El crecimiento del trabajo por cuenta propia en Cuba, que en 2013 vinculó a casi 445.000 personas, manifiesta inequidades de género como resultado de la segregación ocupacional a que son sometidas las mujeres, concluye una reciente investigación social.
La pesquisa, realizada el pasado año por especialistas de la Universidad de La Habana, incluyó a 60 mujeres dedicadas a esta modalidad de empleo en el municipio Centro Habana, uno los más populares de la capital.
De esa muestra, 20 fueron titulares y 40 contratadas, sus edades oscilaron entre los 23 y 49 años, 41 viven en pareja y tienen en promedio dos hijos. Las actividades que realizan van desde la venta y elaboración de alimentos, manicura y confecciones textiles, hasta artesanía, renta de viviendas y espacios, taxista y cuidados infantiles.
Graciela González Olmedo, profesora de la Facultad de Sociología, expuso los primeros resultados del estudio durante el evento internacional «Mujeres en el siglo XXI», que convocó la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana a fines de noviembre pasado.
A su juicio, los cambios que acontecen en la isla con la implementación de los lineamientos económicos aprobados en 2011 por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba vienen modificando las relaciones de empleo y ello afecta de manera diferente a hombres y mujeres.
Si bien existen varias titulares en el trabajo independiente, la investigadora advirtió que algunas veces ellas aparecen como fachada y los roles de dirección son ejecutados por sus parejas masculinas.
Más del 70 por ciento de las entrevistadas unidas o casadas llevan la documentación del negocio y pagan los impuestos, pero el resto involucra a sus compañeros en la planificación de los gastos, la compra de insumos y gestión de venta.
Las tendencias nacionales indican que las mujeres son solo el 26 por ciento de quienes eligen actualmente esta modalidad laboral, dinámica que se mantiene entre las analizadas, minoría entre dueños de licencia, pero con un ligero incremento entre las contratadas.
La inscripción y declaración de la fuerza de trabajo saca a relucir estereotipos de género cuando establecen de manera arbitraria ocupaciones «femeninas», que luego implican desigualdad de ingresos.
El principal motivo de incorporación al sector es el económico, pero los trabajos en que ellas se inscriben, como elaboración de alimentos, manicura, peluquería, artesanía, confección de textiles, entre otros, tienen ganancias menores.
La sobrecarga de roles fue otra de las tendencias registradas, debido a que las cuentapropistas realizan labores cotidianas en el hogar luego de culminar su trabajo.
Siguen destinando la mayor parte de los ingresos a las necesidades familiares, aunque las titulares también piensan en el ahorro y en las inversiones para reproducir la actividad que realizan.
El grado de escolaridad llamó la atención de la investigadora, quien encontró mayor nivel educacional entre las dueñas de negocio, mientras 11 de las contratadas tenían noveno grado o menos.
Esas jóvenes, por lo general, interrumpieron su ciclo educativo para ganar dinero, lo cual constituye un problema a largo plazo porque no tienen garantizadas las condiciones para superarse.
Las jornadas de trabajo las sitúan en posiciones vulnerables. «A veces se tienen que quedar fuera del horario laboral, que oscila entre 12 y 24 horas con descanso de un día, lo que dificulta sus posibilidades de reponer la fuerza de trabajo», apuntó la socióloga.
El desgaste es intenso y las condiciones no siempre idóneas, pero pocas perciben este sobreesfuerzo si terminan recibiendo ingresos de hasta cinco y seis veces más que en empleos estatales, donde el salario medio oscila entre 19 y 20 dólares, al cambio interno en Casas de Cambio (Cadeca).
Como alternativa de empleo, el trabajo por cuenta propia viene sumando mujeres que han quedado fuera del sistema estatal o buscan mejores ingresos. En Centro Habana, por ejemplo, ellas aportaron 400.000 pesos al presupuesto del municipio en 2012.
No obstante, se encuentran expuestas a la reproducción de inequidades de género y, según la investigadora, carecen de mecanismos para medir sus derechos y protección laboral, lo que puede estar indicando cierta precarización de las condiciones de trabajo en actividades no estatales.