mínimo. La situación de paralización de actividades se extendió al menos tres meses, por lo que si esta disposición comenzó en marzo, ya las personas contratadas habrán pasado al menos un mes sin ingresos. No se espera que la reanudación de actividades conlleve niveles de actividad elevados, por lo que seguirán siendo insuficientes los salarios pagados a personas contratadas. Esta situación incluye, dentro de las personas afectadas, a aquellas que trabajan en minindustrias bajo la modalidad de contratadas.
La inestabilidad de ingresos del trabajo informal. Si bien no se cuenta con cifras que muestren el peso exacto de los trabajos informales, es de esperar que el número de personas contempladas en esta modalidad sea una cifra creciente, ya que la tasa de actividad económica ha presentado una tendencia a la disminución desde 2009. Esto ha sido peor para las mujeres, quienes de cada 100 en edad laboral y aptas para trabajar solo están ocupadas o buscando empleo algo más de 49. Si bien existe una gran heterogeneidad entre las personas que realizan este tipo de trabajo, aún en un marco de políticas universales y gratuitas de acceso a salud y educación, enfrentan la falta de derechos laborales que ampara el trabajo formal, en términos de estabilidad de los contratos, regularidad y acuerdo sobre los ingresos, garantía de acceso a la seguridad social en caso de enfermedad, por licencia de maternidad o para cuidar a otros.
En un contexto como el impuesto por la pandemia, su cobertura de garantías se encuentra particularmente afectada, desamparada de un ingreso mínimo estable y garantía de contrato, lo que puede ser peor para las mujeres. En una situación sostenida de paralización de actividades, las reservas que algunas personas pudieron tener, probablemente, ya se terminaron o se encuentren tocando fondo. Mayores tensiones deben enfrentar las personas que son además jefas de hogar, entre quienes las mujeres tienen un peso importante[3]. Esta situación puede ser peor para mujeres rurales, cuyas tasas de actividad económica son inferiores, incluso, respecto a las urbanas.
La disminución de las remesas. Además de las medidas de recrudecimiento del bloqueo de la administración estadounidense que afectan el envío de remesas a Cuba, se puede esperar que la actual crisis sanitaria afectará la disponibilidad de recursos de personas emigradas para enviar a las familias cubanas. Estudios realizados en Cuba sobre el uso de las remesas muestran que mujeres y hombres las reciben y utilizan de manera diferente. Ellas, en montos más pequeños pero estables, que utilizan para cubrir necesidades básicas. Ellos, en montos mayores pero espaciados, generalmente las utilizan para invertir (Delgado, 2014 y 2017).
Este incremento de los precios y la inestabilidad de los alimentos, así como la disminución de los ingresos, afectan por igual a todas las personas, pero tendrán costos adicionales para las mujeres.
Como administradoras del hogar, deberán aplicar diversas estrategias: comprar menos alimentos y destinar mayor tiempo y esfuerzo a encontrar las mejores ofertas calidad/ precio, recomponer la dieta diaria a partir de consumir alimentos menos nutritivos o reducir el número de comidas al día, priorizar la alimentación de algunos miembros de la familia como ancianos y niños. También es probable que vendan bienes personales, artículos de poco uso o ganado menor, que tenían como ahorro, con algún fin específico. En general, se afectarán en mayor medida sus hábitos alimentarios ya dañados, con las esperadas consecuencias sobre la salud, así como su autonomía económica.
Las personas mayores que se encuentren viviendo solas y no cuenten con una red familiar o comunitaria de apoyo –-pese a las acciones promovidas desde el Estado para acercarles los alimentos, mediante mensajeros o trabajadores sociales–, enfrentarán mayores obstáculos para adquirir los alimentos, dada su inestabilidad, el alza de los precios y los ingresos insuficientes. Según la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Poblacional, una de cada cuatro mujeres de 50 a 59 años y casi una de cada cinco mujeres con 60 años y más no recibe ingresos mensuales (ONEI-CEPDE-CITED, 2019). En general, para el grupo de 60 años y más, nueve de cada 10 hombres cuentan con ingresos propios (salario, jubilación, rentas, ahorros), mientras que solo poco más de seis de cada 10 mujeres tienen autonomía económica. El resto de las personas no cuenta con ningún tipo de ingreso o depende de ayudas monetarias transferidas por otras personas. Según esta encuesta, 13,5 por ciento de las personas fuera de la edad laboral permanece trabajando de manera remunerada, con mayor presencia de hombres, y las “razones económicas” es la segunda causa, después de “sentirse útil y capaz”, para mantener tal decisión.
Las juventudes también estarán expuestas en mayor medida a los efectos de la pandemia. En primer lugar, para quienes asisten a centros educativos significará un corte en el proceso de aprendizaje, que la modalidad de teleclases y otras vías no han podido suplir. Aunque se espera contar con 60 días para cerrar el curso 2019-2020, es probable que en ese período no se pueda llenar el vacío que significó el cierre de los centros educativos.
Por otra parte, es de esperar que las juventudes enfrenten mayores dificultades para encontrar empleo o reinsertarse en el que tenían ante la pandemia, especialmente por el recorte esperado del sector privado, más dinámico dentro del país; así como por el recorte de empleo de sectores vinculados al turismo.
Trabajos citados
Centro de Estudios de Población y Desarrollo. (2016). Proyecciones de los Hogares cubanos 2015-2030. Ejercicio experimental. Escenarios tendenciales. La Habana: ONEI.
Delgado, D. (2014). Dinámica familiar, trabajo por cuenta propia y remesas. Estudio de casos en familias del barrio capitalino El Vedado, Cuba. La Habana: CIPS.
Delgado, D. (2017). Efectos del uso diferenciado de las remesas en la desigualdad social. Un estudio en la capital cubana. En C. d. Autores, Nuevas diferencias: desigualdades persistentes en América Latina y el Caribe (págs. 187-234). Buenos Aires: CLACSO.
Figueredo, O., & Sifonte, Y. J. (11 de mayo de 2020). Cubadebate . Recuperado el 6 de junio de 2020, de Transporte y aspectos laborales en tiempos de Covid-19: http//: mesaredonda.cubadebate.cu/Transporte-y-aspectos-laborales-en-tiempos-de-Covid-19
Minsap. (2020). Anuario Estadístico de Salud 2019. La Habana: MINSAP.
ONEI-CEPDE-CITED. (2019). Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población, 2017. La Habana: ONEI.
Silva, Y. (2 de junio de 2020). Cuba mantiene las medidas de protección laboral y salarial ante la COVID-19. Recuperado el 30 de junio de 2020, de Granma: www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-06-02/
[1] Según datos del Anuario de Salud de 2019, las mujeres tienen una tasa de prevalencia de hipertensión arterial, asma bronquial y diabetes mellitus superior a la de los hombres (ver Cuadro 77). (Minsap, 2020)
[2] Al cierre del mes de abril de 2020, existían 222 723 trabajadores por cuenta propia con suspensión temporal de la licencia, lo que representa 35 por ciento del total de 632.950 trabajadores por cuenta propia. Los que más se han acogido a esta medida son los contratados, los transportistas de carga y pasajeros, los arrendadores de vivienda, los vinculados a los servicios gastronómicos en cafetería y los servicios de belleza (Figueredo y Sifone, 2020). Es de esperar, entonces, que sean las mujeres quienes, probablemente, se encuentren más afectadas con el cierre de sus contratos o en suspensión temporal de sus licencias en las actividades para ejercer el trabajo por cuenta propia.
[3] Según la proyección de hogares, las mujeres en el 2020 podrían representar 48,4 por ciento de los jefes de hogar (Centro de Estudios de Población y Desarrollo, 2016)
